Imagen del 'Ospa Eguna' de 2018 en el que se pide la salida (Alde Hemendik-Fuera de Aquí) de la Guardia Civil y la Policía Foral
Tras la exclusiva de El Debate
Dignidad y Justicia dice que la «derogación» de la Ley de Víctimas «provocará más humillación»
La asociación que preside Daniel Portero remarca que «derogarla solo puede entenderse como una nueva cesión del Gobierno a las exigencias que pone Bildu a cambio de aprobar los presupuestos»
«La Ley de Víctimas fue una conquista de dignidad», recuerda la asociación Dignidad y Justicia tras la información que El Debate publicaba en exclusiva este martes sobre un documento oficial que demuestra que el Gobierno que invalida la ley que le permitiría prohibir actos de odio como el 'Ospa Eguna' que se celebra cada año en Alsasua (Navarra) contra la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Tal como recoge esta información, dicho documento oficial del Ejecutivo firmado por el director general del Ministerio de Política Territorial, Agustín Torres Herrero, demuestra que antepone el supuesto derecho a la manifestación de la celebración del mencionado 'Ospa Eguna' –que viene produciéndose en Alsasua desde hace más de diez años– a la ofensa a las víctimas, con lo que quedaría invalidada la Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo del año 2011.
La asociación que preside Daniel Portero remarca que «derogarla solo puede entenderse como una nueva cesión del Gobierno a las exigencias que pone Bildu a cambio de aprobar los presupuestos»subraya que «únicamente provocará más humillación para las víctimas». Asimismo, recuerda que las víctimas del terrorismo «dieron su vida por la democracia y por que los que hoy las traicionan se sienten en sus escaños del Congreso y de Moncloa».
La celebración del último 'Ospa Eguna' en la localidad navarra el pasado 3 de septiembre fue rechazada de forma unánime por asociaciones de víctimas, colectivos policiales, entidades de la sociedad civil y formaciones políticas, que exigieron los días previos que se prohibiera este «acto de odio» contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que organizaban este año jóvenes vinculados a GKS, la escisión radical de las juventudes de Bildu.
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