José Manuel Sieira Míguez, durante su intervención en las Jornadas sobre el Estado de Derecho de este lunes en el Congreso de los Diputados
Foro sobre el Estado de Derecho en el Congreso
El magistrado Sieira sobre el bloqueo del Poder Judicial: "El Supremo pudo 'frenar' la discrecionalidad de los nombramientos»
El magistrado jubilado del Supremo y expresidente de su Sala Tercera ha cargado duramente contra el bloqueo institucional en nuestro país y la falta de renovación del órgano de los jueces
No se ha dejado nada en el tintero. Las declaraciones del magistrado jubilado del Supremo, y expresidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, José Manuel Sieira Míguez, sobre los planes del Gobierno para controlar el Poder Judicial en el que, durante tantos años, desarrolló su carrera profesional –con un total de 10.447 resoluciones en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, a sus espaldas– han dado en la diana sobre el bloqueo institucional que sufre la Justicia española.
Sieira se ha referido a cómo «la discrecionalidad de los nombramientos» que la Constitución concede al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trató de perfilarse, ya en 2016, por el propio Tribunal Supremo, en una sentencia de mayo de dicho año –que revocó «en tránsito» el nombramiento del presidente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia– en la que, sin embargo, al hablar de una mera «falta de motivación» y no entrar en el fondo del asunto y anular el mismo –por una «manifiesta arbitrariedad»– «se perdió la oportunidad de definir», con «contundencia», los «criterios necesarios para que la elección de los magistrados en el sistema español» fuese lo más «objetiva» posible por parte del CGPJ.
El acceso a los «cargos de libre designación», arrancaba el exmagistrado, «debe responder a dos principios convenientemente conjugados: el derecho del juez a su promoción profesional, en el seno de la Carrera; y, el derecho del ciudadano a acceder a una tutela judicial efectiva».
Debe cumplirse «el principio de legalidad en los nombramientos», reiteraba Sieira, antes de reflexionar sobre cómo los ciudadanos perciben la falta de imparcialidad en la Justicia pero no por «cuáles son los nombres concretos» que se producen en cada momento sino por cómo estos se producen «como consecuencia de criterios políticos orientados a un reparto de cuotas». Y es que, para el veterano magistrado, en la promoción profesional de sus compañeros «más allá de las aspiraciones netamente profesionales» han de primarse los «criterios del mérito, exclusivamente judicial» y, «descartar otro tipo de afinidades o de consideraciones».
Lo preocupante es que el reparto de cuotas en los nombramientos de jueces está admitido con normalidad y se aplica de forma habitualMagistrado jubilado de la Sala Tercera del Supremo
«A los jueces no los gobiernan nada más que su capacidad, su independencia y su imparcialidad. El CGPJ es el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial pero no es el Gobierno de los jueces», matizaba Sieira durante una intervención en la que no ha dejado lugar a dudas sobre cómo las críticas sobre la responsabilidad de los distintos actores en el actual escenario de crisis, han de ser compartidas por los diferentes actores. «Una parte de ella» es imputable «a la falta de transparencia del propio CGPJ que ha mantenido una cierta nebulosa en sus designaciones». Pero, también, en un «defecto importante de comunicación en el seno del Poder Judicial ya que a los jueces no nos gusta aparecer en los medios, de quienes tenemos una cierta desconfianza».
Las designaciones «políticas»
Para Sieira «un jurista de reconocido prestigio no es un funcionario, por el mero hecho de aprobar una oposición. Un jurista no es un licenciado en Derecho que hace 15 años que aprobó la carrera. Un jurista es otra cosa». Y, a partir de esa idea ha puesto el dedo en la llaga sobre el defecto en la «discrecionalidad» de unos nombramientos que el Supremo «no resolvió en su momento» y que «nos ha llevado a la pérdida de la calidad actual de nuestra Justicia».
Además, el que fuera presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal -que revocó, en 2016 aquel discutido nombramiento, hasta en tres ocasiones, sin efecto alguno sobre la decisión del Consejo General del Poder Judicial- ha recordado cómo la potestad parlamentaria de nombrar «juristas de reconocido prestigio», no puede olvidar ése «concreto adjetivo». «No es prestigio. Es reconocido prestigio» lo que se refiere a que «goza de excelencia en su carrera profesional y que está por encima de cualquier inclinación a la hora de pronunciarse, de las que les plantean las exigencias del reparto de cuotas».
«El respeto a sí mismo, llevará a los jueces a no plegarse» a exigencias externas, asegura Sieira. «De la politización de la Justicia somos todos culpables, opinando sobre sentencias ajenas o por razones de interés personal y político, pero no de fondo judicial». Y así las cosas, las resoluciones judiciales «ni se acatan, ni se respetan», ha advertido el magistrado.
«Todos podemos cuestionar un fallo en el marco de la libertad personal, pero no a escudarnos en una posición de magistrado de Sala del Tribunal Supremo, por ejemplo, para emitir una opinión sobre una sentencia que no es nuestra porque, por esta condición, tiene un peso muy diferente sobre los ciudadanos. Todos tenemos que cooperar en esa eliminación de politización del Poder Judicial y sobre todo en las causas que lo han provocado», ha reflexionado.
Las sentencias judiciales admiten crítica pero no si ésta responde a la sensibilidad concreta del magistrado que las dictaExpresidente de la Sala Tercera del Supremo
Así las cosas, Sieira ha recordado cómo «el Supremo sí ha dejado claro que el CGPJ no puede limitarse a una suerte de comisión de calificación de candidatos. El Consejo ha de valorar las necesidades de cada Sala concreta de cada tribunal concreto cuya vacante se ha de cubrir». Una plaza que, para el también exmagistrado de la Sala Tercera del Supremo y compañero de mesa de Sieira, Manuel Vicente Garzón, ha de cubrirse con el candidato que responda a unos criterios de «igualdad, mérito, capacidad y publicidad demostradas en todas las fases de su designación».
Una designación que ha de estar conveniente y suficientemente justificada. «La discrecionalidad de los nombramientos de la Administración no exime, en ningún, caso la exigencia de motivación, en el caso de los judiciales, por parte del Consejo General del Poder Judicial, además, la exige», ha apostillado Vicente Gazón.
El papel de Europa es «crucial»
En plena crisis del Poder Judicial en nuestro país, una de las principales asociaciones de jueces y magistrados, Foro Judicial Independiente (FJI) ha reunido a un exquisito elenco de expertos, como motivo de su 20 aniversario, para analizar la salud del Estado de Derecho en España. Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, en una jornada concebida para abordar nuestros retos presentes y futuros en materia de independencia judicial y separación de poderes.
En una semana que será clave para la Justicia española, con la visita del comisario europeo Didier Reynders en ciernes -y los distintos encuentros programados con los diferentes actores implicados- letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Constitucional, jueces y magistrados se han dado cita para afirmar, de manera unánime, que «los nombramientos de jueces no pueden obstaculizarse».
«Cualquier reforma enfocada a esta posibilidad es contraria al Derecho» comunitario, han asegurado en referencia a la modificación legal del Ejecutivo socialista que, el pasado mes de marzo, estableció un veto a las designaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir las vacantes que se han producido en los últimos cuatro años, caducado el mandato del órgano, en la más alta magistratura de nuestro país.
Como avanzó El Debate en primicia
El CGPJ pospone los dos nombramientos al Constitucional hasta la visita del comisario europeo
«Se puede intervenir pero cualquier actuación tendrá que ser a más pero no a menos. Es decir, cualquier modificación en materia de Administración de Justicia no puede recortar competencias, sino solamente ampliarlas», afirmaba Ignacio Ulloa Rubio, letrado del TC, durante su intervención. Un enfoque en el que ha coincidido su compañero de panel Martín Martínez Navarro, letrado de la UE. Así las cosas, el magistrado sevillano Francisco Hazas, moderador del panel, se planteaba hasta qué punto «las últimas reformas» del Gobierno español, en materia de nombramientos judiciales, «han sido torpedos en las líneas de flotación para la independencia y la separación de poderes», en España, «con respecto a los estándares europeos». Una pregunta abierta que habrá de contestarse en los próximos meses.
Sin imparcialidad de los jueces, la independencia judicial carece de sentido. No se elige a juristas de reconocido prestigio sino a juristas de reconocida devoción a un partido políticoCatedrático de Derecho Administrativo
Todos han coincidido en recordar cómo tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea coinciden en su visión sobre la necesidad de «renovar el CGPJ ya, con urgencia, y en paralelo, inmediatamente después, plantear una proposición legislativa que modifique el procedimiento de elección de sus miembros para que la mayoría de ellos sean elegidos por sus pares», siguiendo las recomendaciones de la UE.
Comentarios
