El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana Francisco Martínez - Europa Press
Caso Erial Anticorrupción pide 19 años de cárcel para Eduardo Zaplana
El expresidente valenciano y exministro se sentará en el banquillo acusado de formar parte de una trama de comisiones ilegales que habría blanqueado hasta veinte millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana diecinueve años de cárcel por, presuntamente, haber cobrado comisión en los procesos de adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), así como en la del Plan Eólico, conocido como el caso ‘Erial’.
Zaplana compartirá banquillo de los acusados junto al que fue su sucesor al frente de la Generalitat Valenciana, Juan José Olivas, que asumió el cargo cuando el murciano respondió a la llamada de José María Aznar para formar parte del Consejo de Ministros.
Apertura de juicio oral
Paralelamente al envío de la petición de prisión formulada por Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia ha notificado a las partes la apertura de juicio oral contra Zaplana y catorce acusados más por la presunta comisión de varios delitos.
En concreto, la jueza instructora ha procesado a los quince imputándoles los delitos de organización criminal, cohecho, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, así como el de prevaricación administrativa.
Así, la magistrada no tiene dudas de que entre Zaplana, Olivas y el resto de acusados crearon una red para obtener beneficios de los cargos políticos en la que todos ganaban, ya que junto con «empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos, obteniendo todas las partes beneficios económicos», explica la jueza en su auto de apertura de juicio oral.
Asimismo, señala que la clave de todo el proceso residía en la «posición institucional y de Gobierno» de parte de los encausados, lo que facilitaba la tarea de «obtener beneficios ilícitos» que, según apunta la magistrada en su escrito, habrían alcanzado los veinte millones de euros.
El ‘modus operandi’ de la presunta trama que se va a juzgar consistía en transferir el montante de las comisiones ilegales a paraísos fiscales como Luxemburgo, Uruguay, Suiza, Panamá o Andorra para, posteriormente, hacerlos retornar a España ya blanqueados y poder hacer uso de ese dinero.
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