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01 de mayo de 2024

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez FeijóoEFE

La crónica del Partido Popular

Las leyes que Feijóo derogará si se convierte en presidente del Gobierno

Mientras en unas leyes el partido lo tiene claro, en otras prefiere pasar de puntillas para no arriesgar parte de su potencial electorado

El Partido Popular gana espacio electoral. Al menos así lo muestran las encuestas que vaticinan que, sí las elecciones generales fuesen hoy, Alberto Núñez Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno de España. No será hasta finales del año de 2023 cuando se resolverá la incógnita, pero ¿qué cambios pretende establecer el Partido Popular al entrar a la Moncloa?
En materia legislativa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador. Un cambio en el Ejecutivo traería consigo evidentes cambios. El PP ha prometido derogar algunas leyes. En otras, el partido no lo tiene tan claro.

Derogación

«Nos comprometemos a derogar la llamada Ley de Memoria Democrática, que atenta contra el espíritu de la Transición. Bildu no puede ser el notario que reescriba la historia de España», así se manifestó Feijóo el pasado miércoles. Lo hizo tras la aprobación definitiva que se produjo en el Senado. La polémica ley incluía algunas cesiones a Bildu como la creación de una comisión que estudie las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 a aquellos que hayan «luchado por la consolidación de la democracia».
De una manera similar se ha manifestado el PP sobre la Ley de Educación o más conocida como 'ley Celáa'. El propio Feijóo aseguró en una entrevista a la Cadena Cope en la que consideró que dicha ley «iguala por abajo y no busca la excelencia». Hace menos de un mes, la diputada y vicesecretaria de políticas sociales, Carmen Navarro, reiteró la intención de su partido. Lo hizo en el Congreso de los Diputados asegurando que padres, alumnos y profesores podían estar «muy tranquilos» porque su formación tenía la intención de derogar «una ley sectaria».

Modificación

Mientras que en unas leyes el PP parece tenerlo claro, en otras están más abiertos a su modificación sin llegar a la eliminación completa de las mismas. Un ejemplo de ello es la ley del aborto, donde el partido de Feijóo ha intentado ir de puntillas sin detallar con exactitud cuáles son sus intenciones.
La ley del aborto aprobada por el Gobierno suscita dudas entre los populares. Mientras unos abogan por una abolición, otros son más partidarios de aplicar cambios. El primero sería, según fuentes del partido, la eliminación de la necesidad del consentimiento paterno en menores a partir de 16 años.
Otra de las leyes que el PP quiere modificar es la denominada 'ley trans'. «En la 'ley trans' no están de acuerdo ni las feministas ni los colectivos a los que van destinados; es un planteamiento exclusivamente ideológico de una parte minoritaria del Gobierno que se impone a la sociedad española», expresó Feijóo en una entrevista este verano para Europa Press.
La pasada semana, fue la diputada María Jesús Moro la encargada de defender la postura del partido en el Congreso de los Diputados. «Este no es el camino y el PP no es el único que así lo considera. Muchas feministas de izquierda claman porque se equivocan en el camino que tanto costó conquistar», argumentó.

En el aire

La Ley de Secretos Oficiales es otra de las leyes a las que el PP mira de reojo. El pasado mes de agosto el partido la definió como un «acto de pleitesía» del Gobierno a la Generalitat de Cataluña. «Estamos muy acostumbrados a que las iniciativas de este Gobierno, lejos de unir o abordar, solucionen. Lo que pretenden es establecer diferentes niveles», explicó el vicesecretario de coordinación autonómica, Pedro Rollán.
A pesar de sus palabras, el PP espera a que sea aprobada para mostrar su posicionamiento acerca de la misma. Fuentes populares aseguran a este medio que el partido revisará la aprobación final para tomar una decisión.
Catorce meses tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez para avanzar en la aprobación de sus leyes y catorce meses tendrá Génova para plantear cuáles serán los primeros pasos si consiguen el Gobierno.

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