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24 de abril de 2024

Abascal viva22

Santiago Abascal, durante su intervención en el festival Viva22 de VoxVox

'España Decide'

Todo lo que te preguntas sobre la propuesta de Vox de hacer referendos consultivos

Estas consultas, que no tendrían carácter vinculante, se realizarían únicamente sobre cuestiones «de especial trascendencia», dentro del marco constitucional

¿Poder explorar los recursos energéticos de España, o seguir dependiendo de otras potencias? ¿Inmigración ilegal o inmigración ordenada? ¿Mantener las políticas de género, o derogarlas? Sobre estos y otros asuntos la formación que preside Santiago Abascal propone preguntar a los ciudadanos a través de la convocatoria de referendos consultivos. Esta propuesta está desgranada en el documento político 'España Decide' que Vox presentó oficialmente el pasado domingo durante el festival Viva22 celebrado en Madrid.
Contiene ocho temas concretos sobre los que el partido conservador considera que se ha decidido «a espaldas de los españoles»: la soberanía energética, la igualdad, la educación, la distribución del agua, la ilegalización de partidos separatistas, la educación, la soberanía de los datos, la inmigración o las subvenciones a partidos, sindicatos o patronales. Todas relativas a políticas públicas que, sostiene la formación, afectan al día a día de los ciudadanos.
Como expresó el propio Abascal este jueves desde la tribuna del Congreso, a su juicio, sobre estas cuestiones «votantes de izquierdas y de derechas votarían lo mismo». Así, una persona que quizá nunca vaya a dar su voto a Vox, sí estaría a favor de que puedan explorarse y explotarse los recursos energéticos propios, o de que se devuelva la competencia educativa al Estado, o de que la inmigración sea legal y ordenada.

¿Cómo se haría?

La propuesta de Vox parte de una posibilidad que está recogida en la Constitución, concretamente en el artículo 92, que establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Asimismo, está regulado en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. Según la Carta Magna, sería convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. Únicamente se ha utilizado en dos ocasiones durante el período democrático, para preguntar sobre la OTAN, en 1986, y la Constitución Europea, en 2005.
En este sentido, Vox a día de hoy no tiene la capacidad de realizar estas consultas ciudadanas, aunque sí ha instado al Ejecutivo a llevarlas a cabo. «Atrévase a preguntar al pueblo español sobre estos asuntos sobre los que se muestra tan seguro. Lo mismo se lleva una sorpresa y comprueba que el consenso que ustedes creían tan sólido no era más que la suma de miles y miles de disensos ahogados», le espetó Abascal a Pedro Sánchez esta semana.

¿Votar sobre la Monarquía, o sobre la independencia de alguna región?

Hay quienes al oír la palabra referéndum avisan de que estos mecanismos 'los carga el diablo', en tanto que podrían abrir la puerta a realizar consultas para, por ejemplo, elegir entre Monarquía o república, o a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Sin embargo, Vox subraya que 'España Decide' es «escrupulosamente respetuoso con la Constitución», es decir, no se votaría ni sobre la Monarquía ni sobre aspectos como la unidad de España, ni tampoco sobre la defensa de la vida o sobre las libertades fundamentales que aparecen en la Carta Magna.
Serían referendos sobre «asuntos indiscutiblemente urgentes e importantes», relativos a políticas públicas en los que los partidos políticos, a juicio de Vox, han creado un «consenso» alejado de los intereses españoles y han decidido sin preguntar a los ciudadanos. Estas consultas tendrían un carácter consultivo, no serían vinculantes.
En este sentido, la formación que preside Abascal apunta que este procedimiento se utiliza con frecuencia en otros países europeos, como Suiza, Italia o Hungría. En este último, por ejemplo, este año se consultó a los ciudadanos si querían que se incluyeran enseñanzas de contenidos LGTBI en las escuelas, y la respuesta fue mayoritariamente de rechazo. No obstante, dado que ninguna de las respuestas llegaron al 50 % los resultados quedaron invalidados.
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