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03 de mayo de 2024

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Elena Sánchez, comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Elena Sánchez, comparece en la Comisión de Presupuestos del CongresoEFE

Comparecencia en el Congreso

La oposición cuestiona con dureza a la presidenta de RTVE, que exige quedar al margen de luchas políticas

PP, Vox y Cs reprochan el «asalto» por parte del Gobierno al ente público con la colocación de Elena Sánchez al frente del Consejo de Administración

La nueva presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha comparecido en el Congreso de los Diputados este miércoles para rendir cuentas sobre los presupuestos para 2023, que contemplan para el próximo ejercicio un aumento de un 10,5 % respecto al año anterior, pasando de 443 millones a 490 millones de euros.
Se trata de su primera comparecencia en la Cámara Baja desde que a finales de septiembre fuera nombrada sucesora de José Manuel Pérez Tornero, que dimitió del cargo por las presiones de Moncloa para endurecer el tono contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y contra toda la formación.
En ella, Sánchez Caballero ha pedido a los diputados que sea «objeto de las contiendas políticas», pese a que la ahora presidenta interina del Consejo de Administración del ente público, que fue propuesta por el PSOE en 2021 para formar parte de este organismo, ha accedido al cargo de una forma que ha sido vista como una maniobra del Ejecutivo.
En este sentido, durante sus intervenciones, la oposición ha cuestionado a Elena Sánchez. Desde el Grupo Mixto, ha sido preguntada por qué ocurrió para que dimitiera su antecesor. Desde el Partido Popular, el diputado Eduardo Carazo ha lamentado que la dimisión forzada de Pérez Tornedo «lleva de nuevo a la confusión y a la provisionalidad» en la Corporación de RTVE, arremetiendo contra la «grave crisis institucional» provocada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se produce de nuevo en el ente público en este caso.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha calificado de «asalto» la forma en la que actual presidenta interina ha accedido a su puesto. «Hasta los letrados del Congreso consideran que usted ha accedido al cargo de forma ilegal», le ha espetado, haciendo referencia al cambio de los estatutos del ente público «para incumplir la ley».
En la misma línea, desde Vox, Manuel Mariscal ha sostenido que ha sido elegida «a dedo por este Gobierno, saltándose la ley» con el objetivo de que garantizar que el presupuesto «sirva para activar la propaganda del Gobierno» de cara a las próximas elecciones al máximo que se celebrarán en 2023. En este sentido, ha reprochado el aumento en la partida para RTVE recogido en las cuentas públicas para el próximo ejercicio que procede «del bolsillo de los españoles».
En su turno de respuesta, Elena Sánchez ha sostenido que RTVE «presta un servicio público esencial para la sociedad española» y que «garantiza una información veraz, rigurosa e independiente», y ha defendido también que el presupuesto ha sido preparado por la dirección corporativa de la empresa en reuniones con ministerios y con la SEPI.
Por otro lado, ha señalado que es importante disponer del mandato marco, del que, según ha explicado, derivará el contrato programa «que fijará la estabilidad presupuestaria de la que precisamos en la empresa».
Entre los datos que ha ofrecido la nueva presidenta interina del Consejo, están que la partida de los gastos de personal asciende a 474,1 millones de euros –un aumento de un 2,7 % respecto al previsto para 2022–; o cambios en las fuentes de financiación a partir de enero que se irán intensificando en los años venideros para avanzar en la modernización del ente público.
También, está prevista la desvinculación de un 70 % de los empleados que alcancen la edad de 63 años, y por otra parte, se prevé una plantilla media de 6.550 personas, muy parecida a la del pasado año. A este respecto, ha apuntado que antes de diciembre quieren abrir la oferta de empleo público y que prevé cubrir 1.082 plazas de estabilización de empleo temporal y de nuevo ingreso mediante procesos de convocatorias públicas.
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