El magistrado Rafael Mozo, al frente del Consejo en funciones, suplente del dimitido Lesmes
Crisis del Poder Judicial
Mozo preside su segundo Pleno del CGPJ pese al recurso de su designación y el bloqueo del Constitucional
El presidente «sustituto» de Lesmes al frente del órgano de gobierno de los jueces se hace cargo, este jueves, de un orden del día «anodino»
En plena efervescencia de las negociaciones del PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Pleno del órgano de gobierno de los jueces sigue su curso natural y se reúne, por segunda vez desde la dimisión de Carlos Lesmes, este jueves. Al frente de la convocatoria ordinaria, el presidente «sustituto» Rafael Mozo elegido por la mayoría de sus compañeros para el encargo temporal de capitanear la institución quien, según ha podido saber El Debate, ha incluido en el orden del día la cuestión de los nombramientos de dos magistrados del Supremo al Constitucional. Sin embargo, «no habrá ninguna novedad» en la materia porque, tras su llegada, no se ha vuelto «a negociar nada» entre los interlocutores designados por ambos sectores de la institución, progresista y conservador, para desbloquear la Corte de Garantías, «en espera de conocer el resultado de las conversaciones» entre populares y socialistas sobre el Poder Judicial.
Mozo se sentará al frente de un Consejo en funciones prorrogadas, desde hace cuatro años, con tres vacantes -la del dimitido Carlos Lesmes, su predecesor en el cargo; la de Rafael Valverde, por jubilación; y, la de Victoria Cinto que falleció el pasado 30 del mes de junio- para presidir, así las cosas, una cita «anodina» en cuanto a su contenido.
Homenaje póstumo a la vocal Cinto
En relación con esta última, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado en su sesión de hoy asignar a la sala de reuniones en la que celebra sus sesiones la Comisión Disciplinaria el nombre de María Victoria Cinto Lapuente, vocal y miembro de la misma hasta su muerte. El Pleno, a propuesta de su presidente Rafael Mozo, ha querido de este modo rendir homenaje y expresar su reconocimiento a la labor desarrollada por Cinto tanto en el seno de la institución como en el ejercicio de sus funciones como vocal del órgano de gobierno de los jueces, y de forma destacada por «su infatigable tarea dirigida a la modernización e informatización de la Administración de Justicia».
Para ello, se colocará en la entrada de la citada sala una placa «que servirá de recuerdo permanente» a su figura de profunda humanidad, destacando por su competencia e integridad profesional, el espíritu conciliador y la permanente búsqueda de consensos que caracterizaron su persona y labor. Sus compañeros han calificado como «decisiva» su aportación en el desarrollo de las competencias del CGPJ en beneficio de la Carrera Judicial.
Nacida en Tarazona (Zaragoza) y licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco, Victoria Cinto ingresó en la Carrera Judicial en 1987, por oposición, y tuvo su primer destino en el Juzgado de Distrito número 2 de la capital guipuzcoana. Dos años después ascendió a magistrada y se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián. En 1999 fue elegida presidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, cargo en el que permaneció hasta 2010, cuando pasó a la situación de servicios especiales al ser nombrada viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco. Reingresó en la Carrera Judicial en 2012, como magistrada de la Sección 1ª de la Audiencia guipuzcoana, y en noviembre de 2013 fue designada por el Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial.
Ajenos al recurso contra Rafael Mozo
El presidente Rafael Mozo era recusado, nada más formalizarse su designación, por uno de sus consejeros, el magistrado Wenceslao Olea, afín a Lesmes, al entender que quien debía presidir, conjunta y simultáneamente, tanto el CGPJ como el Supremo -en contra de la bicefalia actual- es el presidente de la Sala Primera del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán. La Sala Tercera del órgano judicial rechazó la semana pasada suspender de forma cautelarísima la designación del progresista Rafael Mozo, in audita parte, y se encuentra a la espera de recibir el informe de la Abogacía del Estado que, en nombre del Consejo, defenderá la decisión adoptada por el órgano constitucional para esta situación inédita.
Los magistrados Celsa Pico, José Antonio Montero, Octavio Herrero, Eduardo Espín y José Manuel Bandrés, responsables de la decisión, coincidían en señalar la necesidad de escuchar al órgano cuestionado, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, si es que se produce la admisión del caso. Por ello, decidían tramitar la petición de su compañero Olea en una pieza separada por el cauce ordinario que, desde entonces, transcurre por los diez días previstos de plazo legal.
A favor del nombramiento de Mozo por el Pleno del CGPJ, el pasado jueves 13 de octubre, una amplísima mayoría de 16 votos de 18 y el aval de un informe del Gabinete Técnico del órgano que, en 2019, concedió al propio Consejo la potestad de decidir sobre su Presidencia suplente, así como abrió la puerta a un doble liderazgo institucional que se ha consumado en esta ocasión. Ambos, argumentos de peso para quienes sostienen que el Supremo –que en primera instancia daba respuesta a una de las cuestiones solicitadas por Olea, al descartar las razones de «urgencia» alegadas– debería «inadmitir» un recurso que no tiene «un pase ni ético ni estético».
Además, para los expertos consultados por El Debate y para los miembros del propio tribunal encargado del caso, existen graves dudas sobre la viabilidad de un recurso en el que concurren las peticiones del vocal Olea pero, también, del secretario general del Gabinete Técnico del Consejo -quien firmó los dos informes contradictorios en los que se dispone la sustitución por vacante de la Presidencia en funciones- ambos curiosamente afines a Lesmes, frente a las previsiones del artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La norma establece que «no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados», como es el caso de Wenceslao Olea, en su condición de vocal del Consejo, «salvo que una Ley lo autorice expresamente»; y, sin lugar a dudas, de José Luis de Benito, como secretario general del mismo.
Según ha podido saber El Debate en exclusiva, el Pleno del CGPJ excepto Olea se ha planteado reaccionar ante la decisión de De Benito pero, finalmente, pese «al notorio malestar» ha quedado descartada dicha posibilidad. Al menos, en espera de conocer la decisión del Supremo sobre la acción judicial conjunta iniciada por éste y el magistrado y vocal autor del voto particular en contra de la elección de Mozo.
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