El nuevo presidente del CGPJ, Rafael Mozo Muelas, al frente del Pleno del CGPJ
Tribunales Un vocal del CGPJ pide al Supremo que anule el nombramiento del sucesor de Lesmes
El magistrado Wenceslao Olea, hombre fuerte del dimitido Carlos Lesmes en el Consejo, se opone a la bicefalia acordada por el órgano para su propia Presidencia y la del Supremo
El vocal del Consejo General del Poder Judicial Wenceslao Olea -quien anunció la emisión de un voto particular en el Pleno extraordinario del pasado día 13 de octubre durante la deliberación sobre la sucesión de Carlos Lesmes- ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide anular la elección de su compañero Rafael Mozo como presidente del órgano de gobierno de los jueces y suspenderla, cautelarmente.
Así lo han confirmado a el Debate fuentes jurídicas próximas al Alto Tribunal tras comprobar que Olea ha solicitado como medida provisional dejar sin efecto el acuerdo del Pleno del CGPJ del pasado jueves, durante el que resultó designado nuevo presidente sustituto «sin funciones» el progresista Rafael Mozo, al ser el vocal más antiguo. Un presidente «en suplencia» del organismo que, por ello, tendrá los poderes limitados.
Pese a que la decisión fue prácticamente unánime: 16 votos a favor de Mozo, uno en contra del propio Olea y la sonada ausencia de la progresista Mar Cabrejas quien abandonó el Pleno porque, como publicó hace unos días El Debate, no estaba de acuerdo con el procedimiento de elección fijado para la situación inédita en la que se encontraba el Consejo tras la renuncia de Lesmes.
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Un informe técnico de 2019 desmonta la «ilegalidad» de la elección del nuevo presidente del CGPJ
Resolverá la Sala de Carlos Lesmes
Así las cosas, corresponde a la Sección Sexta de la Sala Tercera del Supremo -a la que pertenece el propio Carlos Lesmes, quien se reincorporará en los próximos días como presidente de la Sección Tercera- resolver la cautelarísima in audita parte, sin escuchar a la otra parte, en un plazo de 24 horas máximo desde que se ha registra el recurso en el alto tribunal. Esto es, la Sección ha fijado una reunión este mismo martes.
Sin embargo, existen graves dudas sobre la viabilidad de un recurso al que, según avanzan fuentes jurídicas de toda solvencia, podría sumarse el Secretario General del Gabinete Técnico del Consejo. Y es que, el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que «no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados», como es el caso de Wenceslao Olea, en su condición de vocal del Consejo, «salvo que una Ley lo autorice expresamente». Un escenario que no se da en este caso.
Para resolver la cuestión, habrá de intervenir la Sección Sexta de la Sala Tercera del Supremo -una Sala especial que se compone por el presidente de la misma, César Tolosa, y los presidentes de cada una de las secciones que la componen-. La responsabilidad de pronunciarse, o no, sobre el fondo del asunto corresponderá, por lo tanto, a la magistrada Celsa Pico y los magistrados José Antonio Montero, Octavio Herrero, Eduardo Espín y José Manuel Bandrés, quien se postula como el candidato del bloque progresista del CGPJ en las negociaciones para los nombramientos de los dos magistrados para el Constitucional.
No en vano, el propio Lesmes llevó, sin éxito, el nombre de Bandrés bajo el brazo en el primer intento de renovación del Tribunal de Garantías.
Tanto el presidente de la Sala, César Tolosa, como el magistrado Pablo Lucas Murillo, se han abstenido de participar en la deliberación que se convoque, en las próximas horas, como resultado del recurso interpuesto. El primero porque, como miembro de la Sala de Gobierno del Supremo, se manifestó a favor del informe del Gabinete Técnico presentado por Lesmes antes de su dimisión, en sentido unánime con el resto de sus compañeros. El segundo porque ostenta la doble condición de presidente de sección en la Sala Tercera y vocal del CGPJ.
«Mezclar lo personal con la institución»
Olea ya avanzó en su voto particular contra el nombramiento de Mozo que solo puede existir un único presidente del Supremo y del CGPJ, por lo que «no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal», en alusión a que Mozo preside el Consejo y será el magistrado Francisco Marín Castán quien se encargue, en simultáneo, del Supremo.
De esta forma, Olea respaldó el informe encargado por su amigo Carlos Lesmes, que planteaba que su sustituto en ambas instituciones debería ser, de manera automática, el presidente de Sala más antiguo del Supremo, Francisco Marín Castán, de quien, los vocales no cuestionan su legitimidad para presidir el Alto Tribunal, pero sí el CGPJ.
Dicen los vocales en su argumentación que el acuerdo «no se dirige a realizar ningún nombramiento del presidente de TS y del CGPJ, sino solo a determinar una mera suplencia», esto es, «quién ejerce de manera temporal y provisional las funciones correspondientes al titular» ante la ausencia o inexistencia del mismo.
Y explican que la legislación solo «prevé la sustitución del presidente del Supremo a favor del presidente de Sala más antiguo, pero sin extender esa suplencia al CGPJ, ni de manera directa ni de forma indirecta o en cascada mediante una suerte de suplencia de la suplencia» y eso implica una «diversificación» en dicha suplencia, uno para el Consejo y otro para el Supremo.
Pero Olea defendió en su voto particular que el órgano de gobierno de los jueces «carece de competencia para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quien ejercite la Presidencia del Tribunal Supremo». Es más, llegó a decir en su voto que contar con un presidente del Consejo distinto al del Supremo «es manifiestamente contrario a los mandatos legales constitucionales reseñados». Un planteamiento con el que hay quienes aseguran que tanto él como Cabrejas «parecen haber confundido la lealtad a la institución con la lealtad personal a quien ya no es presidente» de la misma.
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