El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido protagonista durante toda la negociación
El acuerdo truncado
Cronología de un desengaño: Bolaños negó al PP la evidencia del pacto con ERC durante cuatro días
La Moncloa y Ferraz se están empleando a fondo en esparcir un relato según el cual Feijóo se amedrentó por presiones internas y externas, pero que obvia lo crucial. Las represalias han empezado
El pelotón socialista salió este viernes en tromba contra Alberto Núñez Feijóo por haber suspendido –ese era el verbo que utilizaba el PP en su comunicado de la noche antes– las negociaciones para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional después de que el propio Pedro Sánchez confirmara al líder de la oposición su intención de rebajar la pena del delito de sedición. A la salud de ERC.
Los escribas de la Moncloa y Ferraz se apresuraron a fabricar un relato según el cual Feijóo se dejó apoquinar, en el último suspiro, por una especie de turba de derechas encabezada por Isabel Díaz Ayuso.
Empezó Sánchez en el vuelo de Sudáfrica a Angola, acusando al popular de no tener «autonomía ni liderazgo» ante un grupo de periodistas y, a partir de ahí, a Feijóo le llovieron los insultos y las descalificaciones. Félix Bolaños incluso le dio por muerto políticamente: «Es su declive definitivo», señaló el ministro de la Presidencia y negociador, junto con Esteban González Pons, de este pacto muerto en la orilla.
El jueves por la noche, en el PP aún tenían la esperanza de hacer entrar en razón a Sánchez y arrancarle un gesto que sirviera para que los populares volvieran a la mesa de negociación. Pero la reacción airada del Gobierno en las horas posteriores no apunta en esa dirección.
Félix Bolaños, atiende a los medios
A juicio de los socialistas, Feijóo se lo ha buscado. Y se sienten legitimados para contraatacar. A Sánchez ya le están tentando, dentro de su partido y sus socios de Unidas Podemos, para que dé un golpe en la mesa y retome el proyecto de cambiar por las bravas la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que baste una mayoría absoluta –176 escaños– para renovar los órganos caducados. La Comisión Europea, que en abril de 2021 frenó en seco aquella reforma, este viernes manifestó su malestar con la voladura de los puentes. «La renovación es prioritaria», tronaron las trompetas de Bruselas.
El coste
Los populares son conscientes de que, si el pacto tenía un coste, la ruptura también lo tiene para quien se precia de ser un hombre de Estado. Desde primera hora de este viernes, Feijóo y los suyos salieron a la palestra para luchar a brazo partido contra el relato de la Moncloa y Ferraz. Un relato que habla de presiones y de cobardía pero que obvia lo sucedido con el delito de sedición, el quid de la cuestión.
Nunca una 'no enmienda' a la totalidad de los Presupuestos provocó un tsunami en la política española como la que el viernes 21 de octubre anunció ERC. Los de Oriol Junqueras lo vendieron como un gesto de buena voluntad para negociar las enmiendas parciales con el Gobierno, pero rápidamente se conoció la factura: retomar la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que Sánchez aparcó en el verano de 2021, cuando optó por la vía de los indultos a los condenados del procés.
Las prisas del Gobierno
El PSOE diseña un atajo para reformar la sedición por la vía rápida y sin apenas debate
El propio presidente del Gobierno señaló ese día lo que, durante las jornadas posteriores, los socialistas repitieron como un padrenuestro: que era un «compromiso de investidura» pero que no había en las Cortes mayoría suficiente para aprobarlo.
El lunes, El País abrió su portada con este titular: 'El Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena de sedición'. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, insistió en el argumento de la mayoría parlamentaria insuficiente. González Pons descolgó el teléfono y por primera vez preguntó a Bolaños si Sánchez iba a mover la ficha de la sedición en la recta final de la negociación del CGPJ y del TC. El ministro de la Presidencia tranquilizó a su interlocutor.
El PP quiso creer
De ahí las palabras del martes de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, desligando una cosa de otra, mientras Vox y Ciudadanos ya exigían a Feijóo que cortara por lo sano. Horas después, la portavoz del Gobierno enfrió cualquier acuerdo sobre la sedición en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. También el secretario de Estado de Comunicación fuera de micrófono. Parecía que Sánchez se guardaba la reforma del delito de sedición hasta, al menos, después de que el PP firmara.
El miércoles, toda la atención estuvo centrada en el debate de las siete enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2023. En paralelo, Bolaños y González Pons ya tenían pactados titulares, suplentes y hasta el cierre de las puertas giratorias, durante dos años, para los jueces que den el salto a la política (situación en la que se encuentran los ministros Margarita Robles, Fernando-Grande Marlaska y Pilar Llop). Todo estaba preparado para que este viernes, con Sánchez de vuelta en Madrid, asomara la fumata blanca.
El jueves, de hecho, varias informaciones apuntaban a la inminencia del anuncio. Hasta que, sobre las 10 de la mañana, a María Jesús Montero se le escapó en la tribuna del Congreso una frase delatora, cuando respondía a ERC: «Eso, saben ustedes que, no formando parte de este capítulo presupuestario es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno, y por tanto que traeremos a esta Cámara».
A cambio de los Presupuestos
La ministra Montero confirma a ERC que el Gobierno abaratará el delito de sedición
Las palabras de la ministra de Hacienda llegaron a oídos de González Pons, que nuevamente volvió a preguntar a Bolaños y le advirtió de que eso colocaba al PP en una situación imposible. Según el popular, éste le negó la inminencia de la reforma del delito de sedición. Según el ministro, González Pons miente.
Al término de esa conversación, ambos sabían que la negociación pendía de un hilo. La ministra de Hacienda fue invitada a retractarse, y al término del debate fue lo primero que hizo ante las cámaras: «Lo que he querido decir es que es un compromiso firme cuando tengamos la mayoría suficiente, cosa que hoy no ocurre».
Feijóo abrió una ronda rápida de consultas con su guardia de corps y varios de sus barones, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, pero también Juanma Moreno, Alfonso Rueda, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras. Como ha contado El Debate, le aconsejaron que no siguiera adelante.
Aun así, el presidente de los populares no tomó una decisión hasta que por la tarde habló con Sánchez y el presidente le dijo que él no era quién para marcarle la agenda legislativa. Este citó a Feijóo el miércoles 2 de noviembre en La Moncloa. Sin embargo, después de colgar, el líder del PP decidió que ya estaba todo dicho.
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