Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en una imagen de archivo
La sumisión de Sánchez
El Gobierno se disculpa por escrito con ERC por usar el castellano y no el catalán en una convocatoria de ayudas
El Ministerio de Agricultura empleó los topónimos en castellano –Gerona en vez de Girona, Bajo Ebro en lugar de Baix Ebre...– y los socios de Sánchez pusieron el grito en el cielo
El Ministerio de la Presidencia ha pedido perdón por escrito a ERC por utilizar el castellano en lugar del catalán en una convocatoria de ayudas del Gobierno para los agricultores afectados por las heladas que dejó la borrasca Ciril en primavera.
No fue un acto intencionado, se disculpa Presidencia, sino un «error de redacción de carácter técnico cometido en un contexto de trabajo de extrema celeridad». El escrito del Ejecutivo, todo un mea culpa, contrasta con su inacción ante el reiterado incumplimiento de la Generalitat de Cataluña de la sentencia del 25 % del castellano en las aulas.
El origen del enfado de los republicanos es el real decreto 749/2022 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de septiembre, en el que movilizaba un máximo de 12,05 millones de euros para ayudar al sector hortofrutícola por las heladas que se registraron entre los días 2 y 5 de abril, que provocaron pérdidas «muy importantes», superiores al 30 % de la cosecha.
Un día después, el BOE publicó los detalles de la convocatoria, para diversas comarcas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra. Pero, en el anexo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tuvo la osadía de utilizar únicamente el castellano para los topónimos, y no el catalán.
Así, en el documento figuraban Gerona en lugar de Girona; Plana de Urgel en lugar de Pla d’Urgell; Bajo Ebro en lugar de Baix Ebre; Vallés Occidental en lugar de Vallès Occidental; y, en lo que respecta a la Comunidad Valenciana, Alto Vinalopó en lugar de L’Alt Vinalopó; Alto Maestrazgo en lugar de L’Alt Maestrat; y Valle de Albaida en lugar de La Vall d’Albaida, entre otros.
El Ministerio de Luis Planas se dio cuenta y solicitó al Ministerio de la Presidencia una corrección de errores, que fue publicada en el BOE con suma rapidez. Solo 48 horas después, el 16 de septiembre, ya estaba publicado el nuevo texto, con los topónimos en catalán.
Parte del texto del decreto ley corregido y publicado en el BOE
Aun así, ERC no se dio por satisfecha. La diputada Montserrat Bassa, hermana de una de las condenadas por sedición y malversación que después indultó el Gobierno –Dolors Bassa–, pidió explicaciones por escrito a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Le indignaba que el Gobierno utilizara el castellano para referirse a «territorios de lengua catalana» (no todos en Cataluña, sino también algunos en Aragón y la Comunidad Valenciana).
La Secretaría de Estado le ha respondido ahora en un extenso documento en el que no solo se disculpa y destaca que el error fue inmediatamente enmendando, sino que además proclama el «compromiso en el respeto a las lenguas oficiales conforme a lo establecido en la Constitución Española» del Ministerio de Agricultura. Para que a ERC no le quede duda.
Parte de la disculpa escrita del Gobierno a ERC
«La dicción en castellano de dichas comarcas se debe a un error de redacción de carácter técnico cometido en un contexto de trabajo de extrema celeridad, dada la necesidad de aprobar lo antes posible el correspondiente Real Decreto con objeto de poner a disposición de los afectados las ayudas y minorar al máximo el impacto de la borrasca Ciril», se excusa el Ejecutivo.
Este garantiza a los de Oriol Junqueras que la próxima vez pondrá más cuidado: «Se procederá a revisar escrupulosamente este tipo de menciones para que se correspondan con las denominaciones oficiales».
En el escrito, el Gobierno también pone de manifiesto que el Tribunal Constitucional ha reconocido en «reiterada jurisprudencia» que, en los territorios dotados de un régimen de cooficialidad lingüística, «ambas lenguas oficiales son de uso 'normal' y producen plenos efectos jurídicos». «El uso por los particulares de cualquier lengua oficial tiene plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía», añade.
Por último, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes proclama que el Gobierno «sigue avanzando en garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, haciendo accesibles en lenguas cooficiales formularios, páginas web y demás información pública».
Tan poco sospechoso de maltratar al catalán es el Gobierno de Pedro Sánchez que en septiembre éste envió una carta a la presidenta del Parlamento europeo pidiendo formalmente que permita que el catalán, el gallego y el euskera puedan ser utilizados en los plenos de la Eurocámara.
Con ello, el Ejecutivo de coalición intercedía por el independentismo catalán ante Bruselas y Estrasburgo y, en concreto, por ERC. No en vano, ésta era una de las demandas que los de Pere Aragonès hicieron en la mesa de diálogo celebrada el pasado 27 de julio. Y el Gobierno aceptó.
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