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28 de marzo de 2024

Parlamento Europeo

Imagen de archivo del Parlamento EuropeoAFP

Demoledor informe de la UE: España fue el primer país europeo que contrató Pegasus para espionaje

El informe preliminar del Parlamento Europeo resalta la opacidad del Gobierno y le apunta en el espionaje a los independentistas catalanes

«El gobierno español ha dado poca información hasta ahora sobre su papel en este caso, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional. Sin embargo, sobre la base de una serie de indicadores se asume que la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en relación con el 1 de octubre de 2017 referéndum de independencia en Cataluña y hechos posteriores. El Gobierno español fue probablemente el primer cliente de la UE del grupo NSO», explica el demoledor informe preliminar del Comité de investigación sobre el uso de Pegasus, que ha publicado el Parlamento Europeo.
En este informe, redactado por la diputada holandesa del grupo liberal, Sophie in ‘t Veld, asume que España fue quien espió a los independentistas catalanes. Explica que, si bien el ministerio de Defensa alega que el espionaje de 18 de los 65 políticos infectados cuenta con justificante judicial, al no entregar las órdenes judiciales aludiendo a motivos de seguridad nacional, «no es posible establecer de qué manera tendrían un impacto inmediato o constituirían una inminente amenaza a la seguridad nacional o a la integridad del Estado».
De igual modo, el informe desliga el espionaje a los independentistas catalanes de la infección con el spyware que sufrieron varios miembros del Gobierno español. En este caso, el informe considera que «está la creencia generalizada de que las autoridades marroquíes atacaron al presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al igual que el caso del presidente francés y los ministros del Gobierno».

«España tiene una cuenta»

El informe desvela que «El Gobierno español supuestamente compró el spyware en la primera mitad de la década de 2010 por un importe estimado de 6 millones de euros. Además, un antiguo empleado de NSO ha confirmado que España tiene una cuenta con la empresa a pesar las autoridades españolas se negaron a comentar o confirmar».
Finalmente, el informe recuerda que «el derecho a la intimidad está protegido por el artículo 18 de la Constitución Española, incluido el derecho al secreto en las 'comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas'».
«El uso de spyware como Pegasus y Candiru es una violación del Artículo 18», continúa el texto. No obstante, recuerda que hay excepciones, entre ellas «en el caso de que un tribunal conceda la autorización», que es la excepción a la que el Gobierno se agarra para excusar el espionaje a 18 independentistas catalanes, bastantes menos de los 65 que el informe constata que han sido espiados.
El informe de la europarlamentaria liberal es, de momento, preliminar. Ahora entrará en debate dentro de la comisión en la que participan ya el resto de eurodiputados de los demás países. En ella se podrán presentar enmiendas que suavicen o agudicen el resultado final del informe.
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