Pedro Sánchez y Pere Aragonès este viernes en Barcelona
Como destapó El Debate en primicia
La hoja de ruta de Sánchez: un referéndum pactado tras eliminar la sedición y controlar el Constitucional
La «amnistía encubierta» del Gobierno a los líderes catalanes del procés facilitará la vuelta a la primera línea política de los condenados por el Supremo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía saltar todas las alarmas cuando el pasado jueves anunciaba, como de costumbre en una televisión afín, la reforma del delito de sedición. Una modificación del Código Penal pactada con el independentismo catalán, en la denominada mesa bilateral de diálogo, y concebida por el Gobierno como proposición de ley –que el PSOE y Podemos registrarían horas más tarde en el Congreso de los Diputados– para hacer desaparecer la sedición de nuestro ordenamiento a espaldas, como mínimo, de dos de los principales órganos constitucionales consultivos de nuestro país, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez daba así el primer paso de una hoja de ruta que, en realidad, y como ha venido revelando El Debate en primicia, encierra un objetivo mucho más ambicioso para el separatismo: la convocatoria de un referéndum pactado para Cataluña que llegará de la mano de un nuevo Estatut y tras la renovación del Tribunal Constitucional que, con una mayoría progresista controlada por Sánchez, verá con buenos ojos la posibilidad.
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La «amnistía encubierta» que en realidad esconde la desaparición del delito de sedición de nuestro Código Penal de 1995 –tal y como han denunciado desde la más alta cúpula judicial de nuestro país– devolverá a los líderes condenados, pero también a los fugados, del procés a la primera línea de la actividad política casi de inmediato y hará que, en la práctica, sea muy dudoso el ingreso en prisión de quienes reincidan en el futuro. Y lo harán porque ya lo han dicho.
Además, los condenados por convocar el referéndum inconstitucional del 1-O –trece años de cárcel para Oriol Junqueras, de acuerdo a las penas previstas sin retocar– quedarán considerados, desde ahora, dentro de una suerte de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de cinco años de prisión. Un tercio de la sanción actual. Un escenario en el que, de facto, Sánchez ha desplegado el primer peldaño de una alfombra roja que llevará a los separatistas hacia una «consulta pactada» con la bendición del Constitucional que, si nada lo remedia, tendrá una mayoría de magistrados de izquierdas –ocho a cuatro, si el Gobierno consuma su hurto sobre la quinta vacante del PP, la del magistrado Alfredo Montoya Melgar– y estará presidido por Cándido Conde-Pumpido.
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El abordaje de Sánchez a la Corte de Garantías –de ahí las prisas por dejarlo arreglado antes del pasado día 13 de septiembre y desbloquear los nombramientos al CGPJ prorrogado, pero sólo para este Tribunal– converge en con la demolida sedición, y la más que previsible suavizada malversación necesaria para lograrla, en la voluntad de que sus futuros miembros validen, sin discrepancias, una futura pregunta sobre el encaje de Cataluña en España. Un proyecto que abrirá en canal la «indisoluble» unidad de la nación, proclamada en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Ése es el horizonte a medio plazo, y a tres bandas, que desde el pasado mes de agosto manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo, y las conversaciones, a las que ha tenido acceso El Debate.
El enlace en el nuevo Constitucional sería el magistrado José Manuel Bandrés, candidato del ala progresista del Consejo a la renovación, por su marcado perfil procatalanista. Al juez, actualmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, se sumarían un par de catedráticos, designados por el Gobierno, de los que participaron en la confección del denominado Libro Blanco de la independencia catalana. Dos nombres que Sánchez podría dar a conocer en los próximos días, antes de final de mes, si el Consejo no elige a su par durante el próximo Pleno ordinario de noviembre.
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Todo está conectado, previsto y escrito
En realidad, todo está escrito en el acuerdo que Sánchez firmó con Esquerra, en enero de 2020, para que los de Oriol Junqueras votaran a favor de su investidura. La creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat separatista para la «resolución del conflicto político» supondría asumir una hipoteca a plazos que el entonces candidato socialista firmó con el aval de su partido, entregado a su líder, y que ha visto cómo desde entonces no ha hecho más que sufrir las subidas imposibles del tipo de interés exigido por los independentistas de ERC.
«Las medidas en que se materialicen los acuerdos (alcanzados en esa mesa) serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídicopolítico», dejaron el PSOE y ERC por escrito, hace dos años. Ya entonces Sánchez y sus socios abrieron la puerta a una consulta, cambiando los mecanismos del juego democrático que hicieran falta. En otras palabras: creando un traje jurídico a la medida de las aspiraciones de Junqueras para el que, necesariamente, socialistas e independentistas recurrirán a la complicidad del Constitucional. No en vano, una consulta así tensará al máximo las costuras de la Carta Magna.
El Tribunal de Garantías ha sido siempre una última barrera de contención clave contra el independentismo catalán y vasco en los últimos 14 años y sus aspiraciones de ruptura con el Estado español. En septiembre de 2008 declaró inconstitucional la ley de la consulta vasca, popularmente conocida como Plan Ibarretxe. Los magistrados argumentaron de forma unánime que la norma atribuía al Parlamento vasco una potestad reservada en exclusiva al Estado: la de autorizar un referéndum.
También, en 2014, declaró inconstitucional la consulta organizada por Artur Mas el 9 de noviembre en Cataluña, por la que el expresidente de la Generalitat acabó siendo condenado a un año y un mes de inhabilitación y a 36.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional. Entre septiembre y octubre de 2017, el TC dinamitó el referéndum de autodeterminación de Cataluña y declaró inconstitucionales la ley del referéndum y la ley de transitoriedad hacia una república catalana, aprobadas por el Parlament.
De ahí que Pedro Sánchez necesite tener de su parte al Constitucional para cualquier futura y eventual componenda con el independentismo. Un órgano a medida, no sólo del Gobierno sino de sus socios más radicales, que mire con buenos ojos un nuevo Estatut –ya en cocina–, que levante el pie del freno de las 'urnas' en Cataluña y que no se enfrente, como hasta ahora, a los enemigos de España.
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