Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn
Análisis jurídico
El Gobierno «desarma» jurídicamente el delito de sedición como pide ERC por un año más en Moncloa
La negociación de Pedro Sánchez con sus socios de legislatura ha reactivado una de las reivindicaciones más importantes para los separatistas catalanes
Un año más de legislatura en La Moncloa. Ése es el objetivo por el que Pedro Sánchez pagará a los separatistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) la nada desdeñable cifra de rebajar hasta la mitad el actual castigo al delito de sedición, que recoge nuestro Código Penal, tras negociar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado pese a que, algunos de ellos, fueron condenados por este motivo en el Supremo tras el juicio del procés. El presidente del Gobierno está dispuesto a ceder a las reivindicaciones políticas de quienes violentaron el orden público en el otoño de 2017, «desarmar» la sedición, reducir sus penas; y, así, obtener su voto favorable –e imprescindible– para sacar adelante unas cuentas públicas que, por otra parte, no cuentan con el aval de los organismos independientes más relevantes dentro y fuera de nuestras fronteras.
Como avanzó El Debate en primicia, la hoja de ruta iniciada por Sánchez con el desbloqueo parcial de los nombramientos del Consejo General del poder Judicial, y controlar el Constitucional, tendrá con la modificación normativa del delito de sedición, un nuevo ingrediente para el plato principal que se cocina en el Gobierno, de cumplirse los planes del presidente: poner en jaque la unidad de la Nación española pese al mandato constitucional que proclama su carácter «indisoluble».
Ése es, a la postre, el horizonte que baraja el Ejecutivo socialista en connivencia con sus socios políticos de ERC y Bildu. Para ello, en primer lugar, es necesario suavizar el reproche a quienes lo intenten y allanar el terreno jurídico que permitirá una futura «consulta pactada» sobre el encaje de Cataluña –y después, el País Vasco– en España, sin que nadie ponga trabas legales de ningún tipo. Y pasa, en segundo lugar, por que Sánchez revalide su cargo de presidente del Gobierno o, como mínimo, que agote su mandato actual. Sin él al frente del Ejecutivo, el independentismo catalán y vasco se toparán con un muro, porque la Constitución confiere al Estado la potestad exclusiva para autorizar «la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». Una línea roja de la que son perfectamente conscientes todos los actores de la trama.
España, en juego con la renovación judicial
Sánchez y ERC impulsarán un nuevo Estatut con un Poder Judicial propio para Cataluña
De ahí que, desde el acuerdo que Sánchez firmó con Esquerra en enero de 2020 para que votase a favor de su investidura, a cambio de la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para la «resolución del conflicto político», los socialistas no hayan hecho más que pagar cada uno de los plazos de la hipoteca que el entonces candidato socialista firmó con el aval de su partido, a favor de los sediciosos a los que ahora trata, de nuevo, de contentar. Entre ellos, la redacción de un nuevo Estatut para la Comunidad Autónoma que preside Pere Aragonés que no sea tumbado por el nuevo Constitucional que está por llegar.
Más allá de lo netamente político, esta nueva cesión de Sánchez permitirá a los republicanos catalanes de ERC asumir un escenario legal favorable a sus intereses independentistas –que durante mucho tiempo han rechazado exigiendo la amnistía de sus condenados y la eliminación de los delitos de rebelión y sedición– que debería estar lista antes de final de año y que se negociará de en paralelo a los Presupuestos. El Ejecutivo insiste en separar ambas cuestiones, consciente de que condicionar la aprobación de sus cuentas a una reforma del Código Penal que satisfaga a quienes lo violentaron resulta, en términos electorales, impopular.
Rebaja la inhabilitación de Junqueras
La futura y eventual reforma penal con la que Sánchez se anclará un año más, hasta finales de 2023, en el sillón de La Moncloa, tendrá varias derivadas legales todavía por concretar. Sin embargo, en el marco de un ordenamiento jurídico como el español que reconoce la retroactividad de las penas previstas para los delitos más graves, siempre que la modificación de las mismas sea favorable al reo, no es difícil adivinar cuáles serán las consecuencias directas para Oriol Junqueras y el resto de sediciosos condenados por el Supremo, en concurso medial con malversación, por el referéndum inconstitucional del 1-O.
Sánchez está dispuesto a cumplir con el compromiso personal que adquirió con los separatistas catalanes para su investidura como presidente del Gobierno
Si bien todos ellos recibieron el indulto parcial del Gobierno de Pedro Sánchez y salieron de prisión, éste no afectó a las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La entrada en vigor de un nuevo tipo criminal con sanciones rebajadas –a la mitad de su alcance actual– permitiría a Junqueras y los suyos reincorporarse al primer plano de la actividad pública, retomar por una vía consensuada con los socialistas el encaje jurídico-político de Cataluña en España y acceder a cargos remunerados, antes de lo previsto.
Mejores condiciones para los fugados
Además, ERC es consciente de que con su voto favorable a las cuentas de Sánchez para el próximo ejercicio, estaría avalando una reforma penal que ayudaría a los fugados de la Justicia española por el procés. Es el caso de su secretaria general, Marta Rovira, quien huida a Suiza en 2018 -tras conocer que el juez instructor de la causa catalana, el magistrado Pablo Llarena, la citaría como procesada por rebelión- podría regresar a España con una pena máxima de seis años de prisión y quince de inhabilitación.
El máximo problema para Rovira y el resto de los prófugos de la Justicia española que siguen en el extranjero tratando de evitar las consecuencias penales de encabezar la sedición catalana es que, si pisan suelo español, o son entregados, se enfrentan a una condena por sedición en concurso medial con malversación agravada. Es decir, se entiende que, todos ellos, cometieron un delito como medio para perpetrar otro distinto y, en este caso, el castigo previsto será imponerles una pena superior a la que corresponde por el delito más grave de ambos, pero inferior a la suma de las penas de cada uno de ellos. A salvo de que el Gobierno decida, también, revisar a la baja el delito de malversación.
O lo que es lo mismo, no hay nada que garantice a Rovira si regresa, y siempre que su condena se aliviase previa reforma del delito de sedición, no ingresar en prisión –como tampoco a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antonio Comín o Lluis Puig– pero, sí podrían esquivar la prisión provisional, antes de celebrarse el juicio.
No en vano, uno de los motivos alegados por el Supremo para mantener a los líderes políticos catalanes del procés privados de libertad fueron las elevadísimas penas solicitadas para ellos por la Fiscalía que siempre mantuvo contra ellos una acusación por rebelión.
Avala el recurso separatista en el TEDH
A todo lo anterior, hay que sumar el mensaje que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez estaría enviando a Estrasburgo con su decisión de relajar las condenas asociadas al delito de sedición que ha empezado a perfilar con el presidente de la Generalitat, de ERC, Pere Aragonés. Y es que, los separatistas catalanes están pendientes de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre su recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo español, entre otras razones –como ya empleó en el pasado la antigua Herri Batasuna (HB)– por la desproporción de las penas impuestas.
Si, finalmente, el Ejecutivo consuma reduce las sanciones del Código Penal de 1995 para el delito de sedición, estaría reconociendo implícitamente uno de los argumentos de los independentistas ante la Corte europea y complicaría mucho a la Abogacía del Estado la defensa a ultranza que, hasta la fecha, ha mantenido sobre el fallo de nuestro Alto Tribunal.
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