Infografía: Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, frente a frente
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Esquerra le ayudó a aprobar su reforma exprés del Poder Judicial y ahora quiere cobrarse el favor en la negociación de los Presupuestos. Un TC de izquierdas es básico para una futura consulta
Lo advirtió Alberto Núñez Feijóo en un acto en Palma de Mallorca, poco antes de la dimisión de Carlos Lesmes y de que él y Pedro se dieran una «última oportunidad» –en palabras de Esteban González Pons– para renovar el CGPJ. «La sensación que tenemos es que el Gobierno tiene un pacto con ERC u otros socios para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional», señaló el líder de la oposición.
Ahora que el Gobierno y el PP tratan de alcanzar un acuerdo sobre el órgano de gobierno de los jueces, los populares han preferido dejar de mentar la bicha dentro del TC. Pero siguen sin fiarse.
Es más. En las últimas horas, los de Oriol Junqueras han empezado a poner precio a su apoyo a los Presupuestos Generales de 2023. Entre sus demandas figuran el cierre de las causas judiciales aún abiertas por el procés, la rebaja de las penas para el delito de sedición –que este lunes bendijo el ministro Joan Subirats, cuota de los Comunes– y un Constitucional sensible a la causa independentista. Aunque esto último lo dicen sotto voce.
«El PSOE sabe lo que Esquerra quiere»
Una semana antes de que el Gobierno presentara sus cuentas para el último año de la legislatura, Gabriel Rufián señaló en una entrevista en El Mundo: «El PSOE sabe perfectamente lo que Esquerra quiere, y si no cumple, lo diremos». Ese mismo día, El Debate preguntó a la ministra de Hacienda a qué se refería el portavoz de ERC en el Congreso. María Jesús Montero se limitó a encogerse de hombros y decir que eso tendría que responderlo Rufián.
Pero el Ejecutivo sabía entonces y sabe ahora lo que los republicanos quieren. Entre otras cosas, porque fueron los 13 diputados de Esquerra los que permitieron que en julio Sánchez pudiera sacar adelante su reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ésa con la que el Gobierno pretendía lograr cuanto antes una mayoría de izquierdas en el TC y obligar al CGPJ a presentar sus dos candidatos al Constitucional antes del 13 de septiembre. Aunque su plan fracasara después.
Entonces y ahora, al Gobierno le corresponde proponer dos de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó en junio. Y, como ya desveló El Debate, ahí empezó el quid pro quo con ERC: en La Moncloa empezaron a valorar candidatos catalanistas, de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Entre ellos a su presidente, Joan Egea, y a Jaume Vernet, que fue miembro hasta el pasado mes de mayo.
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En junio, este Consejo emitió un dictamen en el que avaló por unanimidad la ley que Pere Aragonès se sacó de la manga para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25 % del castellano en las aulas. Ley autonómica que, según el propio presidente de la Generalitat reveló en una entrevista la semana pasada, Sánchez se comprometió a no recurrir ante el Tribunal Constitucional. Aunque sí la han recurrido el PP, Vox y Ciudadanos.
En las quinielas también ha sido un fijo José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y de marcado perfil procatalanista.
Cabe recordar que, además de los cuatro magistrados del TC con el mandato caducado, está pendiente de cubrir la vacante que dejó el conservador Alfredo Montoya tras su dimisión. El Gobierno busca una nueva mayoría de siete a cuatro a favor del «bloque progresista» en el Constitucional, hoy en día de mayoría conservadora.
Un nuevo Estatut en el horizonte
El interés de ERC por un TC amigo, o al menos no enemigo, es el mismo que el de Sánchez. Ambos trabajan con la expectativa de un nuevo Estatut en el medio plazo, que a su vez abra al independentismo la puerta a una «consulta pactada».
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Pero todo pasa por el Constitucional, que en junio de 2010 anuló artículos enteros del anterior Estatut. Sería indispensable que sus magistrados validaran ese nuevo marco legal autonómico y el encaje constitucional de una consulta ciudadana.
Como ya informó este periódico el 23 de septiembre, en realidad, todo está escrito en el acuerdo que Sánchez firmó con Esquerra en enero de 2020 para que votara a favor de su investidura, a cambio de la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para la «resolución del conflicto político». «Las medidas en que se materialicen los acuerdos (alcanzados en esa mesa) serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», dejaron el PSOE y ERC por escrito.
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Este lunes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, fue preguntada acerca de las negociaciones presupuestarias con el Gobierno de Sánchez. «Tienen muchos deberes pendientes». «Hoy les digo que estamos muy lejos», se limitó a sostener; sin aclarar si, antes del viernes a las dos de la tarde (hora límite), los de Junqueras presentarán una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas de 2023. Aunque no parece que vaya a llegar la sangre al río. No tampoco esta vez.
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