Alberto Núñez Feijoo junto a Esteban González Pons
Tribunales
El PP acelera su reforma sobre la independencia del Poder Judicial para salvar al Supremo del bloqueo
El Tribunal Militar Central y la Sala Quinta de Gobierno de la misma jurisdicción cerraron el pasado año con sus funciones «materialmente suspendidas». El Alto Tribunal acumula ya un total de 20 vacantes
Al rescate del Supremo. La crisis institucional que, desde hace dos años, amenaza con paralizar, de facto, el Alto Tribunal se ha ido cocinando a fuego lento desde que el Gobierno, en marzo de 2021, reformase la ley vigente para congelar las funciones constitucionales que permiten al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer los nombramientos discrecionales necesarios para ir reponiendo las vacantes en los diferentes órganos judiciales superiores.
El goteo constante de jubilaciones, excedencias y fallecimientos han ido engrosando la lista de bajas en las diferentes Salas hasta alcanzar la veintena, con la salida más reciente, la del magistrado Octavio Juan Herrero de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, el pasado 27 de diciembre. En esta jurisdicción, la situación agónica desde hace meses se ha visto agravada irremediablemente en las últimas semanas, mermada en un 30 % de sus efectivos, tras el nombramiento de su presidente César Tolosa como magistrado del Constitucional en la última hornada de renovaciones. Un Departamento que debería contar con un total de treinta y tres jueces y acumula ya once huecos que serán doce en marzo de 2023, fecha en la que está prevista la jubilación de Inés Huerta.
Una situación insostenible, crítica e insoportable en clave interna que ha llevado, en parte al Partido Popular a presentar una Proposición de Ley para despolitizar el Poder Judicial en nuestro país como nos pide la Unión Europea.
Los populares conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentra ya en este arranque de año el Supremo –y convencidos de la imposibilidad de llegar a acuerdos con un Ejecutivo que negocia con Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu– registraban, este martes, en el Congreso una proposición de ley para reformar el sistema de elección de los jueces del CGPJ y que sean los jueces quienes elijan a los vocales de procedencia judicial. También incluían una cláusula para elevar los requisitos de acceso a los cargos y evitar las puertas giratorias entre la judicatura y la política.
Con ello, además, los de Alberto Núñez Feijoo tratan de neutralizar las maniobras con las que Pedro Sánchez aspiraba a modificar, previa rebaja de la actual mayoría reforzada de tres quintos, el mecanismo para renovar el Constitucional y el propio Consejo. Un plan que se vio frustrado por la intervención de la propia Corte al paralizar las dos enmiendas del Gobierno que aspiraban a consumar el cambio exprés y por la puerta de atrás.
Sin embargo, el principal partido de la oposición es consciente de que más allá del recurso planteado contra el intento del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial, era necesario dar un paso más, una vez se han cumplido los peores presagios que, a principios del pasado septiembre, centraron el discurso de apertura del curso Judicial del ya dimitido Carlos Lesmes.
Desde hace cerca de un mes, tal y como vaticinó en su intervención el último presidente titular del Consejo, el Tribunal Militar Central ha dejado de funcionar, tras pasar a la reserva el auditor presidente interino, el general Francisco Luis Pascual Sarría.
Imposible remediar la situación
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Clara Martínez de Careaga y José María Macías eran los encargados de elevar a la Comisión Permanente una propuesta para remediar la situación de falta de provisión de destinos y vacancias que se están produciendo en la Sala Quinta del Alto Tribunal desde el pasado mes de octubre de 2021, fecha en la que el veto de Pedro Sánchez al Consejo obligó a que el órgano asumiese, en la práctica, las competencias de la Sala de Gobierno de la jurisdicción militar y, señaladamente, a que actuase en el Tribunal Militar Central. No en vano, las funciones de este último quedaron «en la práctica y materialmente» suspendidas a partir del 15 de diciembre, según ha podido saber El Debate.
Sin embargo, las discrepancias entre Careaga y Macías sobre la manera más adecuada de resolver la parálisis en la que ha quedado sumida la jurisdicción militar –provocada por la veto del Gobierno al correcto funcionamiento del CGPJ que, de paso, ha perjudicado gravemente el funcionamiento regular de los tribunales– les impedían presentar una propuesta conjunta y, de ahí que, cada uno por separado haya decidido confeccionar la suya. La Comisión Permanente del Consejo tendrá que evaluarlas en los próximos días.
Según ha podido confirmar El Debate, son varias las voces en el seno del máximo órgano de gobierno de los jueces que consideran que cualquier remedio para la situación crítica de la jurisdicción militar «que consista en negarle una solución e impedir el funcionamiento de sus órganos, sería tan espuria como la propia Ley que provoca la disfunción».
Sólo dos soluciones posibles
Así las cosas, se han presentado dos soluciones como las únicas posibles. La primera, entender que la situación generada en la jurisdicción militar permite a la Comisión Permanente del CGPJ aplicar la cláusula de salvaguarda prevista en el artículo 570.2 bis de su Ley Orgánica de la que se deduce que «el Poder Judicial está habilitado para realizar los nombramientos de jueces en la jurisdicción militar con arreglo a los mecanismos ordinarios de provisión de destinos».
La segunda, aplicar el mecanismo de suplencias diseñado por el Gabinete Técnico del propio Consejo y recogido en un detallado informe de 14 de septiembre de 2022, por el que se recomienda al CGPJ convocar los concursos necesarios para la provisión de las suplencias de las plazas del Tribunal Militar Central, Tribunales Territoriales Militares, Juzgados Togados Militares Centrales y Juzgados Togados Militares, sin perjuicio de que sea el Ministerio de Defensa el que, con posterioridad, conceda a los jueces militares designados las comisiones de servicio resultantes.
O, en su caso, una combinación alternativa de ambas. Sea como sea, la Comisión Permanente de un CGPJ que, prorrogado en sus funciones desde 2018, trata de resolver, sobre la marcha, y maniatado por el Ejecutivo, las cuestiones de la operativa que día a día se plantean, precisamente por ese veto, tendrá que determinar cuál es la más adecuada para desencallar, una vez más, alguna de las más Altas Magistraturas de nuestro país.
La tercera vía, sin duda, la propuesta del PP que aspira a modificar la ley, cuanto antes, para que el sistema de elección de los vocales del Consejo recaiga sobre los propios jueces y, con ello, no sólo desbloquear a su máximo órgano en los nombramientos, sino ganar en independencia de la Justicia.
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