La ministra de Igualdad, Irene Montero, comparece en una rueda de prensa
Polémica institucional
Igualdad trata de tapar con pulseras telemáticas los beneficios del 'solo sí es sí' a 200 agresores sexuales
El Ministerio de Irene Montero ha anunciado su intención de proteger en 24 horas a las víctimas que lo soliciten. Los expertos hablan de «cosmética» para maquillar la chapuza legal
Ni una sola dimisión pese al error flagrante del Ministerio de Igualdad con la ley del 'solo sí es sí' que, hasta el momento, roza los 200 delincuentes sexuales beneficiados por la rebaja de las penas consagrada en la polémica norma. Eso sí, el Departamento de Irene Montero ya ha anunciado que asignará pulseras telemáticas, en 24 horas, a las víctimas de los delincuentes condenados que así lo soliciten, ante el adelanto de los permisos o la puesta en libertad anticipada de sus agresores como resultado de la polémica norma. Una nueva contradicción en el discurso del Gobierno: más sistemas de control mientras niega la avalancha de revisiones y habla de «excarcelaciones inesperadas» tras un mes de diciembre negro con cifras récord de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y un enero que sigue la terrible estela.
Así las cosas, las críticas no se han hecho esperar. Mientras unos ponen en duda la «eficacia» del mecanismo propuesto por Igualdad, otros hablan de «revictimización» ya que serán las propias mujeres –cerca de 23 de las 195 que se han visto afectadas por las revisiones de condena a sus agresores– quienes deban llevar las pulseras ofertadas porque «no es posible vigilar a quien ya ha cumplido su condena». Mera «propaganda» para una opinión pública escandalizada con las consecuencias de una norma plagada de «importantes carencias de técnica legislativa» por las prisas de aprobarla antes del pasado 8-M.
Ni rastro de la «revisión de la ley» a la que se había comprometido el Ejecutivo socialista tras las nefastas consecuencias prácticas de la entrada en vigor de la norma de Igualdad pero «barra libre» a las pulseras telemáticas, apuntan los más escépticos con la instrucción dada el pasado mes de diciembre desde el Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Y, además, el proceso en ningún caso será «automático» sino que previa solicitud de protección adicional de las víctimas, o de la Fiscalía de oficio, será el juez encargado de la condena quien deba autorizarlo, caso por caso, si lo considera necesario en función de la «peligrosidad» del sujeto beneficiado por el polémico texto de Irene Montero.
La inminente revisión del TC
En paralelo, el nuevo Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana su primer Pleno jurisdiccional para debatir, entre otros asuntos, si admite a trámite el recurso de Vox contra la desafortunada norma. La causa, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Ramón Sáez, se dirige, en concreto, contra las disposiciones finales cuarta, séptima y decimoséptima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
La vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro, ya explicó al presentar la impugnación que la ley es una «aberración jurídica» que «vulnera todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y la Constitución»: la norma atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que, a su juicio, la nueva regulación del consentimiento «invierte la carga de la prueba». Además, para los de Santiago Abascal, la ley deja «desprotegidas a las víctimas» y permite un «marco de discrecionalidad muy amplio de análisis por el juez, en cada uno de los casos».
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