Pleno extraordinario del CGPJ
Crisis institucional
Varios vocales del CGPJ denuncian a Europa los efectos «nocivos» de la parálisis de los nombramientos
En un documento remitido por cinco miembros del actual Pleno a la Comisión de Justicia de la UE y en respuesta a las preguntas del informe de 2023 sobre el Estado de Derecho en España
«Le remito en mi nombre y en el de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que constan en este email unas respuestas complementarias a las enviadas por la Comisión Permanente» del máximo órgano de gobierno de los jueces «para su consideración en el informe sobre el Estado de Derecho» de la Unión Europea en 2023. Así arranca el documento remitido por los conservadores María Ángeles Carmona, Francisco Martínez, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y José María Macías al comisario Didier Reynders, al que ha tenido acceso El Debate, y en el que, una vez más vuelven a denunciar cómo la ley con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez bloqueó su función constitucional de nombramientos discrecionales «está perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales, como el Supremo, cuyos efectivos no se pueden reponer» y, también, está «produciendo unos efectos intensamente nocivos en algunas jurisdicciones como la militar».
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El motivo de esta fórmula inusual de comunicación de una parte del CGPJ hacia los órganos comunitarios competentes en materia judicial «deriva del hecho de que las preguntas formuladas por la Comisión no fueron sometidas a la consideración del Pleno del Consejo para su deliberación», tal y como han denunciado los vocales firmantes de la nota. Adicionalmente, «el texto con el borrador de las respuestas fue entregado a los vocales que no forman parte de la Comisión Permanente del CGPJ con un tiempo insuficiente para su análisis, y en todo caso se enviaron a la Comisión Europea sin que tampoco hubiese debate previo en el Pleno sobre las respuestas», lamentan.
La consecuencia «de esta forma de proceder es que el texto que se ha comunicado a la Comisión Europea sólo ha sido asumido por 6 de los 18 vocales del CGPJ». Ello no obstante, se nos ha indicado la posibilidad de enviar adiciones al texto ya enviado y a esa posibilidad responde la presente comunicación en la que se «proporcionan respuestas complementarias sólo respecto de aquellas cuestiones más críticas sobre las que las vocales que remiten el presente email no han tenido oportunidad de expresar su opinión», apuntan algunos de los vocales que no se han sentido representados con el documento institucional entregado a la Comisión.
«El CGPJ sigue sin renovarse»
Así las cosas, el CGPJ ha vuelto a denunciar su falta de renovación. Y es que pese a que «durante el año 2022 se tuvo conocimiento de negociaciones entre los grupos parlamentarios con el objetivo» de zanjar la parálisis institucional que se prolonga desde 2018, éstas «concluyeron de manera infructuosa como consecuencia de la crisis de las negociaciones provocada por la modificación del Código Penal» y que, entre otros aspectos, «ha degradado el castigo de delitos relacionados con la corrupción de funcionarios y autoridades, que debilita el efectivo control de que los fondos públicos se asignan a los fines realmente previstos en las leyes y los presupuestos, con el perjuicio que ello ocasiona a la calidad del Estado de Derecho en España».
De hecho la prohibición vigente de los nombramientos avalada por los «grupos parlamentarios que dan apoyo al gobierno ante las dificultades de renovación del CGPJ consistió en aprobar la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo y privarle de sus competencias en varios ámbitos y, sobre todo, en el relativo a los nombramientos de los altos cargos judiciales, que incluye todos los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales y salas de Justicia de grado inferior, así como todos los jueces de la jurisdicción militar».
Resulta incomprensible que
se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un Alto Tribunal, como el Constitucional, y no
las de otro equivalente, como el Tribunal Supremo
Esta «limitación de competencias del CGPJ pese a que su mandato se encuentra prorrogado, debilita de manera considerable la independencia del Poder Judicial en España desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho. Ese debilitamiento se ha hecho más evidente con las modificaciones sucesivas que se han producido durante el año 2022 en relación con los magistrados del Tribunal Constitucional». Y es que, en el caso de la Corte de Garantías se levantó el veto aplicado al resto de órganos judiciales.
«Al CGPJ le corresponde designar, cada 9 años, a 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional, designación que, conforme a la Constitución Española, es simultánea a la de los 2 magistrados que corresponde al gobierno. La Ley Orgánica 4/2021 impidió que el CGPJ pudiera hacer ese nombramiento y no se advirtió que, con ello, se limitaba también al Gobierno al ser una exigencia constitucional el nombramiento simultáneo», han denunciado los vocales firmantes en Europa.
La agonía «crítica» del Supremo
Los vocales han insistido a la Comisión Europea sobre la situación «crítica» que atraviesa, especialmente, el Supremo: «del total de 79 magistrados que lo integran, en la actualidad sólo cuenta con 60, y durante el año 2023 se producirán 5 vacantes más».
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«El debilitamiento de la independencia del poder judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho que deriva de la anterior situación es grave y evidente. No se ha proporcionado ni por el Gobierno ni por el legislativo una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandato está prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado», insisten los cinco conservadores en su texto.
«Ello obliga a entender que la razón por la que se ha debilitado la independencia del Poder Judicial en España, mermando las competencias de su órgano de gobierno, no guarda relación con la situación de prórroga del mandato del CGPJ, sino que se utiliza como fórmula de presión en el debate entre partidos políticos, aunque sea a costa de las exigencias del Estado de Derecho», han apostillado.
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