Pedro Sánchez, durante su visita al Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), en Puertollano
Tribunales
El Gobierno fracasa en su último intento judicial por evitar el pago de las sanciones de las renovables
España se enfrenta a una abrumadora mayoría de sentencias internacionales desfavorables por un valor ejecutable de 1.300 millones de euros
Un tribunal británico ha puesto en marcha la cuenta atrás para que el Gobierno de Pedro Sánchez pague las sanciones millonarias que debe a inversores y empresas como compensación por el fraude de las energías renovables tras rechazar, hace unos días, una propuesta de la Comisión Europea para personarse en la batalla legal que libra la Abogacía del Estado español, a petición del Ejecutivo socialista, contra todos los afectados que están ejercitando ante sus países de origen los fallos del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) que les dan la razón.
En este caso en concreto, en Reino Unido, las autoridades españolas se enfrentan a Termosolar e Infraestructure Services Luxembourg a quienes deberían indemnizar con cerca de 101 millones de euros, como resultado de la victoria judicial por los más de 9.500 millones de euros que ambos declaran haber dejado de ganar, tras la repentina cancelación del plan español de subvenciones. Es el paso previo a solicitar la ejecución de los títulos judiciales y embargar los bienes, patrimonio del Estado español en el extranjero que han venido listando y tasando en los últimos meses.
Los incentivos para construir parques solares y eólicos fueron aprobados en el año 2007 por el primer Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero como reclamo para garantizar un retorno razonable de sus inversiones en el marco de las energías renovables. Sin embargo, entre 2012 y 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy retiró unas medidas inasumibles para las arcas del Estado sumido, entonces, en una severa crisis económica.
El Gobierno quiere evitar el millonario desembolso que supondrá para las arcas públicas reparar a los perjudicados y ha venido tratando de hacerlo maquillando las sanciones como ayudas de Estado. En esta última ocasión, sin embargo, ha querido comprar un tiempo del que ya no dispone, previa solicitud de ayuda a la Comisión Europea. La Comisión intentaba intervenir el viernes ante el Tribunal Superior del Reino Unido, que debe examinar la causa en marzo, sobre la base de que permitir la adjudicación de los pagos sería contraria a los tratados de la UE y podría constituir una ayuda estatal ilegal.
Sin embargo, el Tribunal Superior dictaminó que no debía permitirse que la Comisión se personase en la audiencia prevista el próximo mes porque al hacerlo, se estarían «aumentado las complicaciones y el coste» de la acción cuando, además, la posición institucional «no es neutral».
Y es que la Comisión ha venido «presionando» en varias jurisdicciones sobre la base de que «ningún tribunal debe pronunciarse en estos casos hasta que [ella] haya tomado su propia decisión sobre si la compensación se consideraría ayuda estatal ilegal». El fallo del viernes ha parecido anticipar «un España ha de cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular, hacia los inversores renovables».
Éstos, por su parte, reclaman que se les debe indemnizar tras el desembolso realizado en varias instalaciones solares de nuestro país aferrándose al fallo dictado a su favor por el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI), en 2018, bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Un pacto internacional elaborado al final de la guerra fría para dar seguridad jurídica a las inversiones de quienes apoyasen proyectos energéticos en países postsoviéticos.
Bruselas está ahora por modernizar el pacto suscrito hace más de tres décadas y que, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado la adhesión de los 53 firmantes del TCE. Una oportunidad que España ha venido empleando como excusa para librarse de las reclamaciones que pesan sobre el Estado en materia de renovables pero que, sin embargo, no es una opción viable ya que aunque se retirase hoy mismo del Tratado, como ya ha pedido la ministra Teresa Ribera, debido a la cláusula de extinción del mismo, quedaría obligada durante otros 20 años más a cumplir, en los términos previstos, las responsabilidades de sus actos.
Daña la credibilidad de España
Los inversores en energía dicen que la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de poner fin al régimen de subvenciones para este tipo de energías ha provocado un grave daño en la credibilidad y la reputación de España como un Estado al que acudir para financiar este tipo de grandes proyectos.
Pese a que la confianza ha caído hasta el subsuelo, el presidente Pedro Sánchez insiste en el filón de las renovables sin tener en cuenta que en la última subasta de este tipo de energías, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022, nuestro país tan sólo ha conseguido colocarse el 1 % de la oferta total de la potencia emitida. Además del fiasco, en términos económicos, es un indicador inequívoco de cómo, en la práctica, nuestro país ha perdido el liderazgo europeo que abanderó durante algunos años en este sector, apoyado tanto en su climatología propicia como en las amplias extensiones de suelo rural despoblado disponible para las instalaciones, tanto de eólica como de solar.
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