El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero junto a su vicepresidenta primera, Elena Salgado, en la foto de familia del Ejecutivo en la Moncloa tras la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba
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Varios fondos de inversión quieren confiscar 2.000 millones a España por una trampa de Zapatero con las renovables
Varios inversores extranjeros rastrean bienes españoles para cubrir el valor de las sanciones impuestas por la corte de arbitraje del Banco Mundial ante el impago de las primas a las energías verdes
El Gobierno socialista de España se niega a pagar los 2.000 millones de euros que le reclaman varios fondos de inversión extranjeros por el fracaso del plan de incentivos de las energías renovables, pese a que sobre nuestro país recaen cerca de una veintena de resoluciones condenatorias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, por esta razón. El problema radica en el incumplimiento en el pago de las primas comprometidas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que decidió retribuir a quienes invirtiesen en el sector con primas que garantizaban un retorno del 7 % hasta que, en 2010, decidió cambiar las reglas del juego –ante el déficit que estaba generando la medida– y creó, entre otros mecanismos, el impuesto a la generación de electricidad, pensado para recortar las ganancias netas de los productores y aplicable con carácter retroactivo. Es, precisamente, este último detalle el que llevó a los inversores a recurrir ante la Corte de Arbitraje hasta en una veintena de ocasiones –que han sido siempre desfavorables para nuestro país– y lo que les ha movido, ahora, a confeccionar un listado de bienes españoles confiscables en el extranjero, por el valor de un impago en el que insiste el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Gobierno de Mariano Rajoy, que también redujo hasta en un 40 % las primas a las renovables, consciente de la gravedad del problema entabló, sin éxito, algún tipo de negociación con los perjudicados pero la llegada al poder de Sánchez ha roto las conversaciones. Ante la actitud «poco constructiva» de los socialistas, los inversores afectados han activado ya los procesos de rastreo e identificación de activos españoles que podrían ser bloqueados y confiscados en caso de que persistan los impagos. «Desde un Sorolla cedido temporalmente a alguna entidad fuera de nuestras fronteras hasta una fragata que se encuentre navegando en aguas internacionales», son susceptibles de quedar comprometidas por este motivo, apuntan algunos expertos consultados.
Según ha podido saber El Debate, en exclusiva, esta línea de trabajo se activó el pasado septiembre y este mismo mes de octubre podría estar rematado el listado. Un procedimiento que, si bien se usa de forma habitual para salvaguardar los intereses de empresas o inversores afectados por impagos, es poco común verlo en el caso de país en su conjunto porque, «como es lógico, llegar a este extremo resulta devastador en términos de imagen y seguridad jurídica» para España, aseguran los mismos expertos.
Con esta actitud Sánchez está minando el desarrollo de las tecnologías renovables que, en teoría, apoya
No en vano, «como todas las grandes economías del mundo», España y la Unión Europea son firmantes del Tratado Internacional de la Carta de la Energía lo que significa que, en clave jurídica, «estamos especialmente comprometidos con principios fundamentales» –como la estabilidad legal, la transparencia o el cumplimiento de los pactos suscritos– con «un sector que ha venido realizando inversiones tan fuertes y proyectos tan complejos» en nuestro país. No hacerlo y dejar un «reguero de impagos en arbitrajes de este calado, como si estas cosas no tuviesen consecuencias» más allá de los laudos desfavorables, ha ralentizado el ritmo de crecimiento de la inversión exterior nuestro país y ha disparado los índices de inseguridad jurídica.
Así las cosas, aunque España era líder en el sector a comienzos de la década pasada, «esa ventaja competitiva se ha esfumado» y el peso de las renovables en nuestro mix energético ya apenas se diferencia del promedio europeo donde el crecimiento de las renovables ha sido cuatro veces más intenso –y tres más acelerado a nivel mundial– que en nuestro caso, en los últimos años.
Un despropósito que encarecerá la luz
Y es que, el problema de fondo que enfrentan las energías renovables en nuestro país, hoy por hoy, tiene mucho más que ver con la inseguridad jurídica que han provocado los vaivenes de los Gobiernos del PSOE en este campo que con las propias dificultades técnicas de producción y almacenaje de las mismas. El hecho de ofrecer primero unas condiciones muy ventajosas a quienes invirtiesen en renovables para después retirarlas de forma retroactiva, ha sido demoledor en nuestro caso.
«Se puede, y se debe, discutir sobre el precio ofrecido a las empresas que diesen el paso, pero no cabe duda de que la reversión de lo pactado ha tenido un impacto durísimo en términos de confianza y seguridad jurídica» para España. Pero, se ha corrido la voz de que Sánchez se niega a llegar a acuerdos y «mantiene una ofensiva legal contra los productores de dicho sector» ante la avalancha de recursos presentados, afirman a El Debate fuentes próximas a la Corte de Arbitraje del Banco Mundial. Una posición que «está contribuyendo de forma directa a deprimir la inversión en tecnologías como la eólica o la solar».
El anuario que elabora el Servicio de Estudios de BP, apunta en esa misma dirección: el peso de las renovables sobre la producción total de energía primaria consumida en España apenas ha subido del 19 % –dato del período 2013 a 2014– al 20 % –entre 2019 y 2020–. Una cifra que «confirma que las cosas no van por buen camino» y que acabará repercutiendo «en el precio de la factura de la luz» que tendrán que asumir hogares y empresas en nuestro país, en plena escalada de la inflación.
Por tanto, desde que cambiaron las reglas de juego con Rodríguez Zapatero, «la evolución de las renovables en España ha sido cuatro veces peor que el promedio comunitario europeo y tres veces peor que el promedio mundial» y puede costarnos muy caro. Del orden de, nada menos, que 2.000 millones de euros que los fondos de inversión están dispuestos a cobrar cueste lo que cueste.
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