El grupo parlamentario socialista en el Congreso
La encrucijada morada
Podemos se debate entre salvar al PSOE de una comisión de investigación o darle la puntilla
Los socialistas han quedado en manos de sus socios de Gobierno precisamente ahora, en el peor momento de la coalición por el tira y afloja de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'
La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE insinuó ayer que la oposición y los medios de comunicación están inflando el caso Mediador para tapar otros. Existe, según María Jesús Montero, una «maniobra deliberada» para «intentar dar vuelo» a la trama de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. A pesar de que son las revelaciones del «mediador», Antonio Navarro Tacoronte, y del propio exdiputado del PSOE las que no dejan de echar leña a la hoguera.
Los socios de Pedro Sánchez son los primeros que asisten atónitos a la cascada de informaciones en torno a un caso que está golpeando al PSOE desde varios flancos: el de la corrupción, siendo él el presidente que llegó al Gobierno enarbolando la bandera de la «tolerancia cero»; el de la prostitución, puesto que el partido mantiene una postura totalmente abolicionista; y el electoral, porque el escándalo ha estallado a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas.
Unas elecciones, además, a las que se presenta la todavía ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Darias coincidió con Fuentes Curbelo en el Gobierno de Canarias, cuando ella era consejera de Economía, Conocimiento y Empleo (entre julio de 2019 y enero de 2020) y él, director general de Ganadería.
Los socialistas temen que sus socios accedan a una comisión de investigación
En el PSOE temen que sea precisamente Unidas Podemos el que les dé la puntilla. Temen que sus socios de coalición caigan en la tentación de apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso, dado que la Cámara Baja fue uno de los escenarios de la trama. No en vano, el 28-M está muy cerca y toda la munición electoral es poca para los morados, cuyos pronósticos no son buenos.
Ya dejó caer Pablo Echenique el martes el componente electoralista: «El caso Mediador es gravísimo. Podemos acabó con la normalización de la corrupción por parte del bipartidismo. Casos como éste demuestran que tenemos que tener más fuerza electoral para acabar definitivamente con estas prácticas que alejan al votante progresista de la política».
Los socialistas están en las manos del grupo que comanda Echenique; precisamente ahora que existe un fuerte tira y afloja entre ambos socios a propósito de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', cuya toma en consideración se debatirá en el pleno del próximo martes en el Congreso. Con Irene Montero intentando que los socialistas se avengan a sus razones.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique
De momento, Unidas Podemos viene manteniendo una posición ambigua. Sus portavoces llevan días afirmando que el caso es muy grave y que no descartan una comisión de investigación; pero, por otro lado, se niegan a apoyar la que ha registrado el PP porque sería «hacer el juego» a los populares, en palabras del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens. Prefieren que el PSOE dé algún paso motu proprio para no verse en esa encrucijada.
Hasta la fecha, la única petición registrada es la del PP. Pero puede haber más, porque ERC también está a la espera de acontecimientos en un escándalo que no deja de crecer a diario. Y más que lo hará, puesto que el sumario alcanza los 2.200 folios, repartidos en siete tomos.
El procedimiento
Toda solicitud de comisión de investigación pasa por la Mesa del Congreso para su calificación, puesto que es el órgano de gobierno de la Cámara Baja. Allí, el PSOE tiene tres puestos, Unidas Podemos otros tres, el PP dos y Vox, uno.
Meritxell Batet puede intentar tumbar allí mismo la solicitud del PP o cualquier otra que se registre, inadmitiéndola a trámite, pero para ello necesitaría los votos de Unidas Podemos. O puede calificarla y esperar a la siguiente pantalla: la Junta de Portavoces, donde ahí ya sí entran en juego otras formaciones políticas a mayores de esas cuatro. No obstante, incluso para los socios de Sánchez votar en contra de una investigación para conocer qué negocios turbios hicieron los cabecillas en el Congreso no es nada fácil de defender.
Cualquier solicitud de comisión de investigación que pasara ambos trámites debería someterse a un tercero y definitivo: la votación en el pleno del Congreso. La última comisión de investigación que ha obtenido la luz verde de la Cámara Baja es una sobre el PP. Otra sobre el PP, en realidad, porque van cuatro desde 2017. En concreto, en este caso «sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial». Es decir, el caso Kitchen y, más en concreto, la llamada Operación Cataluña (el supuesto espionaje a líderes independentistas desde el Ministerio del Interior).
Fue una comisión pedida por ERC, Junts per Catalunta, el PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG a la que después se sumaron el PSOE y Unidas Podemos. El pleno la aprobó el pasado 15 de septiembre y de momento la comisión no se ha constituido aún, pero la mayoría Frankenstein puede apretar el botón rojo y activarla en cualquier momento. Y más si los socialistas necesitan desviar la atención.
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