El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel
Piden 11 años de cárcel para el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, por el 'caso desaladoras'
El juzgado ordena la apertura de juicio oral por este caso que fue archivado en el procedimiento contra el Ente Público del Agua
El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por el caso desaladoras. La Fiscalía pide 11 años de prisión y la acusación particular, 15. En concreto, a Valcárcel se le acusa de los delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos.
Se trata de las segundas diligencias abiertas en este caso, que tienen su origen en las instruidas en el juzgado número 5 de Murcia, y, aunque el procedimiento fue archivado en enero de 2021, volvió a reabrirse tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal, al considerar la magistrada que el investigado podría haber favorecido un proyecto que «parece conculcar directamente la Ley de Aguas, llevado a cabo sin la existencia de informes técnicos ni de fiscalización económica necesaria».
El escrito de acusación presentado por el fiscal hacía referencia a la «adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes», a «la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los ayuntamientos», y a «la anticipación de compra del 39% de acciones de la desaladora en junio de 2010, desligando a la parte privada de la ruina del proyecto» y «derivando la carga financiera a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».
Caso archivado
La primera investigación sobre la desaladora de Escombreras se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina «parte pública»; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o «parte privada».
También fueron investigadas las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.
El segundo procedimiento, dirigido contra el expresidente, se centra en que el investigado, como presidente de la Región de Murcia, conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad y de todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora, en los que intervino por acción u omisión, cooperando a su ejecución.
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