Manuel Martínez-Sellés

Scott contra Sandford, esclavitud y aborto

«Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia», Aldous Huxley

En 1857 la Corte Suprema de los Estados Unidos, equivalente a nuestro tribunal constitucional, dictaminó a favor del derecho a la esclavitud. Tergiversando la constitución americana, el alto tribunal afirmó que era lícito privar a todo habitante de ascendencia africana de libertad y de ciudadanía y retiró al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en los distintos estados. Esta incomprensible decisión fue redactada falseando de forma evidente la intención original de los padres constitucionales. En una clara extralimitación de sus funciones la Corte Suprema que dejaba de interpretar la carta magna para reescribirla. Esta sentencia fue un factor clave para desencadenar la de la guerra de civil de secesión norteamericana cuatro años después.

Como era esperable, algunos jueces implicados discreparon fuertemente de la decisión de la mayoría y escribieron opiniones disidentes que, al contrario de la vergonzosa sentencia, sí estaban bien fundamentadas en el espíritu constitucional. De hecho, mostraron que la conclusión de que las personas negras no podían poseer la ciudadanía estadounidense federal carecía de fundamento legal e histórico. Señalaron, por ejemplo, que, en el momento de la adopción de la Constitución en 1789, los hombres negros podían votar en cinco de los trece estados. Era evidente que eso los convertía en ciudadanos tanto de sus estados individuales como de los Estados Unidos. Citaron muchos estatutos y decisiones de tribunales estatales que respaldaban su posición, en una disidencia extremadamente persuasiva. También mostraron la incongruencia que suponía dictaminar al mismo tiempo que el alto tribunal no tenía jurisdicción sobre el caso que planteaba Scott y, sin embargo, dictar sentencia sobre los méritos de la demanda que él planteaba. En definitiva, mostraron claramente como el derecho a la esclavitud no figuraba en la constitución.

Estas opiniones discrepantes fueron ignoradas y el dictamen firme que privaba de libertad y ciudadanía a los no blancos tuvo unas consecuencias nefastas. Como no eran ciudadanos, no tenían la capacidad legal para presentar una demanda ante un tribunal federal. Como se les consideraba propiedad privada, el Congreso no tenía el poder de regular la esclavitud en los territorios federales y no podía revocar los derechos de un propietario de esclavos según el lugar donde vivía. Esta sentencia infame, considerada de forma unánime como la peor dictada en la historia de la Corte Suprema, no solo era manifiestamente racista, sino que, mediante un activismo judicial ideológico, incluía sin pudor razonamientos legales deficientes e inexactos. El fin, conseguir un derecho a la posesión de esclavos, justificaba el medio, la corrupción de la más alta institución legal estadounidense. Los historiadores coinciden en que esta decisión fue un gran desastre para la nación norteamericana y el presidente de la Corte Suprema de 1930 a 1941, Charles Evans Hughes, lo calificó como la «herida autoinfligida más grande» del alto tribunal.

Han pasado 166 años de aquello y, tras trece años de ¿reflexión?, nuestro Tribunal Constitucional ha dictaminado que nuestra carta magna avala el «derecho» al aborto, desestimando íntegramente el recurso planteado por diputados del Partido Popular. Este dictamen, con fuerte carga ideológica, también ha sido fuertemente contestado por los magistrados discrepantes que denuncian la extralimitación de reescribir la Constitución para crear un supuesto nuevo derecho que nunca se contempló en nuestra carta magna. Opiniones, que, pese a estar bien fundamentadas, han sido ignoradas. El fin vuelve a justificar los medios.