Un funcionario de la Administración con un cartel de la ministra de Justicia pegado a la espalda
Huelga indefinida
Los funcionarios de Justicia abandonan la mesa de negociación por la actitud del Gobierno
Se han suspendido alrededor de medio millón de juicios desde que comenzasen las reivindicaciones
No hay posibilidad de acuerdo, por el momento, en vista de «la actitud del Gobierno». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este jueves que el Comité de Huelga de los trabajadores públicos de la Justicia, compuesto por la propia entidad junto con STAJ, CCOO y UGT, ha decidido levantarse de la mesa de negociación de los Servicios Mínimos. «Un Gobierno sordo y ciego ante una Justicia que revienta por los cuatro costados» no es un interlocutor válido para los miembros de la Administración que, desde el pasado mes de abril, han tratado, sin éxito, de alcanzar un acuerdo de mejoras retributivas y profesionales con el Departamento que dirige Pilar Llop.
A diferencia de lo que sucedió en el caso de los Letrados (LAJ) y del más que posible acuerdo sobre la mesa de jueces y fiscales que, a esta hora, todavía permanecen en la sede ministerial, los funcionarios se han sentido «ninguneados» desde un principio y, por ello, han ido incrementando, exponencialmente, el nivel de las medidas de presión. Hasta tal punto que la cifra de juicios que se han visto aplazados o suspendidos, durante este primer mes de movilizaciones, paros y protestas, supera ya el medio millón.
Una cifra de de suspensiones a las que, además, hay que añadir los más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas. Algunas de las cuales han quedado postpuestas «hasta dentro de dos años» en algunas especialidades y Juzgados, apuntan fuentes convocantes a El Debate. Las mismas fuentes que lamentan que «a pesar del grave deterioro que esto ha causado en los ciudadanos, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93 % de la plantilla».
La situación no mejorará en las próximas semanas ya que, desde el Comité de Huelga no confían en la «posición» del Ministerio de Justicia que, desde un primer momento, ha tratado de «alargar el conflicto de manera artificial a pesar del perjuicio causado a los ciudadanos cuyos intereses dependen en muchos casos de una resolución judicial». La huelga indefinida »se hará efectiva a partir del próximo día 22 de mayo", han advertido.
Un «insultante» trato «desigual»
Este mismo jueves, el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha señalado durante la concentración frente al Congreso que «es insultante» que el Ministerio de Justicia y el Gobierno «que se dice progresista y socialista» trate de manera «desigual» a los trabajadores de Justicia, «los que menos cobran», mientras hace ofertas económicas para los letrados de la Administración de Justicia y para los jueces y fiscales.
Ha apuntado al hilo que les sorprende que el mismo Gobierno que pide votos en la campaña, «paralice y colapse la Administración de Justicia en perjuicio de esos mismos ciudadanos». En el comunicado emitido, en unidad de acción, los huelguisas, lamentan los perjuicios generados a la ciudadanía, pero resaltan que «el único responsable es el Gobierno» y en concreto la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que el sindicato reclama ya una oferta económica.
Por otro lado, recuerdan que ya registraron hace más de una semana en la Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le emplazaban a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y que permita negociar la redacción de los proyectos de ley que les afectan. «Le toca explicar» a Sánchez «por qué permite que miembros de su Consejo de Ministros progresista que, según dice, defiende a los trabajadores, acuerdan con Letrados de la Aministración de Justicia, y proponen a jueces y fiscales, millones de eros en retribuciones» mientras «deja a quienes menos cobramos en la oficina judicial y fiscal y otros servicios, sin propuesta económica alguna».
Y apunta CSIF que también ha recurrido ese acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) «por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva».
«Gran concentración» en Ferraz
En cuanto a las movilizaciones que se han llevado a cabo, cuando ya se ha cumplido el primer mes de las actuaciones de protesta, CSIF ha resaltado cómo tras la concentración de este jueves frente al Congreso, llegará la del próximo martes, 23 de mayo, cuando se dará «una gran protesta en Madrid delante de la sede del PSOE», en la calle Ferraz número 70. El jueves 25 de mayo habrá otra más que comenzará en el Ministerio de Justicia y concluirá ante la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.
Los funcionarios no «vamos a cesar en nuestro empeño» por lograr «una mejora salarial», en concreto de entre 350 y 430 euros mensuales, que, en todo caso, se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales.
Con ello, además de lograr el objetivo inicial de los funcionarios se permitirá hacerlo elevando el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen. Así como garantizar la participación de los auxilios judiciales y los miembros de los Cuerpos, general y especial de funcionarios de los tribunales, en la negociación del contenido de las leyes de eficiencia «que están llamadas a transformar la Administración de Justicia» en España.
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