Sede de la oficina de Correos en Melilla
Código Penal
La reforma de la sedición de Sánchez desarma al Estado si surgiese un desafío promarroquí en Melilla
El intento de compro masivo de votos por correo en la ciudad autónoma española ha puesto en alerta ante una futura y eventual reclamación de Marruecos sobre la misma
Sin violencia, sin armas, sin alzamiento, sin más herramientas que alterar el resultado de unas urnas para asegurarse que el Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla recaía, mayoritariamente, en un partido político concreto y promarroquí para conseguirlo. Una trama electoral dispuesta a comprar votos por correo para decantar el resultado de los próximos comicios del 28-M ha puesto en alerta a quienes, tras la eliminación de la sedición del Código Penal por el Gobierno de Pedro Sánchez, temen que la benevolencia legal española permita, en un futuro no muy lejano, poner en jaque la españolidad de cualquier territorio de nuestra geografía. Si en Cataluña hay riesgo, visto lo visto en estos últimos días, ¿por qué no iba a haberlo en Melilla?.
Y es que, desaparecidos los mecanismos penales diseñados para atajar, sin paliativos, las reclamaciones del separatismo regional, gracias a las concesiones del PSOE a sus socios de legislatura, Esquerra (ERC) entre ellos, el Estado se ha quedado desnudo si la afrenta, en lugar de llegar de la mano de Oriol Junqueras, se tradujese en una especie de toma de las calles pacífica, pero tumultuaria, avalada por el régimen de Rabat y auspiciada por una inapelable victoria electoral de manos de una formación promarroquí, Coalición por Melilla, en la ciudad autónoma.
Reforma exprés del Código Penal
Sánchez desarma al Estado frente a la sedición y abona el terreno para la reforma constitucional y el referéndum pactado
Si mañana a Marruecos se le ocurriese relajar el control de sus fronteras y permitir la entrada de ciudadanos, por ejemplo, en Melilla –tras unas elecciones democráticas en España con resultado favorable a sus intereses, en un territorio históricamente tensionado por las reivindicaciones de titularidad sobre el mismo– la realidad es que España carece de los recursos penales para frenar las algaradas callejeras. Tan sólo contaríamos con una suerte de desórdenes públicos que habría, además, que acreditar que fueron agravados.
La aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución para deponer a los cabecillas sediciosos en dicho escenario, y cancelar la autonomía, se presentan como una opción residual y más bien poco efectiva para una situación tan compleja, llegado el caso, y habiéndose pronunciado las urnas –previa implantación de una trama orientada a la compra masiva de votos para instaurar un gobierno local afín al régimen alauita de Mohamed VI–. Marruecos tendría, entonces, vía libre de facto para 'anexionarse' Melilla, a través de una estrategia híbrida entre declaraciones institucionales y presión ciudadana.
¿Para qué reeditar un ejercicio de entreguismo patrio a los intereses marroquíes, como el recientemente protagonizado por Pedro Sánchez con la cesión del Sáhara?. Sería mucho más sencillo que todo eso: un triunfo electoral de signo promarroquí en la ciudad autónoma española de Melilla sería inmeditamente leída por el país vecino como expresión democrática de la voluntad de un pueblo favorable a cambiar el signo de su nacionalidad.
¿Qué Gobierno 'demócrata' español va a oponerse a la materialización de una decisión popular, cuasi plebiscitaria, de sus ciudadanos que, nada menos que con sus votos, habrían decidido impulsar la renuncia española a la soberanía sobre Melilla?. No es difícil leer el resultado de un escenario en el que la eliminación del delito de sedición del Código Penal vigente complica, y hasta qué punto, la respuesta del Estado ante un desafío independentista.
En definitiva, que un gobierno local melillense auspiciase su separación del territorio español bebería, en definitiva, de los mismos argumentos políticos que, durante años, ha venido enarbolando el separatismo catalán aunque con el nada desdeñable detalle de que, en el caso de Melilla, la financiación del proyecto llegaría desde fuera de nuestras fronteras, sin necesidad de mediar malversación. Y el Poder Judicial, como barrera de contención del Estado, atado de pies y manos sin más acusación posible que señalar a quienes, desde las 'pacíficas' revueltas callejeras, jaleasen el éxito electoral de los suyos. La tormenta perfecta.
La Ley Electoral vigente, bajo la lupa
Y es que, por primera vez en democracia, en España hemos asistido, en directo, a un intento de fraude electoral de dimensiones todavía imprecisas, mediante la compra del voto por correo. Lo que ha puesto de manifiesto la trama melillense de compra de votos, es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral en España –LOREG– resulta, más bien, laxa con el requisito de identificación de los ciudadanos en el momento de ejercer su derecho constitucional en remoto: sólo exige la presentación del DNI ante el funcionario de turno para recoger la papeleta y su correspondiente sobre, pero no para entregarlos. Así las cosas, en Melilla se habían puesto en marcha los pagos necesarios, de hasta doscientos euros, para adulterar el resultado de las urnas del próximo domingo día 28.
Hasta tal punto se disparó en Melilla la participación electoral por correo –unos 11.707 votantes, un 21,1% del censo, que superaban en siete puntos la media nacional, según datos oficiales de la Delegación del Gobierno– que, de manera extraordinaria, la Junta Electoral de Zona aprobaba, hace unos días, la necesidad de una doble solicitud del documento nacional de identidad, tanto en la recogida como en el depósito del voto. Inmediatamente la masificación de los aledaños de Correos quedó neutralizada.
La medida quedaba implementada de manera preventiva para toda España, poco después, por la Junta Electoral Central pero sólo para estos comicios. Ahora, la cuestión es que debería plantearse de manera permanente, previa reforma de la LOREG vigente, para evitar situaciones como la vivida en Melilla en la última semana. De ese modo, la identificación de los electores en todo el país pasaría a ser obligatoria, personal e intransferible, frente a la normativa que, en circunstancias normales, permite delegar el voto en un tercero autorizado por el votante para depositar la papeleta en la oficina de Correos. Sin más dificultades. Revisión de la ley electoral y recuperar el delito de sedición para ponérselo un poco más complicado, sino imposible, a los enemigos de España.
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