El ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel,en una imagen de archivo
País Vasco
El exdirigente del PNV Alfredo de Miguel ingresa en prisión condenado por corrupción
Ha sido condenado a 12 años y cuatro meses cárcel por ser el cabecilla de una trama de concesiones ilegales de contratos públicos
El cabecilla de la mayor trama de corrupción descubierta en País Vasco, el exdirigente del PNV de Álava Alfredo de Miguel, ha ingresado este jueves en la prisión alavesa de Zaballa para cumplir su condena de 12 años y 4 meses, aunque de manera efectiva pasará 9 años en la cárcel.
De Miguel fue condenado por encabezar una red para obtener irregularmente contratos públicos de administraciones gobernadas por PNV y cobrar comisiones. Su internamiento en la cárcel ha tenido lugar este jueves, poco antes de las 9:30 horas, 13 años después de su arresto tras un larguísimo proceso de investigación judicial.
En los últimos meses, la Audiencia Provincial de Álava ha rechazado todos los intentos de De Miguel por retrasar su ingreso en prisión y el lunes le dio 72 horas para entrar en la cárcel, lo que ha hecho este jueves, cuando estaba a punto de cumplirse el plazo.
Ahora De Miguel deberá ser clasificado en la cárcel de Álava, donde también estuvo internado cumpliendo parte de la condena de casi seis años Iñaki Urdangarin por el caso Nóos.
Tras entrevistas con psicólogos y educadores sociales se determinará si procede su ingreso en el denominado «módulo de respeto», en el que están los presos menos conflictivos.
De los 14 condenados en este caso, solo cuatro deben cumplir penas de cárcel y, con Alfredo de Miguel, ya son tres los que están internados en la cárcel de Zaballa.
Primero lo hizo el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, condenado a 7 años y un mes de cárcel, y en la noche de este miércoles acudió a este mismo centro penitenciario el que fuera dirigente de la Ejecutiva del PNV en Álava, Koldo Otxandiano.
Un caso destapado en 2010
Otxandiano era contable del parque tecnológico de Miñano, donde una abogada, Ainhoa Alberdi, denunció el 2 de diciembre de 2009 a la Fiscalía que el entonces diputado foral de Administración Local y ex número dos del PNV en Álava, De Miguel, le había pedido una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato de ampliación de dicho parque.
En marzo de 2010 se produjeron las primeras detenciones y no fue hasta ocho años más tarde, en enero de 2018, cuando se inició el juicio en la Audiencia de Álava.
Tras la sentencia inicial y los posteriores recursos, en enero de este año el Tribunal Supremo confirmó las condenas aunque rebajó ligeramente algunas penas.
La más elevada, de 12 años y 4 meses, fue para Alfredo de Miguel, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
De los cabecillas, solo queda por entrar en la cárcel el también exdirigente del PNV Aitor Tellería, condenado a 5 años, que ha alegado enfermedad para no hacerlo.
Este argumento fue avalado por un primer informe forense que desaconsejó su ingreso en prisión, pero la Audiencia de Álava ha pedido que se amplíe ese informe pericial antes de tomar una decisión.
El resto de condenados, entre ellos las esposas de De Miguel y Otxandiano, han evitado entrar en la cárcel por tener condenas menores.
Testaferros
El Tribunal Supremo confirmó que los tres exdirigentes del PNV –De Miguel, Otxandiano y Tellería– prevaliéndose de su influencia política se pusieron de acuerdo para lograr que determinados organismos de la Administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.
Para encubrir el cobro de estas comisiones, crearon varias sociedades que facturaban servicios ficticios bajo la titularidad de testaferros. También consiguieron que algunos contratos administrativos fueran adjudicados a sus sociedades, hasta el punto de que se les pagó por trabajos que nunca realizaron.
El PNV ha querido desvincularse siempre de este caso. Exigió la entrega del carné de afiliados a los condenados en cuanto fueron detenidos en 2010 pero varios cabecillas de esta trama han mantenido puestos en empresas públicas ligadas a la Administración vasca hasta que la sentencia del Supremo fue firme.
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