El desarrollo de la eólica en España está permitiendo a las empresas exportar por valor de más de 1.748,6 millones de euros
Laudos Arbitrales
La Cámara de Comercio de EE.UU. pide a España que pague sus deudas con las renovables
La entidad reconocida por la Administración americana se ha personado en la causa judicial de NextEra contra el Gobierno español por 300 millones de euros
NextEra es una de las más de 50 empresas que denunciaron a España por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables que fueron aprobadas durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ante el perjuicio causado por el nuevo escenario, compañías y fondos de inversión llevan varios años pleiteando para que se les reconozca su derecho a ser indemnizadas en virtud de las cantidades previstas que, hasta la fecha, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a pagar. Tras varias advertencias del Banco Mundial pidiendo a España que «acate» los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ahora, es la Cámara de Comercio de EE.UU. la que ha pedido al Gobierno que pague sus deudas.
No en vano, NextEra cuenta con un laudo del CIADI que condena a España por dicho caso y le impone una indemnización de casi 300 millones de euros como compensación por el incumplimiento de la normativa energética aprobada sobre la que la empresa tomó su decisión de invertir en nuestro país. Sin embargo, Sánchez se niega a cumplir dicha obligación, en un «claro incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía» apuntan fuentes próximas a la cuestión.
Ante esta situación, NextEra se ha dirigido ante la Justicia estadounidense con el objetivo último de iniciar un proceso de embargo de bienes españoles en el extranjero similar al que ya se ha acordado sobre varios inmuebles y cuentas bancarias de instituciones públicas situadas tanto en Reino Unido como en Australia.
En el marco de dicho proceso, la Cámara de Comercio de EEUU se ha personado acogiéndose a la figura del amicus curiae y ha reclamado ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que obligue a España a cumplir con sus responsabilidades internacionales. Así las cosas, en un escrito remitido por la institución, al que ha tenido acceso El Debate, se advierte de las «nefastas consecuencias para la inversión internacional» que está teniendo el comportamiento del Gobierno socialista durante los últimos cuatro años.
Y es que, «las empresas estadounidenses, ya sea directamente o a través de filiales extranjeras, mantienen relaciones transfronterizas soberanas con entidades soberanas». Unas «relaciones» que pueden implicar meras «transacciones comerciales» o, como es el caso, «inversión extranjera directa en virtud de tratados bilaterales o multilaterales. Casi tres mil de esos tratados están en vigor en todo el mundo», recuerda la entidad en su escrito al tribunal.
En estos «tratos comerciales con Estados extranjeros», el arbitraje asegura «que puede haber un medio neutral y objetivo de resolver las controversias entre las partes». Un arbitraje que «no sólo ayuda a resolver las controversias que surgen con los estados extranjeros soberanos, cuando surgen», sino que «representa una consideración esencial en el momento en que se consuma una relación comercial o de inversión».
Así las cosas, apunta la Cámara de Comercio, los «esfuerzos de los Estados soberanos extranjeros para eludir sus obligaciones, adquiridas en virtud de tratados, amenaza la integridad de ese sistema y, en consecuencia, las mismas condiciones sobre las descansan tanto el comercio exterior como la inversión extranjera directa». Motivo por el que, «los tribunales nacionales han de ayudar» a las empresas estadounidenses a asegurarse de que los Estados soberanos «no incumplen sus compromisos».
«Las concesiones de jurisdicción en materia de hacer cumplir las sentencias arbitrales internacionales dictadas contra Estados extranjeros» permite a los Tribunales de EE.UU. «ayudar a los estadounidenses a participar en negocios internacionales con la certeza de una seguridad jurídica» y «asegurar a las empresas» del país a confiar en un proceso de «arbitraje internacional que funciona».
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