La Audiencia reduce los beneficios carcelarios del etarra Kantauri investigado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El etarra José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri fue trasladado en diciembre de 2020 a la cárcel de Pamplona, tras sufrir un infarto en noviembre del mismo año en su centro penitenciario anterior. Apoyados en dicha circunstancia, de la que derivó que necesitase la implantación de tres stents, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, autorizó en junio de 2021 un plan de flexibilización de su privación de libertad que le ha permitido salir de la cárcel a diario, de lunes a viernes, de 07.00 a 17.00 horas, durante el último año, bajo la excusa de someterse a constantes controles médicos.

Sin embargo, y ante la denuncia de la situación, el pasado mes de enero, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria del que depende la prisión de Navarra canceló los beneficios concedidos al preso y determinó que, existiendo informes médicos forenses en dicho sentido, sólo saliese en casos concretos, previa comunicación de fecha y hora de las citas médicas correspondientes y siempre con custodia policial. Una medida que, ahora, ha ratificado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un Auto del que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada.

Así las cosas, el tribunal ha sido tajante al pronunciarse: «De ninguna manera aparece justificada la propuesta de programa de salidas penitenciarias» de la que que durante más de dieciocho meses disfrutó el dirigente etarra.

Si bien, en base al mismo pronunciamiento, se reconoce que «nada opone a la flexibilización de grado consistente en salidas para consultas médicas por el tiempo indispensable, hasta el 1 de enero de 2024, a fin de facilitar la atención sanitaria especializada, siempre previa justificación documental, interesando se especifique que: la atención primaria se prestará en el centro de conformidad con el artículo 209 Reglamento Penitenciario, y las salidas no podrán ser en régimen de autogobierno». Lo que significa que, en cada una de sus salidas de la cárcel deberá estar acompañado por, al menos, una pareja de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

No en vano, el Servicio Navarro de Salud certificó, a petición del órgano de enjuiciamiento la innecesariedad de las citas «diarias» de las que disponía el preso. Además de que el centro penitenciario con personal sanitario al que fue trasladado por sus circunstancias médicas dispone de un módulo de enfermería en el que se le proporciona vigilancia de 24 horas y habilita una asistencia sanitaria inmediata y traslado de urgencia al centro hospitalario de referencia, en caso de ser necesario. El Instituto de Medicinal Legal asegura que «el tratamiento domiciliario no es más aconsejable que permanecer en la prisión».

Lo cual hace, todavía, más sorprendente que durante todo este tiempo el dirigente etarra que, en la actualidad está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Central número 6 de la AN como presunto autor mediato del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, en 2007.