A Sánchez 'se le olvida' que ha incumplido el 80 % de sus promesas electorales de «calidad democrática»

«¿La ley mordaza? Vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno». Así de contundente se expresó Pedro Sánchez en un programa de televisión en 2015 respecto a su postura acerca de la ley de seguridad ciudadana aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy. De hecho, el PSOE recogió en su programa electoral para las generales de 2019 este compromiso –junto a nueve más– en el apartado de «calidad democrática, anticorrupción y transparencia».

De esas diez promesas electorales el PSOE solo ha ejecutado dos en los últimos cuatro años. Es decir, los socialistas han incumplido el 80 %. A pesar de ello, Pedro Sánchez aseguró el pasado miércoles en el programa Horaveintipico de la Cadena SER que la derogación de la norma que regula la seguridad ciudadana «ha sido de los pocos compromisos que no hemos cumplido».

Lo que sí ha cumplido

De toda esta sección del programa electoral del PSOE solo se han ejecutado dos de los puntos; la eliminación del voto rogado y la ley de eutanasia. En octubre de 2022 el BOE publicó la reforma de la ley electoral en la que se suprimía el voto rogado, y de esta manera facilitar que los españoles residentes en el extranjero puedan participar en las convocatorias electorales mediante un trámite más sencillo.

Por su parte, el PSOE también ha materializado la ley de eutanasia. En marzo de 2021 esta norma salió adelante en el Congreso, y dos años después –el pasado mes de marzo– el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido avaló su legalidad tras los recursos que interpusieron el PP y Vox.

Las medidas que 'se le olvidan' a Sánchez

El primer punto en el apartado de «mejora de la calidad democrática, anticorrupción y transparencia» del programa de los socialistas para las elecciones generales de noviembre de 2019 señala que «el Gobierno aprobará un Plan sobre regeneración democrática», aunque no se ha hecho. A reglón seguido, el documento establece que sacarán adelante una «ley integral sobre la lucha contra la corrupción, que contemple la protección del denunciante». En este contexto el Ejecutivo de coalición sí que ha aprobado la «Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», que transpone una directiva europea.

El PSOE se comprometía a suprimir los «aforamientos» –que suponen que ciertas personas por razón de su cargo sean juzgadas por tribunales superiores– por ser una «prerrogativa personal». Sin embargo, para llevar a cabo este compromiso, incumplido por el PSOE, sería necesario modificar la Constitución, que en su artículo 71 señala que los diputados y senadores deben ser enjuiciados en las causas penales por el Tribunal Supremo. Lo mismo se establece en el artículo 102 respecto al «presidente y demás miembros del Gobierno».

El programa también recogía que iba a promover «acuerdos parlamentarios que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el defensor del pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española».

De todos ellos, el CGPJ lleva con su mandato prorrogado desde finales de 2018, y los socialistas echan la culpa de ello al PP y se desentienden de las exigencias que han llegado desde Europa por su no renovación. Lo que sí que han materializado es el nombramiento del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, y de un nuevo Consejo de Administración de RTVE.

El bloque Frankenstein no se puso de acuerdo para derogar la ley de seguridad ciudadana. Los socialistas llegaron a un acuerdo con Podemos, pero su trámite fracasó hace unos meses en el Congreso por la oposición de ERC y Bildu ya que la tacharon de «cosmética». El PSOE ha decidido no introducir este compromiso en su programa para el 23-J.

Por su parte, el los socialistas se comprometían a denunciar «los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa». No obstante, ese mismo artículo de la Constitución –enmarcado en los derechos fundamentales– dictamina que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», por lo que también sería necesario reformar la Constitución.

En el programa de 2019 también se subrayaba que, en caso de llegar al Ejecutivo, Pedro Sánchez recuperaría «los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia», y que constituiría «consejos sectoriales de verificación en los que participará directamente la sociedad civil», medidas ambas que no se hayan llevado a cabo.