Sánchez incumple el grueso de su compromiso electoral de «regeneración democrática»

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno de España, en 2018, lo hizo haciendo alarde de la limpieza que caracterizaría a su Gobierno, en contraposición a la corrupción del PP de Mariano Rajoy, a quien sucedió en Moncloa a través de una moción de censura motivada por esta razón. Durante su discurso en el Congreso de los Diputados, Sánchez aseguró que acometería una «regeneración democrática», que después plasmó en medidas concretas, tanto en su programa para las elecciones generales de abril de 2019 como en el de noviembre de ese mismo año, cuando se produjo una repetición electoral fruto del bloqueo de la investidura.

Ese último documento, en el que el PSOE dejó escrito negro sobre blanco su compromiso con los ciudadanos en relación a esa renovación de nuestro sistema político, contenía 11 puntos concretos bajo el título de «Calidad democrática y garantía de derechos y libertades de la ciudadanía». Hoy, más allá de los casos de corrupción protagonizados por los socialistas en los últimos tiempos –trama Mediador, Azud, Acuamed...– y a medio año de que acabe la legislatura, el Ejecutivo de Sánchez ha incumplido ocho de esos puntos, que han quedado reducidos a meras promesas de campaña. A continuación, repasamos qué es lo que ha llevado a cabo el Gobierno y qué se ha quedado en mero papel mojado.

Plan de regeneración democrática

Era la columna vertebral de esa renovación que recogía el programa electoral «Ahora, progreso» y no solo no se ha ejecutado, sino algunos de sus principales elementos tampoco se han realizado por separado.

Ley contra la corrupción

El principal de ellos era la aprobación de una «ley integral sobre la lucha contra la corrupción, que contemple la protección del denunciante». «La norma regulará de manera más efectiva las Declaraciones de Intereses de altos cargos para combatir los conflictos de intereses, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para las personas interesadas y endureciendo las sanciones por su incumplimiento», añadía el programa del PSOE sobre este asunto.

De esa ley integral poco más se supo, si bien el Ejecutivo sí logró aprobar, el pasado mes de febrero, la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Una medida que contrasta con la rebaja de las penas por el delito de malversación pactada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Supresión de los aforamientos

Otro de los puntales que recogía esa ley integral era la supresión de «los aforamientos como prerrogativa personal, más allá del ejercicio de la función propia del cargo, en línea con el dictamen del Consejo de Estado», algo que tampoco se ha acometido.

Ley de Transparencia y Buen Gobierno

La promesa de reformar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tampoco se ha cumplido. El 25 de febrero finalizó el periodo de consulta pública y está pendiente que el Ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, presente el anteproyecto de ley, algo que parece poco probable que haga antes de que acabe la legislatura.

Renovación orgánica

Entre los aspectos más destacados de esa regeneración democrática constaba la promoción de «acuerdos parlamentarios que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española». «Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos la efectividad de los principios de igualdad, paridad de género, mérito, capacidad y prestigio profesional», añadía el documento.

Sobre la no renovación del CGPJ –la más importante de todas– han corrido ríos de tinta, pero huelga decir que no solo no se ha efectuado, sino que desde las instituciones europeas llevan tiempo apremiando a nuestro país para que lo haga. La última, este viernes, cuando la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, llamaba a implementar los cambios «necesarios para eliminar los riesgos de injerencia política en el proceso de selección de los miembros».

En el caso del Defensor del Pueblo, el PSOE sí acordó con el PP que ostentase ese cargo el socialista Ángel Gabilondo. La renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se materializó en octubre de 2020, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros y con el visto bueno del Congreso. La Presidencia se le otorgó a José Luis Rodríguez Álvarez, jurista y profesor de Derecho Constitucional ligado al PSOE. Por último, dentro de este apartado, la renovación del Consejo de Administración de RTVE se llevó a cabo hace ahora algo más de dos años.

Ley de seguridad ciudadana

Pese a tener redactado el proyecto de ley, la norma finalmente no fue aprobada. El pasado marzo ERC y EH Bildu tumbaron la reforma de la «ley mordaza» –llamada por Unidas Podemos y PSOE–, que había sido una de las grandes promesas electorales de Sánchez y que contaba con un fuerte rechazo entre los sindicatos policiales.

Voto rogado

La derogación del voto rogado para los españoles que residen en el extranjero, una reforma destinada a que estos ciudadanos reciban la documentación electoral sin tener que pedirla y, asimismo, puedan imprimir ellos mismos las papeletas electorales, fue aprobada el pasado mes de octubre.

Eutanasia

Otro de los compromisos adquiridos que sí ha cumplido el Gobierno de Sánchez ha sido el de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. No así la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, que venía recogida en el mismo punto de su programa electoral.

Nuevo acuerdo con El Vaticano

«Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica», podía leerse en el siguiente punto, que el Ejecutivo no ha realizado.

Recuperación de bienes de la Iglesia

La promesa de recuperar «los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia» y llevar «a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros» tampoco se ha efectuado. En este sentido, lo que sí que ha hecho es limitar las exenciones fiscales tanto de la Iglesia Católica como de otras confesiones religiosas, cuando estas hagan obras en sus edificios.

Consejos de verificación

Por último, dentro de esa «mejora de la calidad democrática, anticorrupción y transparencia», el PSOE se comprometía a constituir «consejos sectoriales de verificación en los que participará directamente la sociedad civil». «Su misión será evaluar el cumplimiento, por parte del Gobierno, de los compromisos sociales del PSOE contenidos en este programa», indicaba al respecto el programa de los socialistas, sin que tampoco se haya concretado en nada tangible. Y es que, de constituirse, el diagnóstico no sería nada halagüeño para el Gobierno de Sánchez.