
María Jesús Moro
Entrevistas Jurídicas
María Jesús Moro (PP): «El Gobierno ha intervenido el TC rompiendo las reglas de la neutralidad institucional»
Diputada por Salamanca entre 2011 y 2023, miembro de las comisiones parlamentarias de Universidades y Justicia y secretaria ejecutiva de regeneración democrática del Partido Popular
María Jesús Moro, (Salamanca, 1961) es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca. Directora del Grupo Investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías ha ocupado diversos puestos de gestión en la universidad, además de liderar los cursos extraordinarios y el tercer ciclo. Tiene en su haber numerosas publicaciones en Derecho de Familia y Derecho Patrimonial.
Moro fue procuradora en las Cortes de Castilla y León (2007-2011) y portavoz adjunta de las mismas en la VII Legislatura (2011-2011), además de portavoz de Universidades en el Congreso de los Diputados (2011-2015). Ocupó la vicesecretaría de Organización del Partido Popular de Salamanca y, desde ahí asumió la secretaría de la Asesoría Jurídica del Partido Popular de Castilla y León. Miembro del Comité Ejecutivo del PP provincial y regional, en la XI Legislatura se encargó de la portavocía de Justicia.
–Le pregunto directamente, ¿cómo cree que ha gestionado el actual Gobierno el conflicto de la Justicia?
–Pues muy directamente: con absoluta incompetencia e irresponsabilidad. Un Ministerio de Estado, como es el de Justicia, no puede tratar a aquellos funcionarios –todos ellos, cada uno en sus competencias– que son la columna vertebral para el buen funcionamiento de la Justicia, enfrentando a unos cuerpos con otros, no negociando, no hablando,... Ningún Gobierno responsable y, además, bajo la lupa de la Unión Europea por los incumplimientos de lo que estaban pidiendo nuestros socios europeos, que no es más que fortalecer la democracia, hubiese mantenido esta actitud.–Se han producido algunas subidas salariales a jueces y fiscales o Letrados de la Administración de Justicia. Pero las reivindicaciones no sólo eran salariales. ¿Cuál es el problema de la Administración de Justicia que resulta tan complicado de resolver?
–No es una materia fácil, mucho menos si el Ministerio competente encadena tres ministros consecutivos que, en realidad, no han marcado prioridades y han resultado ser sólo unos nombres atractivos que no se han traducido en una preocupación real por los problemas efectivos de la Justicia. Es muy significativo que después de alcanzar un acuerdo con los Letrados, tras dos meses de huelga que han colapsado absolutamente la actividad porque todavía no habíamos salido de la situación ya creada por el confinamiento y la pandemia, se celebre a la desesperada una reunión con jueces y fiscales.
En el caso de los funcionarios de administración de justicia, se sienten ninguneados, se sienten despreciados. Es incomprensible que sindicatos como Comisiones Obreras no hayan tenido ninguna interlocución con el Ministerio mientras con nosotros la tenían a diario. Piden algo bastante sensato y es que si hay que modificar la situación actual con una Ley de Eficiencia Organizativa, no pueden enterarse cuando ya esté aprobada porque rompe todo el esquema. Se puede hacer de muchas maneras pero, indudablemente, tienes que hablar con aquellos a quienes les va a cambiar la manera de trabajar y que, por lo tanto, te van a decir si eso es positivo o no es positivo. Y esto va más allá del salario. Ellos han estado poniendo en el primer lugar las funciones y han sufrido tal desprecio que, incluso, cuando llegaron a una reunión les dejaron plantados.
No afrontar con prioridades, con un orden, con una planificación a corto, medio y largo plazo, hace imposible que podamos salir de la situación que tiene la Justicia. Alguna que es coyuntural porque hemos pasado una pandemia. Pero otra estructural porque no se han acometido los pasos intermedios, la preparación de los instrumentos o de las herramientas digitales que, por ejemplo, entre comunidades autónomas no se pueden hablar entre ellas.

María Jesús Moro durante su entrevista en El Debate
–¿Cuál es la propuesta del Partido Popular para arreglarlo si llega al Gobierno el 23-J?
–Al presidente Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular les preocupan mucho las instituciones que, no sólo han sido colonizadas sino a las que se le ha faltado el respeto y faltar al respeto a las instituciones y a la Justicia significa devaluar la democracia española. Y la calidad institucional pasa por trabajar en la independencia de la Justicia y su fortalecimiento. Porque no sólo es que los jueces lo sean en su trabajo institucional, que no lo dudamos, sino que el deterioro de la imagen del órgano de gobierno de los jueces, por ejemplo, ha cruzado fronteras. Y eso no nos lo podemos permitir.
Nuestro compromiso con los profesionales de la Justicia se extiende también a profesionales como los abogados, procuradores, graduados sociales y gestores que siempre son los grandes olvidados de las reformas
Hay tres ejes que constituyen las medidas inmediatas en los primeros 100 días y que tienen un amplio desarrollo en el Plan de Calidad Institucional. Por un lado, la modificación inmediata de la ley para recuperar las funciones que le han bloqueado al Consejo General del Poder Judicial; lo que ha hecho Sánchez con el gobierno de los jueces es incalificable y no ha atendido, ni siquiera, a los requerimientos por parte de unas alarmadas instituciones europeas. Junto a ello es necesario recuperar el prestigio de la Fiscalía. Los propios fiscales están aterrorizados del daño reputacional que se ha hecho a la institución; y, por tanto, es necesario un Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, también de manera inmediata, que regule el nombramiento del fiscal general, del Estado, el funcionamiento interno, la limitación de las puertas giratorias y, muy importante porque nos lo viene pidiendo Europa, una y otra vez, desvincular el tiempo de mandato del mandato del Gobierno.
Y, por último, un plan de choque con la Justicia después del caos al que la ha sometido este Gobierno. Si los ciudadanos dan la confianza al Partido Popular el 23 de julio, tenemos listo el plan de medidas para aliviar el colapso lo más rápidamente posible y acometer esas reformas que el Partido Socialista no ha hecho.
–¿ Cree que será factible devolver las funciones hurtadas al Consejo General del Poder Judicial en los 100 primeros días de mandato para acometer los nombramientos pendientes?
–En lo que dependa del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo, así va a ser. Confíen en nosotros porque lo que estamos diciendo lo vamos a hacer. Hasta ahora hemos intentado, una y otra vez, plantear cuáles son los términos que nos están pidiendo desde la Comisión Europea y el Grupo Greco. Y lo hemos hecho tendiendo la mano en varias ocasiones al PSOE, intentando llegar a acuerdos. El problema es que la forma en la que ha entendido el Gobierno Sánchez los acuerdos es la imposición. Hemos visto su comportamiento con el Tribunal Constitucional, que no tiene parangón en democracia. Si eso no es intervenir el Tribunal Constitucional... rompiendo cualquier tipo de regla de neutralidad institucional. El Partido Socialista y su ministro de la Presidencia ya demostraron que no son de fiar porque al mismo tiempo que intentaba engañarnos con un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, hacía una reforma escandalosa a favor de unos delincuentes condenados en sentencia firme por la puerta de atrás.
La forma en la que ha entendido el Gobierno de Pedro Sánchez los acuerdos es la imposición
–¿Cómo piensan recuperar la credibilidad ante Europa tras un Gobierno que ha rebajado la malversación para alejarse de los estándares del resto de países miembros?
–La eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación llegaron de la mano de una reforma legal fraudulenta en la que el propio título y la composición del texto incorporaban la transposición de un proyecto que ya estaba en el Parlamento y que, sin embargo, el Gobierno había bloqueado para justificar su relato. Un relato que desmintió la propia Unión Europea. Inmediatamente saltó que habíamos hecho, en materia de malversación, lo contrario de lo que planteaba una norma de obligado cumplimiento en los próximos meses. Fue una burla a los ciudadanos y a la Justicia, porque dejó un vacío de protección sobre la integridad del Estado que protege la Constitución. Entre las reformas inmediatas que aparecen en esos primeros 100 días si llegamos al Gobierno es la recuperación de la sedición.
Tendremos que trabajar la proporcionalidad en el Código Penal incorporando delitos que tienen que estar. Aunque todos sabemos que no puede tener efectos retroactivos en lo desfavorable y, por lo tanto, igual que ha ocurrido con el 'sólo sí es sí' habrá una parte irreparable que, sin embargo, no podemos prolongar. Debemos dar a los jueces los instrumentos necesarios para que puedan cumplir con su función.

María Jesús Moro analiza para El Debate la situación de la Justicia en España
–La Fiscalía también ha sido foco de polémicas muy severas en esta legislatura. ¿Cómo puede entender el ciudadano medio que la institución creada para la defensa de la legalidad en nuestro país es la primera que se la salta?
–La gota que colmó el vaso fue la salida de fiscales de la asociación progresista de la que formaban parte tanto Dolores Delgado como el actual fiscal general del Estado. Lo que pone de manifiesto el hartazgo de una profesión que, efectivamente, es la que debe estar vigilante en la defensa de la legalidad. Por lo tanto, será imposible avanzar en reformas imprescindibles como un procedimiento criminal, garantista pero ágil, que también nos lo pide la Unión Europea, si previamente no hay un marco jurídico en el que se aborde la regeneración del Ministerio Fiscal, Esto no es un cortijo y no se hereda. Por lo tanto, nosotros tenemos la propuesta de un nuevo Estatuto. El papel del Consejo Fiscal tiene que estar mucho más claro, las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía han de redefinirse, El fiscal general no se puede inventar el derecho.
–¿Y qué me dice del indulto?
–Yo he recibido, en ocasiones, a madres angustiadas con un hijo que un día dio un mal paso y terminó en la cárcel. Madres que ven que a unos delincuentes condenados se les indulta porque sí, mientras no hay ningún tratamiento equitativo respecto a personas en las que los propios jueces te dicen que, a veces, no merecen la pena prevista y, por lo tanto, procedería un indulto. No es posible dar ningún paso atrás en las reformas encaminadas a mejorar el prestigio institucional, como ya hicimos cuando se intentó alterar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional que ha hecho verdaderas barbaridades desde entonces. Esto lo tenemos muy claro: no puede suceder lo que ha sucedido con el CIS, ni con el Instituto Nacional de Estadística (INE),... Eso es intervencionismo y colonización. Creo que eso se acerca mucho a lo que siempre hemos dicho de un país bananero, en el sentido de la falta de reglas de firmeza del Estado de derecho.