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11 de diciembre de 2023

Pedro Sánchez, durante su comparecencia del martes en la Moncloa

Pedro Sánchez, durante su comparecencia del martes en la MoncloaEFE

27 de noviembre, fecha límite

Cuenta atrás: Sánchez tiene tres meses para evitar una repetición electoral de alto riesgo

Después de la investidura previsiblemente fallida de Feijóo, irá la del candidato del PSOE. La presidenta del Congreso ya ha dado la primera señal de que no está tan seguro de salir triunfal

El tiempo ha empezado a correr para Alberto Núñez Feijóo, pero también para Pedro Sánchez. Una vez que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha fijado el pleno de investidura del candidato del PP para los días 26 y 27 de septiembre, el calendario político ha quedado despejado.
Si Feijóo fracasa en su intento, como parece lo más probable, el candidato del PSOE dispondrá de tres meses, hasta el 27 de noviembre, para lograr esa mayoría que, según le dijo al Rey el martes, cree estar «en condiciones de aunar». Ese día las Cortes quedarán disueltas automáticamente, si ni Feijóo primero ni Sánchez después consiguen ser investidos presidente del Gobierno. Y España iría de cabeza a unas nuevas elecciones de alto riesgo para la coalición.
Si tan seguro estuviera el líder socialista de que saldrá triunfal, Armengol no habría esquivado las fechas de una posible repetición electoral en Navidad. Poco le habría importado. Pero, por el contrario, sí lo ha hecho, al situar el horizonte de una hipotética repetición electoral en el domingo 14 de enero, previa campaña electoral de siete días.
Tanto el PSOE como Sumar van a ir a por todas, en unas negociaciones con el independentismo que coincidirán con tres fechas muy señaladas: la Diada del 11 de septiembre, el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la ceremonia de acatamiento de la Constitución por parte de la Princesa Leonor en el Congreso el 31 de octubre, día en el que la heredera alcanzará la mayoría de edad.

La amnistía: el nuevo Rubicón

La amnistía para los implicados en el procés será el Rubicón que Sánchez cruzará durante las negociaciones, ya sin ningún género de duda tras lo dicho por el presidente en funciones en su comparecencia del martes en la Moncloa. O, más bien, tras lo no dicho: Sánchez eludió opinar sobre si una ley de amnistía cabe en la Constitución, preparando ya el terreno para ese «alivio penal», que es como los socialistas han bautizado a la impunidad de los cabecillas del 1-O. «No me corresponde a mí decir qué es o no constitucional, para eso tenemos al Tribunal Constitucional», señaló el candidato del PSOE.
Un TC presidido por Cándido Conde-Pumpido y controlado por una mayoría de izquierdas que, en los últimos meses, ha avalado la ley de eutanasia y la ley Celáa, dos normas señeras del Gobierno de coalición, como también la ley de plazos del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero.
Este miércoles, tanto el portavoz del PSOE en el Congreso como la del partido, Patxi López y Pilar Alegría, siguieron a pies juntillas la senda marcada por su secretario general y declinaron opinar sobre la constitucionalidad de una amnistía. Cuando el TC anuló la amnistía fiscal de Cristóbal Montero en junio de 2017 por considerarla contraria a la Carta Magna, los socialistas celebraron el fallo del Constitucional y exigieron la inmediata renuncia del entonces ministro de Hacienda. «Se trata de una de las páginas negras de la Hacienda pública española», llegaron a proclamar desde el PSOE.
Si el PSOE ya no se esconde con la amnistía, en Sumar van directamente a cara descubierta. «No tenemos problema en poder hablar de una futura ley de amnistía, siempre que tenga todas las garantías jurídicas necesarias», señaló este miércoles la portavoz de la formación en el Congreso, Marta Lois. Yolanda Díaz ha reclutado a una veintena de juristas para estudiar fórmulas imaginativas para un encaje constitucional de la amnistía, a pesar de las dudas expresadas durante las últimas semanas por muchos expertos.
De manera informal, los socialistas ya han empezado las negociaciones para la investidura con el PNV y el resto de los actores implicados, incluido Junts per Catalunya. El partido de Carles Puigdemont es el hueso más duro de roer para Sánchez, sobre todo después de que el escaño número 137 para el PP complicara la vida al líder socialista, al pasar de necesitar la abstención de Junts a su voto favorable.
No obstante, hay una alternativa, y los socialistas la explorarán: si Coalición Canaria diera su voto al candidato del PSOE, con la abstención de Junts volvería a bastarle. Aunque, de momento, lo que hay por parte de CC es un acuerdo firmado con el PP para apoyar a Feijóo en la votación del 27 de septiembre. Y luego los canarios ya pasarán pantalla.
Con ERC y Bildu el camino no será fácil, pero sí mucho menos difícil que con Puigdemont. Un político al que Sánchez dio por amortizado la pasada campaña, durante una entrevista en Telecinco: «Afortunadamente, el señor Puigdemont es el pasado. Hace cinco años era un problema para España. Hoy es una anécdota», se felicitó entonces. Ahora, por el contrario, todo pasa por él y por Waterloo, su refugio. El candidato del PSOE tiene tres meses para convencer al prófugo de que, con él en la Moncloa, ganará más que abocando el país del que reniega a otras elecciones generales.
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