El anuncio de la ley de amnistía de Sánchez paraliza las 3 principales causas judiciales contra Puigdemont

De todas las causas judiciales a las que se enfrenta Carles Puigdemont en la distancia, tras fugarse de España a Bélgica en 2017, escondido en el maletero de un coche, la más seria que pesa sobre el líder de Junts, es la que se mantiene en el Supremo contra él, donde sigue procesado por dos delitos: desobediencia y malversación de caudales públicos agravada, una vez el Gobierno de Pedro Sánchez eliminó del Código Penal la sedición.

Sobre Puigdemont pesa una orden nacional de detención y entrega a las Autoridades españolas. Sin embargo, el reciente anuncio de la amnistía que prepara Sánchez para él, y otros responsables políticos del procés, a cambio de los siete votos que necesita para mantenerse en la Moncloa, ha supuesto un cambio de paradigma de la situación procesal de Puigdemont, al menos, en lo relativo a su reclamación ante las autoridades europeas. Pero, también, en las consecuencias que podría tener en sede doméstica, y a corto plazo, el borrado penal del PSOE, algunas de las cuales ya han empezado a ponerse en evidencia.

El juez Llarena y el juicio del procés

A simple vista y una vez que la amnistía entre en vigor y se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Puigdemont podría, técnicamente, regresar a España sin temor a ser detenido porque una de las consecuencias directas de la misma, al quedar eliminado el historial delictivo del expresidente de la Generalitat, es que el instructor de la causa, el juez Pablo Llarena, tendría que dejar sin efecto la orden nacional de detención y entrega. Es decir, el prófugo dejaría de serlo y, en consecuencia, podría regresar sin tener que sentarse en el banquillo.

Es cierto que la Sala Segunda del Supremo puede instar, y todo apunta a que lo hará casi con total seguridad, una cuestión previa de inconstitucionalidad para que la Corte de Garantías se pronuncie sobre el encaje de la ley de amnistía en nuestra Carta Magna. Aún en ese caso, cabe señalar que la nueva norma seguiría desplegando sus efectos. Eso sí, congelando el estado de su procedimiento ante el Alto Tribunal en el momento procesal en el que se encuentra en la actualidad.

La vuelta de Puigdemont a España y cómo se produzca la misma depende, por lo tanto, en último término, de lo que decida el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido sobre la constitucionalidad, o no, del texto de la amnistía que está en cocina para beneficiarle.

Las euroórdenes ante el TJUE

Carles Puigdemont ha exigido, formal y expresamente, desde el momento en que los votos de sus siete diputados son imprescindibles para que Pedro Sánchez gobierne, durante los próximos cuatro años, una amnistía de todos los delitos cometidos en el marco de la preparación y posterior celebración del referéndum inconstitucional del 1-O, en 2017.

No en vano, es consciente el separatista catalán de que, en los últimos tiempos, y desde que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le retirase en junio pasado la inmunidad parlamentaria que ostentaba hasta entonces, su discurso había ido perdiendo fuerza y credibilidad institucional y su situación judicial se había complicado, hasta el punto en el que la Fiscalía del Supremo pidió al juez Llarena que reactivase las euroórdenes contra él instando de nuevo su entrega a las autoridades belgas.

El escenario cambiaba de manera radical a partir de las pasadas elecciones generales del 23-J porque, aunque Puigdemont carece de inmunidad ante la Eurocámara, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la última instancia en la que trata de pleitear el independentista catalán, se mantiene a la espera de lo que pase políticamente en España antes de decidir que se la devuelve, si es que se decidiese a pedirla como medida cautelar.

Y es que, que Sánchez haya hablado expresamente de amnistía, y que la primera vez que eligiese hacerlo fuera en un contexto europeo ante líderes de los países miembros y prensa internacional, en Granada, ha tenido un impacto directo en los avances de la causa que todavía mantiene ante la Justicia europea. El TJUE queda condicionado en su actuación judicial al hecho de no interferir en la solución pactada y extrajudicial prevista por el Gobierno para librar a Puigdemont de la cárcel.

Si la amnistía sigue su curso porque ya no tendría sentido alguno pronunciarse sobre una inmunidad parlamentaria que, hasta la fecha, le ha permitido librarse de su regreso, detenido, a España. En caso contrario porque el mero anuncio de los planes de Sánchez empujan al TJUE a conceder una medida provisional que impida entregarle, hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto, incluso si la amnistía fracasa.

La Fiscalía, al rescate, en el TC

Ya el pasado mes de septiembre, el Gobierno, a través de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, salía al rescate de Puigdemont al recurrir la decisión de la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones del órgano que, en agosto, inadmitía el recurso de amparo planteado por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo (TS). El Ministerio Público interesaba, hace dos meses, que se estimase su recurso de súplica contra una resolución previa del Supremo y que se deje sin efecto el auto de inadmisión dictado el 9 de agosto por la Sala de Vacaciones al considerar que el mismo no se ajustaba a Derecho.

Así las cosas, a principios de septiembre, el Pleno del TC decidía anular la decisión mayoritaria de la Sala de Vacaciones, apoyado en una ponencia del magistrado de la izquierda de la Corte, y ex ministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo. El Pleno aceptaba entrar en el fondo de la impugnación de Puigdemont contra el criterio de los magistrados de guardia de la Sala de Vacaciones y tras aceptar la abstención de su presidente Cándido Conde-Pumpido quien, en abril de 2021, decidía apartarse de todos los procedimientos relacionados con el procés, tras ser recusado por varios líderes independentistas.

El presidente del órgano de Garantías, sin embargo, no ha puesto fecha todavía a la reunión en la que ha de determinarse si Puigdemont tiene la razón frente al Supremo o si, por el contrario, confirma la decisión del Alto Tribunal de mantener vigentes, contra él, la órdenes de detención activa en territorio nacional.

Una orden que, llegados a este punto, sin que la amnistía sea una realidad efectiva, complica gravemente que el expresidente catalán y prófugo de la Justicia pueda personarse en unos días para declarar en el juicio contable que arranca contra él, y una veintena de separatistas más, ante el Tribunal de Cuentas. El órgano administrativo trata de recuperar los caso cinco millones de euros que fueron malversados, presuntamente, por Puigdemont y otros cabecillas del procés, para la internacionalización del 'conflicto' catalán en octubre de 2017.