Los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Enrique Santiago, dos de los firmantes
Nombres muy familiares
Difunden un manifiesto de juristas por la amnistía y ocultan que la mayoría ocupa cargos políticos
Entre los firmantes hay varios diputados de Sumar, una eurodiputada de IU, un senador de ERC, un diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña y el exvicepresidente del Gobierno balear
El pleno extraordinario forzado por ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir sobre una amnistía que supone «la abolición del Estado de Derecho» -aducen- ha soliviantado a la izquierda y al independentismo. Puesto que sitúa la amnistía ya no en el debate político, sino el jurídico, dada las serias dudas que planea su constitucionalidad.
Así las cosas, los partidarios de la amnistía han contraatacado este lunes poniendo en circulación un manifiesto que lleva por título Juristas por la amnistía, la democracia y la convivencia. Para demostrar que la medida viene avalada por muchas opiniones expertas.
No obstante, al leer los nombres de los firmantes resulta que muchos ocupan cargos políticos o los desempeñaron en el pasado. Entre ellos están los diputados de Sumar Enrique Santiago, Engracia Rivera, Verónica Martínez Barbero y Gerardo Pisarello, que es además secretario primero de la Mesa del Congreso. También, la eurodiputada de IU María Eugenia Rodríguez Palop.
Asimismo, el diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol. Y el exdiputado Jaume Asens, ahora negociador en jefe de Sumar con el independentismo. En el listado figura el que fuera vicepresidente del Gobierno balear de Francina Armengol, el juez Juan Pedro Yllanes Suárez. Y Joan Ridao, exportavoz de ERC en el Congreso y coautor de la proposición de ley de amnistía que el independentismo registró en la Cámara Baja en 2021 y que fue inadmitida a trámite por la Mesa del Congreso. La redactó junto al actual senador de ERC Joan J. Queralt, que es otro de los firmantes.
También aparece el nombre del director general del Ministerio de Trabajo, Ricardo Morón Prieto. Y los de los exdiputados del PSC Jordi Pedret Grenzner y del PSOE Manuel de la Rocha Rubí, que además fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Asimismo lo han suscrito hasta el momento varios de los juristas a los que reclutó Yolanda Díaz para su propuesta de amnistía: los catedráticos de Derecho Penal Guillermo Portilla y Nicolás García Rivas y el profesor Antoni Llabrés, de la misma especialidad.
Entre los firmantes se encuentran el exjuez Baltasar Garzón, la exvocal progresista del CGPJ Concepción Sáez Rodríguez (de la órbita de IU) y la abogada María Luisa Turrión, que es la madre de Pablo Iglesias.
No podía faltar el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que lleva meses defendiendo en los medios de comunicación que la amnistía está permitida porque no está prohibida expresamente en ningún artículo de la Constitución. Junto a él, el profesor Joaquín Urías, también muy activo en la prensa.
Entre los firmantes hay hasta una exministra de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, que hasta el año pasado ocupó la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y un parlamentario ecuatoriense, Virgilio Hernández Enríquez.
Los promotores del manifiesto cargan contra los vocales conservadores del CGPJ y contra la asociación mayoritaria de jueces, la APM, en ambos casos por oponerse a la amnistía. «No puede sino calificarse de pura demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas», afirman en alusión a la Asociación Profesional de la Magistratura. Respecto al CGPJ, lo acusan de realizar «posicionamientos políticos ajenos a su función sobre futuribles textos jurídicos y sobre la situación política como si de un partido político se tratase».
«La amnistía no supone la despenalización de una conducta, sino la aplicación excepcional de una institución jurídica para normalizar una situación conflictiva, en este caso la normalización de las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado tras las tensiones independentistas de la pasada década, tensiones que gracias a los esfuerzos de la sociedad catalana y de la española los últimos años han ido atenuándose, y que podrían desaparecer definitivamente gracias, entre otras medidas, a una posible amnistía», remachan.
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