La Abogada del Estado Nuria Díaz Abad, hoy vocal del CGPJ
Contra el lawfare
Más de un centenar de abogados del Estado dan un paso al frente contra la «quiebra del Estado de derecho»
En un comunicado al que se han adherido letrados públicos de toda España y en el que está, entre otras, la que fuera jefe de la Abogacía del Estado ante el TJUE Nuria Díaz Abad
Los abogados del Estado firmantes, «hablando en nuestro propio nombre, con el pleno convencimiento de que la democracia en España tiene su único fundamento en el absoluto respeto a nuestra Constitución, garante de casi medio siglo de estabilidad política y de la salvaguarda de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos los españoles, queremos manifestar»:
Que «rechazamos rotundamente los acuerdos de investidura, que suponen un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad, con manifiesta quiebra de nuestro Estado de derecho».
«Nos oponemos frontalmente a la concesión de la amnistía a personas condenadas con las máximas garantías procesales y jurídicas, trasuna instrucción y un enjuiciamiento impecables. Rechazamos, igualmente, el acuerdo para la constitución de comisionesparlamentarias de investigación que suponen un ataque inaceptable a la independencia del Poder Judicial y una injerencia contraria al principio de separación de poderes, y que buscan ampliaciones indefinidas del ámbito subjetivo de la prevista Ley de Amnistía».
Así como «la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de la comunidad autónoma de Cataluña, que choca frontalmente con la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, como proclama el artículo 2 de nuestra Constitución».
«Rechazamos rotundamente la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que la comunidad autónoma de Cataluña mantiene con el Estado, que no responde al interés general de nuestra nación, sino a intereses particulares, y que atenta contra la necesaria solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los españoles que garantiza la Carta Magna».
«Mostramos nuestro completo e incondicional apoyo a todos los servidores públicos que, con lealtad y honestidad, defendieron nuestro Estado de derecho ante la inadmisible agresión de los partidos separatistas en 2017».
Y, «reiteramos nuestra lealtad inquebrantable a la Constitución y, por ende, a todos los españoles, frente a quienes, por su condición de representantes públicos, deberían garantizarla y, sin embargo, han pactado para incumplirla», finalizan.
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