El Supremo abre la caja negra del censo de Sánchez

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha fijado para el 7 de septiembre, a las diez de la mañana, una vista oral y pública sobre las medidas cautelares solicitadas por el partido Iustitia Europa. También debe comparecer la Junta Electoral Central. La Sección Cuarta explica claramente por qué convoca esa vista: por la relevancia y el alcance de las cuestiones jurídicas planteadas.

Conviene entender lo excepcional de ese señalamiento. La ley que rige el contencioso-administrativo no prevé vista para decidir una medida cautelar: se resuelve por auto, en papel. Para convocar una vista, la Sala ha tenido que acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, el Supremo ha decidido que este asunto se debata en voz alta y en público.

La caja distorsionada por el Gobierno

Lo que se discute es el futuro de la integridad de las elecciones en España. Iustitia Europa pide que se suspendan provisionalmente las altas incorporadas al censo de residentes ausentes, el CERA, que se apoyan en la presunción de exilio sin una acreditación documental suficientemente verificada. Y, si no se suspenden, que se identifiquen, se marquen y se separen en la base de datos del censo, que se auditen y que se conserven íntegros los expedientes, los registros electrónicos y los metadatos.

El argumento es sencillo: Sánchez ha convertido el censo electoral en una caja negra que solo él conoce y controla. No consta publicada una cifra exacta. No consta el reparto por provincias. No consta por qué vía se adquirió la nacionalidad en cada caso. No consta de qué consulado salió cada expediente. Y no consta la trazabilidad documental de una sola inscripción.

Hay algo más grave todavía. La propia Junta Electoral Central consideró insuficiente la información que le entregó la Oficina del Censo Electoral. El árbitro de las elecciones pidió los datos, y no se los dieron completos. El 16 de julio, la JEC rechazó suspender la elaboración del CERA. Pero hizo dos cosas más: pidió a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre cómo aplicar la ley y advirtió de que la asignación del municipio en el que vote cada nuevo elector deberá estar, y cito, «suficientemente motivada», si no coincide con su último domicilio en España.

Ese acuerdo no salió por unanimidad. Cuatro vocales firmaron un voto particular. Dos de ellos son magistrados del Tribunal Supremo. Sostuvieron que la Junta tenía la «obligación inexcusable» de impedir que el censo se ampliara, y cito otra vez, «contra legem». Y advirtieron de «efectos irreversibles». Fue una sesión turbulenta revelada en exclusiva por este medio. Nueve votos a favor. Cuatro en contra. El órgano que arbitra las elecciones en España se partió por escrito tras las presiones del ministro Félix Bolaños.

Todo esto es exactamente el núcleo de lo que El Debate lleva documentando desde el 2 de junio. Más de treinta artículos de investigación en los que ponemos de manifiesto una catarata de irregularidades en las nacionalizaciones del Ejecutivo socialista. La factoría gubernamental de españoles lleva años a toda máquina.

De Cuba a Buenos Aires

La magnitud del coladero sanchista habla por sí sola: más de 2.450.000 personas que pretenden ser españolas. A todos ellos el Gobierno les ha reconocido su derecho con solo haber presentado una solicitud por internet, incluso sin acreditar previamente su identidad. 545.000 expedientes aprobados en una factoría en la que no se verifica con las garantías necesarias a quién se le otorga la nacionalidad.

Al Gobierno le basta la credibilidad de los papeles de la dictadura cubana, de donde han salido 350.000 solicitantes. Se fabrican identidades sobre papel que nadie contrasta. También le resulta suficiente una partida de bautismo con un certificado de que no hay constancia en el Registro Civil. En un país en el que el odio anticlerical de la Segunda República y la Guerra Civil incendió iglesias por doquier. Precisamente los documentos que nadie puede verificar, y este medio demostró que los consulados ni siquiera lo intentan.

En Buenos Aires, con más de 645.000 solicitudes, el anterior cónsul, Fernando García Casas, admitió que no se exige documentación exhaustiva, sino «lo mínimo e indispensable». Con «probar la filiación» basta. Y se quedó tan ancho. Lo malo es que decía la verdad.

Y, para colmo, el Gobierno oculta en qué provincia se les inscribe para votar. Ya hay 320.000 nuevos electores fabricados por Sánchez. Solo Exteriores y Justicia saben a quiénes han metido ya en el censo, y si muchos de ellos han adelantado en la cola al resto de aspirantes, como denuncian en varios países los propios solicitantes y también ha revelado El Debate.

Alta cocina electoral en ebullición

Esta es la clave: En el CIS se cocinan las encuestas, pero esto es otra cosa. Es la alta cocina de Sánchez, porque lo que se guisa aquí es el cuerpo electoral. Y en un país donde el último escaño se reparte por unos miles de votos, o por cientos, esto es una jugada de manual. Del manual de resistencia de Sánchez: en Zaragoza, en 2019, el séptimo diputado se decidió inicialmente por 77 papeletas entre PSOE y Ciudadanos y en 2023, trece escaños se decidieron por menos de 3.000 papeletas.

El Gobierno y sus adláteres mediáticos lo niegan todo. Dicen que su fábrica de nacionalizados no va a influir en las próximas elecciones generales. Sus propias cifras les desmienten, y dan la medida del colosal as en la manga que escondía Sánchez hasta que este medio lo descubrió. Y eso que los 320.000 inscritos en el voto CERA por la vía de presuntos nietos son solo el aperitivo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que para el próximo verano serán medio millón.

El argumento de que apenas vota el 10 % del censo CERA en las elecciones es una falacia. Lo importante es cuántos de sus nuevos fabricados votarán, a quién van a votar y a qué provincia están adscritos. Con que voten unos pocos miles de los suyos, muchos de los cuales se han saltado la gigantesca cola de solicitantes, la cocina de la fábrica CERA puede otorgarle los restos que conforman la mayoría en el Congreso.

La mayoría que ya le rechazaron las urnas en el territorio nacional, como apuntaron las cuatro últimas elecciones autonómicas: derrota sin paliativos del PSOE en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y victoria de Ferraz en el voto exterior. Precisamente lo que venimos documentando en El Debate.

Ahora sí hay esperanza en el juego limpio

En conclusión. Sánchez no contaba con el paso al frente de los cuatro vocales del árbitro electoral. Ni mucho menos con que el Tribunal Supremo entrara a mirar dentro de su censo, sacando la pelota de dentro de la portería. El 7 de septiembre no se juzga a ninguna persona. Se juzga un censo. El censo cocinado por Pedro Sánchez que firma Tezanos, el de sus encuestas.

Lo que se va a juzgar es si el cuerpo electoral de un país puede crecer por instrucción administrativa. Sin que nadie sepa cuántos. Ni de dónde. Ni con qué papeles. Sánchez sabe que un censo que no se puede contar, ni verificar, no se puede auditar. Y contaba con que nadie lo haría. Durante casi cuatro años, nadie preguntó. Hace dos meses, El Debate destapó la caja de Pandora: el del as en la manga del presidente más tramposo de la democracia.

El árbitro miró para otro lado y solo sacó tarjeta amarilla. Cuatro de sus vocales levantaron la bandera. Iustitia Europa reclamó. Y el Supremo ha bajado al campo a sacar la pelota de dentro de la portería. El 7 de septiembre se abre la caja negra. Y las cajas negras solo cuentan una cosa: qué pasó de verdad. Quizás dentro de nada veremos sesudas informaciones poniendo en entredicho la imparcialidad de los miembros de la Sala. Y si no, al tiempo. Pero ahora sí. Ahora hay esperanza en el futuro del juego limpio electoral en España.