Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, y Félix Bolaños, ministro de Justicia
Encuentro institucional
Bolaños apunta al diálogo para «renovar el CGPJ» y se desmarca de la querella de Sumar contra su presidente
El nuevo ministro de Justicia se ha reunido con el titular interino del Consejo para tratar, entre otros asuntos, el desbloqueo de los nombramientos judiciales que ahogan al Tribunal Supremo
Félix Bolaños y el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se reunían este mismo viernes, apenas un par de horas después de que se conociese la querella de Sumar contra Guilarte y los vocales conservadores del Consejo por pronunciarse formal y públicamente contra la ley de amnistía del Gobierno. En el encuentro, fruto de la ronda habitual de contactos institucionales entre el nuevo ministro de Justicia y los operadores jurídicos, Bolaños ha querido desmarcarse de la iniciativa de los socios del PSOE en el Ejecutivo y se ha limitado a señalar que su objetivo prioritario para el máximo órgano de los jueces es la renovación. Cabe recordar que el Consejo cumplirá cinco años con el mandato prorrogado, el próximo día 4 de diciembre.
La guerra de la izquierda contra los jueces
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De hecho, según ha trascendido de la reunión que ha tenido lugar durante aproximadamente una hora, tanto Bolaños como Guilarte «han coincidido en la necesidad de renovación del CGPJ lo antes posible». «El objetivo que tengo como ministro de Justicia es que el CGPJ recupere su prestigio y devolverle la normalidad institucional que nunca debió perder», decía el titular de Justicia unos minutos antes de su llegada a la madrileña sede del Consejo, en declaraciones a la prensa a la entrada de un desayuno informativo.
El también ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes ha asegurado que va a hacer «el mayor esfuerzo posible, con el máximo diálogo y el máximo respeto, con todos los profesionales de la Justicia para renovar el CGPJ». Una posición que contrasta con la querella registrada por Sumar ante el Supremo por un presunto delito de prevaricación administrativa contra un total de nueve miembros del actual Consejo y sobre la que Bolaños ha evitado pronunciarse en todo momento.
«Empezar de cero»
No cabe duda de que la llegada de un nuevo titular al frente de la cartera de Justicia, supone que «empezamos de cero» para lograr la renovación del CGPJ, aseguraba el presidente interino del órgano quien confía en que «en este año» sea posible alcanzar un acuerdo para que haya un nuevo Pleno. Incluso en el complejo y polémico marco de la tramitación parlamentaria de una Proposición de Ley Orgánica de borrado penal del procés de la que el Gobierno del ministro Bolaños ha dejado al margen al Consejo que no tendrá que emitir ningún informe sobre el texto, dado que se trata de una iniciativa del grupo parlamentario socialista y no del Ejecutivo como tal.
«No tiene nada que ver, por lo menos en lo que a mí me afecta, renovar, el tema de la amnistía es ajeno, y tengo las mejores aspiraciones de que esto se renueve», ha aseverado Guilarte. Si bien ha querido aclarar que él no asiste a dicho escenario como un «agente de la renovación», sino que su papel alcanza hasta «ofrecer mediación, diálogo con unos y otros», para «desenquistar las dos posiciones, para buscar fórmulas intermedias o alternativas». «Mover un poco el árbol», ha ilustrado.
Durante el encuentro en el CGPJ, Guilarte también ha trasladado a Bolaños «la necesidad de buscar fórmulas alternativas que eviten la situación de enquistamiento actual», según informa el órgano de gobierno de los jueces y que, al mismo tiempo, desvíen el interés de los grupos políticos sobre el control del mismo.
No en vano, en diferentes ocasiones, el presidente interno del Consejo de los jueces ha apostado porque una de las opciones sea cambiar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo (TS), objetivando el proceso, desde la convicción de que hacerlo diluiría «enormemente» el interés de los partidos políticos en «hacerse con los vocales».
En estos momentos, la imposibilidad legal del CGPJ de realizar nombramientos discrecionales, tras el aval del Constitucional al bloqueo impuesto por el Gobierno, deja más de 80 vacantes en la cúpula judicial de nuestro país, de las cuales más de una veintena sólo en el Supremo, lo que supone un tercio de sus magistrados, siendo las salas más afectadas las de lo Contencioso-Administrativo y lo Social.
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