Álvaro García Ortiz
El Pleno se pronunciará hoy sobre su renovación
Una parte del CGPJ considera que García Ortiz «no es idóneo» como fiscal general por su «dependencia del Gobierno»
Siete vocales del Consejo emitieron un voto particular en contra de su nombramiento, en julio de 2022, alertando de que «su vinculación con el Poder Ejecutivo» comprometía su «neutralidad»
«Debemos comenzar señalando que la propuesta que se somete a nuestra consideración no nos plantea dudas sobre las condiciones objetivas de la persona propuesta para el cargo. Ahora bien, dicho lo anterior no podemos dejar de expresar que el candidato propuesto no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica», aseguró una parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre Álvaro García Ortiz tras ser propuesto por el Gobierno socialista como sucesor de Dolores Delgado para el puesto de fiscal general del Estado, en la pasada legislatura.
«En primer lugar, no es posible desconocer que la trayectoria del candidato propuesto para ocupar la Fiscalía General del Estado se liga de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la de la Fiscal General recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida. Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad y, en lo que parece (y para valorar la idoneidad desde la perspectiva de la confianza pública, las apariencias cuentan), algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época no son ajenos a la gestión del candidato propuesto», advirtieron ya en julio de 2022 los vocales que hoy conforman la mayoría del Consejo.
Las funciones que debe cumplir como Fiscal General del Estado están expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisionesPleno de 21 de julio de 2022
Ya entonces, para ellos, la «circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público, como los expedientes seguidos en relación con el fiscal Ilmo. Sr. D. Ignacio Stampa, o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos, son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto y nos obligan a concluir que no presenta los mejores avales para confiar en su idoneidad».
«Debemos poner de manifiesto que su participación en actos de la fundación ligada a un partido político, de la que se ha hecho eco la prensa, supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un Fiscal General del Estado», añadían sobre García Ortiz.
«No se discute en absoluto la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno, pero ello no excluye que esas mismas actividades hayan de ser tenidas en cuenta en toda su dimensión por lo que ello puede implicar desde la perspectiva del acceso a determinados cargos públicos: el evento en cuestión, por lo que se ha podido conocer, no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político», matizaba el sector crítico en su voto particular.
Y ello tuvo lugar, «además, en el marco singular con participación del candidato de ese partido político a las elecciones del territorio donde se desarrollaba el acto y de manera pública, generando inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal», afeaban siete de los vocales del CGPJ a García Ortiz en el informe preceptivo vinculado a su llegada al cargo por primera vez.
Unas circunstancias que, a juicio de dichos miembros del CGPJ que votaron en contra de su designación, constituían una «apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir y, por otro lado, no permiten la formulación de un pronóstico positivo de gestión cuando la pasada, que no le es ajena, se ha hecho acreedora de una valoración negativa».
En aquella ocasión, el Pleno aprobó por mayoría la propuesta del Gobierno para sustituir a Dolores Delgado en el cargo, «teniendo por cumplimentado el trámite de audiencia con motivo del nombramiento del Fiscal General del Estado».
Sin embargo, frente al acuerdo mayoritario de 12 de los vocales que entonces conformaban el órgano de los jueces, un total de 7 de los miembros del Pleno que hoy son mayoría –Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad, Mª Ángeles Carmona Vergara– formularon un voto particular contrario a la idoneidad del candidato.
Un trámite legalmente necesario
Y es que la polémica renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su cargo se someterá al filtro del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocado para este jueves. El máximo órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Por su parte, el magistrado Wenceslao Olea ha solicitado que «señale un nuevo Pleno» para tratar esta cuestión «con tiempo legal suficiente».
La inclusión de este punto en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre se ha producido después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que es titular Félix Bolaños, haya comunicado formalmente a la institución que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento del que llegara a lo más alto del organigrama del Ministerio Fiscal, tras la dimisión de su predecesora y amiga, Dolores Delgado.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Y Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto por lo que, a priori, cumple con el único requisito formal exigible para continuar en el desarrollo de sus funciones.
