Imagen del encuentro entre el comisario Reynders y el ministro Bolaños en Bruselas
Ley de amnistía
La Comisión Europea desaira a Bolaños y niega que haya «cero preocupación» por la deriva de Sánchez
El ministro español desvió la atención en la rueda de prensa posterior a las reuniones con diferentes personalidades de la Unión Europea
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pasó el pasado jueves de reunión en reunión por Bruselas viéndose con diferentes personalidades de la Unión Europea. Primero se reunió con su compañero socialista Juan Fernando López Aguilar en el Parlamento, al que entregó una copia física de la propuesta. Después, fue recibido por la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová y terminó la ronda con el comisario de Justicia Didier Reynders.
Pese a lo significativo de los encuentros, el representante del Gobierno aseguró que «sobre la ley de amnistía hay cero preocupación por parte de la Comisión». Bolaños mintió por varias razones.
La estrategia de comunicación en su visita estaba clara desde el principio. El Gobierno pretende transmitir que todo está bajo control, que no existe riesgo alguno para el Estado de derecho en España, que los que están contra la amnistía son los responsables del problema original enquistado desde hace seis años y que lo que pretenden es dialogar y consensuar en la diversidad, el lema oficial de Bruselas proclamado a los cuatro vientos: «Unidos en la diversidad».
Más allá de las líneas transparentes de unos y otros, la realidad asoma entre ellas y, en especial, en un lugar en donde la corrección política rezuma por todos los poros. Es más importante lo que se oculta que lo que se muestra. Y bajo este prisma se puede entender la trascendencia de determinados momentos que contradicen, de principio a fin, las declaraciones vertidas por el ministro Bolaños.
La primera y más importante es que ha sido este mismo viernes en rueda de prensa la Comisión quien ha desmentido a Bolaños. Bruselas explica que sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma, sobre la que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria definitiva.
«El análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones», ha explicado el portavoz de Reynders, Christian Wigand.
Por otro lado, si no hubiera preocupación, el ‘súper ministro’ no habría pisado Bruselas.
El pistoletazo de salida fue una carta
Diversas fuentes consultadas de la Comisión por El Debate coinciden en un mismo punto: la carta del comisario de Justicia Didier Reynders el día 7 de octubre dirigida por aquel entonces a los ministros en funciones Félix Bolaños y Pilar Llop.
Este fue «el pistoletazo de salida». Los críticos señalan que Reynders se extralimitó al pedir información sobre una ley que ni siquiera existía como propuesta. En cambio, es precisamente ese hecho el que demuestra la inaudita preocupación de la Comisión. Como se informó en su momento, la misiva tuvo el visto bueno de Ursula von der Leyen. La ‘Dama de hierro’ alemana no hubiera permitido ese comunicado sin su conocimiento.
Por si esto no fuera suficiente, la posterior contestación del ministro español «se sintió como una humillación», según aseguran las fuentes del Ejecutivo comunitario. Desde el Gobierno de España se quería desviar el foco de atención fuera como fuera y no se les ocurrió otra forma que atraer aún más las miradas con una respuesta que aseguraba que la supuesta ley de amnistía no tenía nada que ver con el Ejecutivo sino con un acuerdo parlamentario.
Esa respuesta hubiera servido en otro contexto ya que la Comisión es muy respetuosa con los procesos internos, pero al edificio Berlaymont siguen llegando peticiones de ciudadanos, asociaciones y partidos políticos rogando que no se atienda a las razones socialistas y separatistas por el evidente interés personal de ambos.
Debates habidos y por haber
PP, Vox y Ciudadanos consiguieron que se debatieran las consecuencias de la ley de amnistía para el Estado de derecho en España en la sede de la Eurocámara en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Hasta el pasado miércoles 22 de noviembre, tan solo tres países habían sido objeto de este debate: Rumanía, Hungría y Polonia. Para el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, «en Estrasburgo inicia la cuenta atrás de una posible sanción de la UE», según declaró en una entrevista para El Debate.
En unas recientes declaraciones a EFE ha señalado que «por desgracia vimos cómo el ministro Bolaños otra vez volvió a meter la pata diciendo que en la UE no preocupaba la amnistía y lo que tiene que decir es que estaba en Bruselas porque la Comisión Europea le había llamado a consultas para dar explicaciones sobre la ley de amnistía, y eso no sucede en ningún otro país de la Unión».
El comisario Reynders atrajo todas las miradas porque debía jugar el papel de árbitro y no se salió ni un milímetro de lo establecido. Intentó parecer imparcial esgrimiendo el Informe sobre el Estado de derecho que publica la Comisión anualmente desde hace cuatro años.
Empezó criticando el bloqueo en la renovación del CGPJ por parte del Partido Popular pero terminó prometiendo que «vigilará muy de cerca» la ley de amnistía. PP y PSOE vendieron el resultado de manera opuesta. Los socialistas lo vendieron como una «derrota» popular pero las palabras del comisario están ahí para la posteridad. Admitieron tener los ojos muy abiertos.
Vázquez asegura que «este debate fue el primero de los muchos que vienen». De hecho, el próximo 13 de diciembre habrá una nueva ocasión de para debatir entorno a esta ley. El presidente español Pedro Sánchez deberá comparecer para detallar las líneas principales de su presidencia y en esta ocasión no tiene escapatoria alguna.
A nivel institucional, EPP y ECR son los más activos. La razón es sencilla: ambos grupos cierran filas con sus socios PP y Vox, respectivamente. En el caso de Renew, Ciudadanos tiene un gran problema al no poder consensuar posiciones. Inexplicablemente tiene de socio al PNV. En cuanto a ID, suele seguir a ECR pero al no contar con socios españoles la implicación no es tan directa.
El último debate ha sido este pasado miércoles en el Comité de las Regiones. EPP y ECR consiguieron colar de nuevo el debate en esta ocasión durante la discusión de un nuevo marco anticorrupción europeo. El eurodiputado socialista y presidente del comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento (LIBE) perdió los papeles en su discurso y, gritando, señaló a los populares como el verdadero riesgo para la democracia y el Estado de derecho. Es lo mismo que defiende su compañera de grupo y presidenta del S&D Iratxe García.
Dejando al lado las interpretaciones de este o aquel partido, es importante resaltar que ya han tenido lugar dos debates al respecto y el tercero es en menos de 15 días. Y vendrán más.
Los tiempos importan
La Comisión Europea es el Ejecutivo comunitario y se mueve con pies de plomo. La Unión es un gran Leviatán y cada decisión se mira con lupa una y otra vez hasta estar seguros de tomar ese paso. Cuando no se sigue este procedimiento se abre una crisis, como ocurrió tras el ataque de Hamás a Israel. Von der Leyen y parte de su equipo lanzaron comunicados no consensuados con el resto de las instituciones.
Esto es clave para entender el procedimiento. Los contrarios a la amnistía se llevan las manos a la cabeza por la lentitud de la Comisión y los partidarios intentan vender la piel del oso antes de cazarlo argumentando que, al no haber declaraciones por el momento, todo está en orden.
Ninguna de las dos posturas es acertada. Según argumentan desde la Comisión, «que no haya declaraciones no significa que no se esté tomando en serio lo que pasa en España». Confirman que se «está estudiando al milímetro cada paso del Gobierno y de sus socios» pero que no van a quemar etapas de manera innecesaria. Queda así desmontada la versión del Gobierno: a Bruselas sí le preocupa la ley de amnistía pero sus tiempos no son los que parte de España desearía.
Para bien o para mal, los anteriores castigos contra Rumanía, Hungría y Polonia marcan la pauta. El tiempo mínimo para que se posicionen de manera oficial es de seis meses, pero lo más probable es que tarde un año.
Bolaños señalaba este jueves en la rueda de prensa que espera que la ley venza todas las resistencias en torno a marzo o abril de 2024. Si la cuenta atrás, según las fuentes consultadas, comenzó el 7 de octubre con la carta de Reynders, podría darse la coincidencia en el tiempo. En el peor de los casos, no se diría nada hasta pasadas las elecciones europeas de junio.
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