Pedro Sánchez, en un acto de la Presidencia española de la UE
A falta de escaños...
Sánchez aprueba su decreto ley número 142 y se dispone a usarlo aún más esta legislatura
El Consejo de Ministros despide el año con un decreto que prorrogará las medidas anticrisis y que ha provocado un enérgico tira y afloja entre el PSOE y Yolanda Díaz
El último Consejo de Ministros del año aprobará este miércoles el decreto número 142 de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno que ha batido todos los récords en los cinco años y medio que lleva en la Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero aprobó 107 en siete años y medio de presidente. En el caso de Mariano Rajoy fueron 106 en seis años y medio. Y José María Aznar dictó 127 en sus dos mandatos.
Y parece que, en esta legislatura, Sánchez seguirá abonado al decreto ley con aún más asiduidad, a pesar de que está constitucionalmente reservado para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Puesto que a la precaria mayoría parlamentaria que ya arrastraba en la pasada se unen en ésta: la independización de Podemos, con quien el PSOE tendrá que negociar por separado y al margen de Sumar. También, la entrada en escena de Junts como socio imprescindible. Y la alianza de los de Carles Puigdemont con el PNV, actuando así de contrapeso al eje ERC-Bildu.
El decreto ley de este miércoles será el tercero de la recién estrenada legislatura
De momento, el decreto ley de este miércoles será el tercero de esta legislatura, que en la práctica lleva apenas un mes de andadura. El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó los dos primeros: un decreto ley de reforma del subsidio de desempleo, necesario para que la UE active el nuevo tramo de los Fondos Next Generation solicitado por España, de 10.000 millones de euros; y otro con medidas para para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia.
Hasta el último momento ha habido tira y afloja por el último decreto ley del año 2023 entre Nadia Calviño, Teresa Ribera y María Jesús Montero, por un lado, y Yolanda Díaz por el otro. El acuerdo en torno a la prórroga de la supresión del IVA para productos de primera necesidad y la rebaja al 5 % en el aceite y las pastas fue rápido, pero así respecto a otras medidas.
Las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Nadia Calviño
El principal punto de fricción ha estado en el impuesto extraordinario, y en teoría temporal, a la banca y las energéticas. Puesto que Sumar quiere no solo prorrogarlo, sino convertirlo en estructural. Como pasó con la gratuidad de los abonos de Media Distancia y Cercanías, que en este 2023 fueron incluidos en los Presupuestos Generales.
En el «decreto anticrisis» –así los denomina el Gobierno– también estará incluida la prórroga de los descuentos del bono social térmico, así como el transporte público gratuito para jóvenes y desempleados. Está aún en duda qué pasará con la rebaja del IVA sobre la electricidad y el gas del 21 al 5 %. Lo más probable es que se amplíe, pero que sea más restrictiva a partir del 1 de enero.
Bildu anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para prorrogar la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables hasta 2025. La semana pasada ya alcanzó otro para prohibir los cortes de suministros básicos (electricidad, gas y agua) y ampliar la tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos a las calderas comunitarias.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, instó este martes al Gobierno a que deje de «alimentar» a Bildu y de «agasajar» al independentismo y pacte con el principal partido de la oposición algunas de las medidas. Los populares siguen apostando por deflactar los tramos del IRPF para las rentas medias y bajas e incluir la carne, el pescado y las conservas en el IVA rebajado.
Una convalidación asegurada
Pero no. Tampoco esta vez Sánchez ha contado para nada con el PP, puesto que tiene la seguridad de que el Congreso convalidará en enero el decreto ley de este miércoles. Sin ningún problema. Al Ejecutivo le gustaría tener los mismos 179 votos con los que contó el presidente para su investidura en primera vuelta: los del PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, el PNV, el BNG y Coalición Canaria. Ahora también deberá negociar por separado con los cinco diputados de Podemos, pero tiene un mes de margen.
Las medidas de lo que el Ejecutivo denomina «escudo social» han costado en este 2023 casi 15.000 millones de euros; un montante similar a la deuda con el FLA (el Fondo de Liquidez Autonómico) que Sánchez ha prometido condonar a Cataluña.
El primer decreto ley de Sánchez fue uno para cambiar al presidente y al resto del Consejo de Administración de RTVE
El primer decreto ley que aprobó Sánchez al llegar a la Moncloa fue uno para cambiar al presidente de RTVE y al resto del Consejo de Administración de la corporación pública cuanto antes. Fue el 22 de junio de 2018. Desde entonces han llovido 142 con el de este miércoles, y solo uno fue derogado por el Congreso: el que permitía al Gobierno que los ayuntamientos le entregaran sus ahorros, y que en septiembre de 2020 soliviantó a todos los partidos salvo al PSOE.
El camino corto y fácil
El decreto ley es el camino corto para legislar, frente al proyecto de ley. Se trata de un atajo con el que el Gobierno se ahorra las farragosas negociaciones parlamentarias y elude los informes de los órganos consultivos. Entra en vigor cuando lo aprueba el Consejo de Ministros y lo publica el BOE.
Tiene que ser convalidado por el Congreso en los 30 días siguientes, con la posibilidad de que después sea tramitado como proyecto de ley. Ésta última es la forma que tienen los grupos para introducir enmiendas. Pero muchas veces el Ejecutivo accede a tramitar un decreto ley como proyecto de ley tras su convalidación y luego lo deja guardado en un cajón.
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