Los tres vicepresidentes de Vox plantan al Gobierno en rechazo al reparto de menores no acompañados

Los vicepresidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Óscar Fernández Calle, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán, de Vox, que son en los tres casos los titulares de las consejerías con competencias en Servicios Sociales, han decidido no acudir este miércoles a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno como rechazo a lo que denuncian como una «nueva imposición» del Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo que respecta al reparto de menores extranjeros no acompañados.

Según han subrayado, consideran que el Gobierno central «vuelve a actuar de manera unilateral, imponiendo unos criterios de distribución arbitrarios, opacos y completamente alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas».

Señalan que entre los asuntos incluidos en el orden del día de dicha reunión se encuentra la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros destinados a la atención de estos menores durante este año. Una propuesta que a juicio de los consejeros de Vox es «un nuevo intento de financiar la estafa del Gobierno de Sánchez en materia migratoria», que además reprochan que viene a fomentar el efecto llamada y continuar perjudicando un sistema al límite.

Así, los tres vicepresidentes han anunciado que van a poner en marcha «todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales» a su alcance para ejercer una «oposición frontal» a lo que consideran que es una decisión unilateral del Gobierno de Sánchez, así como para defender las competencias de las regiones y exigir una política migratoria basada en el control de las fronteras y en el cumplimiento de los acuerdos de gobierno.

En Extremadura y en Aragón –en Castilla y León aún no porque el Gobierno se constituyó hace apenas un mes– Vox desde estas consejerías está impulsando varias medidas encaminadas a hacer frente al reparto de menores impuesto por el Ejecutivo central. Ya ha anunciado una ofensiva judicial hace unas semanas contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de Sánchez por el «fraude» en el reparto, entre otras cosas porque, según denuncian, en muchos casos no son realmente menores los inmigrantes a los que se obliga a las regiones a acoger –por eso también se ha dado instrucción para hacer pruebas de edad–, y ha avanzado que va a recurrir las nuevas llegadas con los medios a su alcance.