El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco, en la sesión plenaria de las Cortes
Vox impulsa en las autonomías la batalla contra el Gobierno por la llegada de menores no acompañados
Los Ejecutivos regionales van a emprender una ofensiva judicial contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra Interior y el Gobierno central por el «fraude» en el reparto y recurrirán las nuevas llegadas
Extremadura acoge actualmente a 106 menores, Aragón, a 219
Vox ya advirtió antes de formar los gobiernos que la oposición a la inmigración ilegal y masiva, como el rechazo a las políticas verdes, eran una 'línea roja' o puntos irrenunciable en toda negociación. Precisamente la llegada de menores extranjeros no acompañados por el reparto forzoso que se acordó entre el Gobierno central y las comunidades autónomas fue lo que esgrimió la formación de Santiago Abascal en 2024 para abandonar los ejecutivos regionales y ahora, de nuevo en ellos, está haciendo de las medidas en esta materia un prioridad de su plan de acción.
Tanto en Extremadura como en Aragón Vox ha impulsado desde los gobiernos una batalla contra el Ejecutivo central por la llegada de estos menores inmigrantes, en apenas mes y medio desde que pusieron en marcha el nuevo Gobierno. En la primera, hay actualmente 106 menores acogidos, 13 han llegado en los últimos días, y, como han apuntado desde la Junta, esta cifra subirá previsiblemente a 113. Y en el caso aragonés, hay 219, de ellos 130 han ido llegando desde octubre por imposición del Gobierno central. En los últimos diez días se han incorporado 14.
Los vicepresidentes Óscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco, que en ambos casos dirigen la consejería que tiene las competencias en los servicios sociales, anunciaron este jueves que se va a emprender una ofensiva judicial contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno central por el «fraude» en el reparto forzoso y un incumplimiento de la ley de Extranjería y se van a recurrir las nuevas llegadas e imposiciones en este sentido del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los medios legales a su alcance.
Los dos gobiernos quieren hacer, y así se ha ordenado a la Fiscalía, pruebas de edad a los menores que no han llegado sin certificado biológico o en los casos en los que haya sospechas para determinar si realmente son menores, ante los casos de «fraude» que han denunciado. Tal como han indicado los vicepresidentes, cuando se detecte que uno no es menor de edad, será expulsado del sistema de acogida y se instará a Delegación del Gobierno a asumir la responsabilidad como autoridad competente.
Según apuntó el vicepresidente de la Junta de Extremadura, por ejemplo, desde 2023, 73 inmigrantes entraron en España siendo en un primer momento considerados mayores de edad y pasaron a integrarse en el sistema de protección de menores después de que declarasen que eran menores. Algo que además, según indicó, ha supuesto en torno a cuatro millones de euros de dinero público.
En el caso de Extremadura, Fernández Calle trasladó esta semana que se van a revisar de forma individualizada el expediente de los menores acogidos para comprobar si existen familiares o personas de referencia que puedan asumir la atención del menor, de acuerdo a la normativa.
Y en el caso de Aragón, como comunicó Nolasco, se van a promover «con la máxima urgencia», acuerdos con los países de origen de esos menores para «reforzar las redes de atención social y centros de acogida de menores en esos países» con «compromisos firmes, verificables y efectivos» por parte de sus autoridades, para evitar que sigan llegando más a la región y garantizar las condiciones de repatriación de aquellos que el Gobierno de Sánchez obliga a acoger a los gobiernos autonómicos.
Como ya informó El Debate, el Gobierno de Aragón, por otra parte, va a tomar medidas en lo que respecta a la seguridad dentro y fuera de los centros de menores no acompañados. Según señaló ayer el vicepresidente, todas las semanas hay algún incidente en estos centros, de mayor o menor gravedad; relató en este sentido agresiones tanto entre los menores como a trabajadores de los mismos. Así, se va a establecer seguridad privada durante 24 horas todos los días del año, en el acceso a estos centros y en el interior. Además, ya anunció Nolasco que el Ejecutivo autonómico va a denunciar los incidentes graves y los delitos que cometan menores no acompañados y se va a personar en las causas judiciales que se abran al respecto.
