Ilustración: Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia
Tribunales
Los frentes abiertos de la Justicia en 2024: amnistía, renovación del CGPJ y subida salarial de funcionarios
Durante los próximos 12 meses se aprobará el borrado penal del procés y tanto Supremo como Constitucional tendrán que pronunciarse sobre cómo afecta a los condenados y a los procesados
El 2024 podría ser el año de la vuelta del expresidente de la Generalitat de Cataluña que encabezó el procés y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, a España, o no. La Proposición de Ley de Amnistía, registrada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados está en fase de tramitación y, pese a que el Senado supondrá un escollo en la fórmula exprés diseñada para aprobarla, todo apunta a que el texto estará publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no más allá de primavera.
Un escenario en el que, sin embargo, la aplicación de la norma no será inmediata porque la cuestión previa de inconstitucionalidad que prevé plantear el Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los recursos de inconstitucionalidad ante el TC español que ya han anunciado, entre otros, el PP como principal partido de la oposición, complican las cosas.
La complicación de la amnistía
La comunidad jurídica, casi de manera unánime, considera la amnistía como una herramienta excepcional que no está recogida de manera expresa en nuestra Constitución y, por lo tanto, tendrá que ser analizada por la Corte de Garantías que preside el magistrado Cándido Conde-Pumpido antes de su puesta en marcha de manera efectiva.
Así las cosas, será el Supremo quien determinar, con la norma en la mano, si procede beneficiar –de acuerdo al principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo– a los cabecillas políticos del procés. Y, en su caso, si procede hacerlo para todo los enjuiciados y condenados en firme, como Oriol Junqueras y los ex consejeros de Esquerra Republicana (ERC); o, si además, correspondería un perdón anticipado para los reclamados por malversación y huidos de la Justicia, como el propio Puigdemont.
No en vano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya declaró que el Supremo español era el órgano competente para juzgar la causa especial del referéndum ilegal del 1-O y, por lo tanto, decidir si en el caso de que el Parlamento, previa exigencia de los separatistas catalanes a Pedro Sánchez, apruebe una ley de amnistía 'a la carta', ésta afectaría a los independentistas catalanes de Junts y ERC.
Para ello, cuenta con una doble vía: en primer lugar, acudir al Constitucional (TC), para que determine si el nuevo texto legal se ajusta al marco de nuestro ordenamiento jurídico; y, en segundo término, dirigirse de nuevo ante sus colegas europeos del TJUE para que determinen si dicha futura y eventual ley le obligaría a archivar el requerimiento vigente contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de los responsables políticos independentistas que, hasta ahora, se han sustraído a la acción de la Justicia.
En el caso del Constitucional, el magistrado instructor Pablo Llarena podría plantear una cuestión prejudicial, similar a la que ya elevó a Bruselas sobre la vigencia de las euroórdenes dictadas, y actualmente latentes, contra Puigdemont y su exconsejero Toni Comín.
La renovación del CGPJ
Así las cosas, la Justicia española se planteará en clave europea, en 2024. En especial si, finalmente, prospera la propuesta del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sobre la supervisión de la Comisión europea en la materia durante las negociaciones entre su partido y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva prorrogado desde hace más de 5 años.
El principal obstáculo para que el cambio institucional se lleve a término es, sin duda, la reforma legal que el PP pondrá sobre la mesa — como condición imprescindible para cerrar el pacto político— para que la designación de los nuevos vocales se haga, desde ahora en adelante, de acuerdo a la elección de sus propios pares. Esto es, que sean los jueces los que elijan a sus representantes reduciendo, al máximo, la capacidad de intervención de los partidos políticos en la conformación del Pleno de un órgano del que despenden, entre otras cuestiones, los nombramientos discrecionales de los magistrados que han de ocupar los más altos tribunales de nuestro país.
Frente al bloqueo de los últimos años sobre el Consejo, ahora el PSOE y el PP han logrado aproximar sus posiciones para negociar, con la intermediación de un representante de la Comisión Europea, de la mano del propio comisario Didier Reynders quien, en no pocas ocasiones, ha instado a España a renovar el CGPJ y abordar la reforma de la ley vigente para hacerlo. Si bien, el orden de los factores, en este caso altera, de manera sustancial, el resultado de las conversaciones.
Mientras los socialistas piensan en un cambio de los vocales que conforman el Pleno, antes de abordar una reforma legal «que cumpla la recomendación del Consejo de Europa, que es que la mayoría de miembros del consejo de jueces sean elegidos por sus pares». Para el PP resulta condición sine qua nom que el nuevo sistema de elección quede garantizado antes de apoyar ningún cambio en el seno del CGPJ actual.
Un planteamiento que, hoy por hoy, cuenta con el veto del propio Pedro Sánchez que prefiere mantener el método vigente desde 1985, avalado por el Tribunal Constitucional con condiciones que no se están cumpliendo, para así consolidar una nueva mayoría de izquierdas que, hasta la fecha, es de las pocas que se le ha resistido en su intento por controlar el Poder Judicial en nuestro país.
La huelga salarial de los funcionarios
Pero si algo dejó pendiente el 2023 para el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, es la negociación pendiente entre el Gobierno y los funcionarios de Justicia para la subida salarial acordada, en la pasada legislatura, con los Letrados (LAJ), jueces y magistrados que, sin embargo, no llegó a ponerse en marcha de manera práctica. No en vano, las conversaciones entre el Gobierno y los sindicatos del ramo se frenaron en seco el pasado mes de mayo, tras el anuncio de elecciones anticipadas del 23-J, dejando pendientes las mejoras retributivas que reclaman más de 40.000 empleados públicos.
De tal manera que una de los primeros retos de Justicia, una vez conformado el equipo directivo del Ministerio que dirige Bolaños, junto con Manuel Olmedo como número dos y Sofía Puente a cargo de la secretaría general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, tendrá que centrarse en resolver el conflicto con quienes ya han recordado que, en caso contrario, volverán a la huelga y a los paros masivos si es necesario, como medida de presión para lograrlo.
Además de esa subida salarial que exigen CC.OO., UGT y CSIF, similar a las alcanzadas por el resto de operadores jurídicos, que oscila entre los 400 y 450 euros brutos más al mes, los funcionarios reclaman el «reconocimiento, redistribución y clarificación de funciones» en el seno de la Administración de Justicia para mejorar sus condiciones laborales. Cabe recordar que los empleados públicos arrancaron en abril de 2024 con una serie de movilizaciones por toda España, que fueron subiendo el tono, y se tradujeron en la suspensión de millón y medio de juicios y más de 15 millones de actuaciones judiciales.
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