El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños
Crisis institucional
Las cuatro claves de la renovación del CGPJ pactada entre PSOE y PP
La prórroga del máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados españoles compromete la viabilidad del funcionamiento del Supremo, entre otros
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado durante los últimos cinco años, ha sido uno de los principales escollos entre Gobierno y oposición, tanto clave doméstica como en el exterior, para que España resolviese un problema enquistado desde diciembre de 2018, fecha en la que debió haberse cambiado la composición del Pleno de la institución, según está previsto en la Constitución.
Sin embargo, la reforma exprés del Código Penal, orquestada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a espaldas del PP, para eliminar la sedición y rebajar la malversación –tal y como pedían los independentistas catalanes, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado– supuso la ruptura de las conversaciones entre los socialistas y los populares, como principal partido interlocutor.
Ahora, tras consumarse más del doble del mandato para el que fue confirmado, y como cierre a 2023, en la última reunión mantenida entre Sánchez y Núñez Feijóo en el Congreso, hace unos días, PSOE y PP parecen haber acordado la necesidad de llegar a un acuerdo de renovación del máximo órgano de los jueces en nuestro país. Y éstas son las cuatro claves del mismo.
1. El observador europeo
Una solución que pasará, en ausencia de la intervención de Congreso y Senado –que, en realidad, son las Cámaras parlamentarias competentes para impulsar el trámite, de acuerdo al sistema vigente– por la intervención de un observador europeo que verifique la imparcialidad de los perfiles de los candidatos a sustituir a los vocales que, en la actualidad, conforman el Consejo.
La propuesta de Feijóo a Sánchez busca no sólo evitar que, en ausencia de una modificación previa del sistema de elección actual, los socialistas se sienten a la mesa de la negociación con la intención de controlar la mayoría del CGPJ sino, además, contar con el visto bueno de la Comisión de Justicia de la UE a quien, hasta la fecha, han interpelado tanto el PP como la mayoría de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales españoles para que mediase en la necesidad de reformar el método vigente, con la intención de despolitizarlo.
2. El desbloqueo de los nombramientos
Pedro Sánchez es consciente de la importancia de contar con la mayoría de vocales, próximos a la izquierda jurídica, para lograr que las vacantes de los más altos tribunales queden, también, asignadas a los magistrados más afines en las causas más políticas, como ya sucedió con la renovación del Constitucional a su medida. El bloqueo impuesto por el Gobierno al CGPJ en la función de nombramientos, como medida de presión para que el PP accediese a la renovación inmediata del órgano, ha dejado, al borde del abismo al TS que sobrevive, desde hace meses, con cerca de un 30% menos de magistrados de los legalmente previstos.
Los cimientos de un consenso de mínimos para que el relevo del CGPJ sea efectivo permite, por primera vez en los últimos cinco años, ser optimistas frente a la insoportable acumulación de vacantes sin cubrir en la cúpula judicial, que llegan ya hasta las 86. Una cantidad impracticable si se tiene en cuenta que algunas Salas del Supremo funcionan, al borde de la agonía, con los cuatro magistrados necesarios para la conformación de las mismas pero sin posibilidad de suplencias en el caso de que se produzca alguna baja, excedencia, dimisión o fallecimiento.
Un total de 24 vacantes sobre el total, pertenecen al Supremo: 1 en la Sala de lo Penal, 3 en la de lo Militar -con sólo 5 magistrados en activo de los 8 que requiere la plantilla- 11 huecos en la de lo Contencioso-Administrativo y siete en la Sala Cuarta de lo Social.
Curiosamente, esta última, estaba presidida por la magistrada María Luisa Segoviano quien antes de ser elegida por el CGPJ, como una de los dos magistrados al Constitucional, en su última renovación, era muy crítica y beligerante contra la reforma del Gobierno que permitió la crisis de efectivos que atenaza al TS. La cosa cambió con su voto favor de la legalidad del bloqueo impuesto por el Gobierno, una vez sentada en su sillón del órgano de Garantías.
3. Evitar un vuelco en la jurisprudencia
Ante semejante escenario, la continuidad del bloque mayoritario conservador durante el tiempo que sea necesario para prestar las funciones del CGPJ que no fueron congeladas por el Ejecutivo socialista, gracias al aval del Tribunal Constitucional, no sólo complica los planes del Gobierno de cara a la cobertura de las vacantes de jueces en los más altos órganos de nuestro país sino que permite al principal partido de la oposición, mantener sus líneas rojas de control, ante las futuras y eventuales resoluciones del Consejo, en un momento especialmente complicado con el lawfare y la amnistía.
Los nuevos vocales tendrán, sin duda, como principal responsabilidad, la de realizar al menos 86 nuevos nombramientos, muchos de ellos en puestos clave de la cúpula de la Magistratura española pero, con el actual Consejo, en marcha no hay posibilidad alguna de que las plazas de jueces y magistrados pendientes de cubrirse, tengan por fin nuevos titulares más afines al Gobierno y, por lo tanto, susceptibles de facilitar los trámites más aciagos en materia de reformas o decretos-ley del Consejo de Ministros en la próxima legislatura.
De lo contrario, el «vuelco» de las mayorías vigentes en algunas de las Salas del TS, por ejemplo, con la entrada de casi la mitad de nuevos miembros en alguno de los casos, podría suponer un «cambio de criterio» radical en la interpretación de algunas de las materias más complicadas y, con ello, un «vuelco de la jurisprudencia acordada» de más de ciento ochenta grados en dichos asuntos, tal y como advertían a El Debate, hace un tiempo, fuentes próximas al Alto Tribunal.
No en vano, la voluntad del Gobierno genera suspicacias ya que siempre ha sobrevolado que su interés real en la renovación del CGPJ es, más allá, del control sobre el órgano, poder controlar la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo porque es la encargada de fiscalizar sus decisiones. Así como la Sala Segunda que, ante una futura y eventual vigencia de la Ley de Amnistía, tendrá que tomar decisiones importantes sobre la suspensión temporal de la misma para los beneficiados separatistas.
4. El compromiso de la independencia
Sea como sea, y ante este escenario, el nuevo Consejo afrontará una misión sin precedentes: la responsabilidad de renovar a una cuarta parte de la cúpula judicial a la espera de ver cómo evolucionan las cuestiones más decisivas, en clave política, en materia de borrado penal del procés o el intento de revisar las decisiones judiciales, a través de comisiones parlamentarias. Europa siempre ha proclamado que la armonización del CGPJ español con el resto de países de nuestro entorno pasa, necesariamente, por la independencia absoluta de sus componentes,
De ahí que el PP insistiese en la necesidad de modificar la ley vigente para reformar el sistema de elección de los vocales y que fuesen los jueces los que eligiesen a sus representantes, o la mayoría de ellos, con la intención de que la independencia de estos garantice, a posteriori, la independencia de los jueces designados por estos en los más altos tribunales. Es decir, desligar el número de vocales que se sientan en el Consejo de la proporción de las representaciones parlamentarias.
Llegados al primer y único punto de encuentro, desde hace años, entre socialistas y populares, ha quedado comprometido que la cuestión quedará enfocada para, en una segunda fase de las conversaciones, abordar este reto. Una vez, eso sí, designados los 20 nuevos nombres que, de ser así, se convertirían en los últimos seleccionados por los partidos políticos, desde 1985, para dar paso a un gobierno real de los magistrados, desde, por y para ellos.
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