La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano Astaburuaga asiste al primer Pleno jurisdiccional
Tribunales
Malestar con el voto de Segoviano a favor del bloqueo al CGPJ: «En el Supremo fue de las más críticas»
La ex presidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, antes de ser nombrada por el propio Consejo para el Constitucional, «batalló acaloradamente» contra la parálisis institucional impuesta por el Gobierno
El 20 de octubre de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se declaró la jubilación forzosa, tras cumplir la edad legal máxima permitida para ello, de la que hasta la fecha ha sido la primera y única mujer presidenta de Sala en el Supremo, María Luisa Segoviano. La salida de la veterana jurista colocaba al Alto Tribunal en una posición límite elevando las vacantes sin cubrir, por aquel entonces, hasta las 17. Una de las más perjudicadas era, precisamente, la Sala Cuarta de lo Social que, sin Segoviano al frente, quedaba mermada en cinco magistrados de los 13 que deberían integrarla en condiciones normales.
El problema nacía del bloqueo impuesto, durante la pasada legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez, al Consejo que prorrogado en su mandato, desde 2021, no puede cumplir con la función de realizar los nombramientos necesarios para reponer las bajas, jubilaciones, excedencias o fallecimientos en la cúpula judicial de nuestro país. Una reforma exprés que recibió las críticas de algunos de los acuerdos de la Sala de Gobierno del Supremo a la que Segoviano pertenecía en su condición de presidenta de Sala.
La magistrada laboralista fue una de las más «batalladoras» conta la reforma legal instada por PSOE y Podemos por la que el CGPJ quedó limitado en sus competencias. No en vano, junto con la Sala Tercera, la Cuarta que ella lideraba por «su situación especialmente delicada» la llevó a mostrarse «muy vehemente y hasta acalorada» en no pocas ocasiones, apuntan a El Debate algunas fuentes próximas al Supremo.
De ahí el malestar con el «radical cambio de criterio» de la hoy magistrada del Constitucional que, en el Pleno monográfico de este pasado lunes, apoyaba con su voto la sentencia de su compañera María Luisa Balaguer que valida la parálisis institucional del Consejo. Una resolución que fue aprobada por siete votos contra cuatro y que lamina, en palabras de algunos jueces, «no sólo limita o condiciona la capacidad de autogobierno del Poder Judicial» sino que «allana» el camino a un futuro y eventual Gobierno para reformar el CGPJ sin consenso.
«Situación insostenible» en el Supremo
Así las cosas, apenas un mes después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuese desbloqueado por Sánchez pero sólo para renovar el Constitucional al que se incorporó Segoviano, precisamente a propuesta del propio órgano de los jueces, la Sala de Gobierno del Supremo acordaba, por unanimidad, insistirle para que instase al Congreso y al Senado «el imprescindible remedio inmediato» de la «situación insostenible» en que se encontraba ya el Alto Tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubriesen las vacantes de magistrados.
Los integrantes de la Sala de Gobierno adoptaban dicho acuerdo tras hacer suyo un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, pedido por el CGPJ, donde se concretaba el impacto negativo en la actividad de cada una de las cinco salas derivada de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial.
La Sala de Gobierno consideró entonces necesario que el Parlamento estableciese un «remedio inmediato de este estado de cosas» y promoviese «cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore», ante la estimación de que en 2023 sólo «en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social», la que fuera responsabilidad de Segoviano, y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo, se dictarían en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas. La realidad ha terminado siendo peor de lo estimado.
De hecho, ante la «situación crítica» en la que ya por entonces se encontraban «las Salas IV, con 5 vacantes en una plantilla de 13; y III, con 10 vacantes en una plantilla de 33» el Supremo reclamó en su acuerdo «la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, 8 para la Sala III y 7 para la IV, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados». Una situación que, lejos de mejorar, y como contaba hace unas semanas El Debate, sólo ha ido a menos.
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