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05 de mayo de 2024

Los presos independentistas saludan a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners

Los indultados independentistas del procés en el centro Penitenciario de LledonersEFE

Sánchez reduce la concesión de indultos en un 78 % tras beneficiar a los líderes del 'procés'

En 2023 el Ejecutivo solo ha otorgado 11 indultos, 39 menos que en el año 2021

En 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un total de 50 indultos, entre los que destacaron los 9 a los políticos independentistas condenados por el procés de 2017. Sin embargo, en dos años esta medida de gracia ha descendido un 78 % al cierre de 2023, con tal solo 11.
Así, en el primer trimestre de 2021, el entonces ministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, firmó 41 indultos, casi el doble que en el semestre previo
La llegada de Pilar Llop al Ministerio de Justicia se tradujo en una reducción drástica de los indultos: concedió cinco en el segundo semestre de 2021, dieciséis en todo 2022 y solo once el año pasado.
En este curso, seis de los once, siguiendo la tradición, respondieron a peticiones de diversas cofradías con motivo de la Semana Santa.
En la actualidad se otorgan menos del 1 % de los indultos que se solicitan, pero ninguno de los dos grandes partidos ha propuesto acabar con esta figura decimonónica que sigue regida por una ley de 1870.
Las propuestas para su reforma registradas en los últimos años no han prosperado. Antes de llegar al Gobierno el PSOE impulsó una proposición de ley para excluir a los condenados por corrupción o violencia de género de la posibilidad de un indulto y, en un primer momento, la iniciativa recibió un apoyo unánime en el Congreso.
El PP solicitó dejar fuera también los delitos de rebelión y sedición, por los que estaban procesados entonces los principales líderes independentistas catalanes, y el acuerdo fue imposible.
La reforma quedó finalmente en papel mojado. Varios juristas que comparecieron en el Congreso para analizarla se mostraron contrarios a fijar un listado de delitos excluidos de esa medida de gracia, aunque coincidieron en la necesidad de que el Gobierno los motive de forma amplia y razonada, algo que ahora no ocurre.
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