El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la entrega de la Memoria Anual en el Palacio de la Zarzuela
Reforma legal a la carta
La Asociación de Fiscales alerta: «Limitar los plazos de instrucción favorecerá la impunidad de los delitos graves»
La entidad mayoritaria de la Carrera se ha opuesto a la posible reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno ha ofrecido a Junts para favorecer a Puigdemont
Ante la mera posibilidad de que el Gobierno reforme el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a la carta, para reducir los plazos de la investigación penal como parte de la oferta de beneficios legales que se barajan para obtener el 'sí' de Junts a la ley de amnistía sin enmiendas, la Asociación mayoritaria de Fiscales ha alertado: «Toda regulación que implique una mayor limitación de tales plazos solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo, entre otros muchos».
Así lo han puesto de manifiesto los responsables de la entidad en la reunión mantenida esta misma mañana con el fiscal general del Estado (FGE), a petición del propio Álvaro García Ortiz quien, además, es «perfecto conocedor de la problemática señalada y defensor en su momento de la derogación de dicho precepto».
En la reunión «también hemos tratado de otras cuestiones» apuntan los interlocutores de la AF. Entre ellas, «la modificación del insatisfactorio modelo de productividad que supere las notables diferencias entre fiscales»; mejoras en el campo de la Justicia digital, donde mantienen sus exigencias sobre «la determinación de las aplicaciones informáticas, que deben ser ágiles » y «han de facilitar la labor del fiscal y estar diseñadas por y para quienes deben operar con ellas»; así como la «creación de un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, con autonomía presupuestaria y un plan en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional para asegurar la salud de los fiscales, que atienda al listado propio y la determinación de las enfermedades laborales de los fiscales y que se tome en consideración para la determinación de las plantillas y a efectos de la productividad».
Un nuevo Estatuto para la Fiscalía
Desde la AF han puesto «en evidencia el defectuoso funcionamiento del CEJ tanto en formación continua como inicial, exigiendo que la formación de los fiscales corresponda a los fiscales» y han exigido «que se potencie el conocimiento en materias troncales para los fiscales de acceso y donde se destine el tiempo necesario a la formación de todas las materias, también de las especialidades. Agilización de los trámites para el acceso a los cursos».
También han insistido en la necesidad de superar «el modelo de formación online exigiendo una inmediata mejora de la cuantía aplicada a dietas, notoriamente insuficiente y que se mantiene inalterada desde 2005», para lo que la AF ha venido «ofreciendo distintas opciones».
En cuanto a los «fiscales en expectativa de destino. La Fiscalía General del Estado debe oponerse a esta figura», exigen desde la AD. No en vano, dichas vacantes «se consagran como habituales en las últimas promociones» y, a su juicio, «debe volverse a la asignación de plazas en propiedad».
Y, por último, la Asociación de Fiscales ha instado la creación de un nuevo Estatuto Orgánico para su Ministerio «en que se regule el estatuto del Fiscal General del Estado, se refuerce al Consejo Fiscal como órgano de representación democrática de la Carrera» a la que debe dotarse de «autonomía presupuestaria y de gestión frente al Ministerio Fiscal», a través de «fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos» y un régimen disciplinario "sin intervención del Ministerio de Justicia.
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