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15 de mayo de 2024

Patrullera de la Guardia Civil

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La Fiscalía Antidroga ya trabaja con Defensa para enviar a la Armada a la lucha contra el narcotráfico

La fiscal jefe reconoce falta de medios, materiales y judiciales y pide más competencias

La Fiscalía Antidroga que dirige la fiscal jefe Rosa Ana Morán ya trabaja con el Ministerio de Defensa para que los soldados de la Armada se incorporen a la lucha contra el tráfico de droga cuando así lo requieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, se está trabajando en que colaboren a la hora de asaltar los buques sospechosos de transportar droga. No hay que olvidar que la Armada tiene una de sus principales bases navales en San Fernando, en plena zona del Estrecho.
«El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos», ha defendido la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista a EFE, en la que ha expuesto las propuestas que ha realizado esta misma semana al fiscal general del Estado a raíz del asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz).
Antes de este trágico suceso, desde Antidroga ya se estaba «impulsando que sea más fácil la colaboración con la Armada» y, el pasado 23 de enero, mantuvieron «una reunión con Defensa y con la Armada», según ha desvelado la fiscal jefe.

Problemas con el permiso judicial

Una ayuda que Defensa ha respondido que sí estaría dispuesta a prestar, si bien ha trasladado a Antidroga que para ello sería necesario cambiar un protocolo interno que establece la necesidad de contar con un auto judicial que autorice ese abordaje.
Una salvedad que Morán cuestiona en base a un «memorándum» con Defensa en el que la Fiscalía expone que esa resolución previa no puede existir porque hasta que el Ministerio Público no interpone la correspondiente querella no hay una competencia judicial determinada cuando esos abordajes se realizan en «aguas internacionales».
Respecto a la situación «estresante y complicada» que están sufriendo sus compañeros en Andalucía, la responsable de Antidroga ha asegurado ser «muy consciente» de la falta de medios que transmiten, a través de esos fiscales delegados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un problema que a su juicio es «integral», ya que afecta también, «y en el que debería tomar medidas», el Ministerio de Justicia, principalmente por el colapso de los juzgados en los que recaen esas causas.
Para tratar de paliar esta situación, Morán ha remitido esta misma semana una serie de medidas al fiscal general del Estado.

Más competencias

Entre ellas, recuperar las antiguas competencias del Plan Nacional Sobre Drogas, cuando dependía del Ministerio del Interior y estaba también enfocado a la lucha contra el narcotráfico, y no como ahora, que depende del Ministerio de Sanidad y se centra únicamente en «la demanda», el consumo de drogas, «pero no en la oferta».
Ese antiguo Plan estaba dotado, entre 1993 y 2003, de un órgano de coordinación como era el Consejo Superior de la Lucha Contra el Tráfico de Drogas, «que es lo que yo he pedido ahora al fiscal recuperar» integrado por el ministro del Interior, .
Ese órgano lo integraban el ministro del Interior, el director general de la Policía, el de la Guardia Civil, el Delegado de Hacienda además del responsable de Vigilancia Aduanera y el Fiscal jefe Antidroga.
Y es que entiende que los fiscales y los jueces, sin entrar en la planificación en sí de las concretas operaciones policiales, deben conocer cómo se aborda la lucha contra el narcotráfico, «y a lo mejor también en algún momento podemos dar nuestra opinión».
Otra de sus propuestas, que es la que afecta directamente al Ministerio de Justicia, es replantear la «organización judicial» porque la actual «no funciona contra los delitos a los que nos enfrentamos».
Además de revisar las competencias de la Audiencia Nacional para trasladar a ese tribunal determinadas investigaciones que impliquen a organizaciones criminales, Morán entiende que habría que prescindir en materia de narcotráfico de los juzgados territoriales, que acumulan causas dispares desde divorcios a delitos más graves, y crear juzgados especializados como en su día se hizo con los de violencia de género.
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