El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conversa con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Guerra entre Yolanda Díaz y Grande Marlaska a propósito de la muerte de dos guardias en Barbate
El Ministerio del Interior quiere bloquear la posibilidad de que inspectores de trabajo investiguen lo que ocurrió en el puerto de Barbate
Cuatro días después de que fueran asesinados dos guardias civiles en el puerto de Barbate, Cádiz, Comisiones Obreras presentó una denuncia ante la inspección de trabajo. Según ha explicado un portavoz del sindicato, David Pérez, su denuncia se basó en tres puntos: «En primer lugar queremos saber si la formación de los agentes era la adecuada para la misión que se les encomendó».
Es el primer punto, pero hay más: «Lo segundo que queremos que nos digan es si los medios con los que se dotó a los agentes para enfrentar la misión eran adecuados. En nuestra opinión, a todas luces eran insuficientes». En tercer lugar: «Si la forma en la que murieron conllevaría un aumento en las indemnizaciones para las familias».
Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que los inspectores que dependen de ellos quieren investigar el caso y determinar si el material era el idóneo y si la formación era adecuada y suficiente. Sin embargo, el ministerio de Yolanda Díaz se ha encontrado con el rechazo frontal y total de Grande Marlaska.
En el Ministerio del Interior se niegan en rotundo a que la líder de Sumar se inmiscuya en la muerte de dos guardias civiles y les pueda sacar los colores. De hecho, fuentes de este ministerio aseguran que se ha dado orden de prohibir taxativamente que investiguen o vean un papel los inspectores de trabajo y de la seguridad social.
Tampoco quieren ni oír hablar de que el Ministerio de Trabajo investigue si el material usado para la misión era el adecuado. Solo van a cederles la posibilidad de que en sus pesquisas puedan determinar si los barcos utilizados en Barbate están en condiciones y cumplen las medias de seguridad, pero nada vinculado de forma directa con los hechos.
Tiene toda la pinta de que en este pulso entre Interior y Trabajo, va a ganar Grande Marlaska. Sobre todo después de que el Director General de la Guardia Civil, Leonardo marcos, hiciese unas declaraciones, escandalosas según las familias de los muertos, al diario La Vanguardia.
Según Marcos: «El operativo fue correcto, estuvo correctamente organizado. Se tomó la decisión más adecuada teniendo en cuenta las condiciones de la mar. En aquel momento y en aquella zona había medios suficientes y los medios que se utilizaron, en concreto, en el interior del puerto de Barbate». Con estas palabras tajantes, el Director General de la Guardia Civil da aparentemente por finalizada la inspección laboral y concluye que ellos no tuvieron la culpa.
La madre de Miguel Ángel, uno de los fallecidos, muy molesta por estas inoportunas declaraciones ha querido responderle: «Si tan buen material y tantos medios tenían para salir a por narcolanchas que se hubiese montado él en la lancha esa de plástico que les dieron. Los enviaron a morir a él y a sus compañeros».
Para Leandro Marcos sólo hay un culpable: «El final tan trágico ha sido por la voluntad criminal de unos narcotraficantes. Lo que nadie esperaba era la actitud de atacar o de matar que manifestó una de las seis narcolanchas». Paqui también responde a esto: «Este hombre se entera sólo de las cosas que le interesan. A mí no me ha llamado ni para darme el pésame. Esa lancha estaba esperando a la Guardia Civil. Mi hijo estaba en casa y lo llamaron porque no había nadie, que hubiera ido él».
Lo cierto es que la mujer de uno de los supervivientes aseguró que su marido avisó varias veces del gran riesgo que corrían antes de echar la lancha de plástico al agua. Una información que desmiente al máximo responsable de la Benemérita. Que añade: «Hemos recuperado la presencia y la autoridad del Estado en la zona del Campo de Gibraltar». Paqui se lleva las manos a la cabeza: «¿Ese hombre está senil?», se pregunta en voz alta.
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