Presentación del Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho, en la Universidad San Pablo CEU de Barcelona
Justicia
Más de 5.500 jueces, fiscales y altos cargos se unen en Cataluña contra la amnistía: «El Estado de Derecho no está inerte»
La nueva plataforma de profesionales de la Justicia y funcionarios del Estado está impulsada por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), de la mano de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y se ha presentado hoy en la Universidad CEU Abat Oliva de Barcelona
Los ataques al Estado de Derecho no son un fenómeno nuevo pero con la llegada de la Ley de Amnistía han alcanzado la «sublimación de una tendencia» que lleva «décadas» politizando el Consejo General del Poder Judicial, instrumentalizando las instituciones de control, como el Tribunal Constitucional o incurriendo en nombramientos discrecionales y puertas giratorias… Ante este escenario de crisis institucional, un grupo de ocho asociaciones de juristas, encabezadas por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han puesto en marcha un pacto de más de 5.500 profesionales para defender, en unidad de acción, el Estado de Derecho.
Las asociaciones firmantes, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la Administración Local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho, «comunicamos la creación de un Comité de Coordinación permanente con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de nuestro compromiso en la defensa del Estado social y democrático de Derecho», reza la declaración.
Asociación de Fiscales (AF)
«La reunión que se inicia aquí es un hito en la sociedad civil catalana y española», arrancaba la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus. «Queremos poner de manifiesto a nivel nacional e internacional lo que está sucediendo ahora en España desde distintos puntos de vista, no sólo sobre la amnistía y el lawfare, sino acerca del desprecio a las instituciones, la existencia de las puertas giratorias, la falta de neutralidad de los nombramientos que, como el de Dolores Delgado, ponen en duda la imparcialidad de las designaciones de la Fiscalía General del Estado...», explicaba Dexeus, impulsora de la iniciativa.
Ocho entidades lanzan un manifiesto
Jueces, fiscales, abogados del Estado y juristas se unen en Cataluña «en defensa del Derecho» y contra la amnistía
Todo ello «supone una rebaja de los principios constitucionalmente reconocidos» que «trasladaremos, hasta donde nos alcance, a todas las instancias europeas», confirmaba la presidenta de la AF. El valor añadido es que se hará «por parte de personas que no tenemos adscripción política alguna y que, cada uno, desde su carrera lo único que hace es aplicar la ley con rectitud».
Asociación Profesional de la Magistratura
Por su parte, Pablo Baró, en representación de la APM en Cataluña ha asegurado que con «la referencia expresa de la Ley de Amnistía al lawfare» «se ha cruzado una grandísima línea roja que desliza nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho por una pendiente muy peligrosa». A juicio de Baró, la polémica norma «se ha ido adaptando» progresivamente «a la causa judicial del Tsunami Democratic, transgrediendo el principio de proporcionalidad de las normas y la igualdad de los ciudadanos ante la ley».
Una motivación que «es perversa porque sirve para colocar a los jueces y fiscales como enemigos del Gobierno» y foco de los ataques que magistrados, fiscales y otros juristas han recibido por parte de ciertos miembros de la política, incluso, diputados y ministros del actual Ejecutivo. «Sin independencia del Poder Judicial no puede haber Estado de Derecho, sin Estado de Derecho no puede haber democracia y sin democracia, nuestros derechos y libertades se verán mucho más reducidos», advertía Baró durante su intervención.
Foro Judicial Independiente (FJI)
«Lo que hace más grave el debate que estamos viviendo con el Proyecto de Ley de Amnistía es la polarización y la reducción a un esquema meramente partidista. Se intenta trasladar a la sociedad la idea de que las posturas a favor y en contra de la Ley de Amnistía (y, por abstracción, de los valores del Estado de Derecho), se concentran en torno a dos opciones políticas diferenciadas (PP y PSOE). La plataforma que se lanza hoy ha de asumir el reto de vencer este discurso. El Estado de Derecho no es de izquierdas ni de derechas», arrancaba el representante de la entidad Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros.
«Es curioso que desde distintos sectores se critique a las asociaciones judiciales por participar en debates o iniciativas como ésta, con el argumento de que con ello estamos interviniendo en un debate político, cuando la defensa del Estado de Derecho y de la independencia judicial es algo consustancial a nuestra función», reflexionaba el portavoz de FJI.
En lo esencial, «el problema que se lleva viviendo desde hace décadas en España se resume a que el Poder Ejecutivo (los políticos) se cree con legitimación suficiente para adueñarse del resto de poderes del Estado, sólo por el hecho de haber ganado unas elecciones, o porque la aritmética parlamentaria le es favorable (puesto que a eso se reduce hoy el poder legislativo). Y eso puede ocurrir tanto desde la derecha, como desde la izquierda», advertía
La amnistía establece la creencia errónea de que una mayoría, en un Parlamento democráticamente elegido, lo avala todoPortavoz de Foro Judicial Independiente (FJI)
«La separación de poderes no consiste en un mero reparto de tareas, sino en la existencia de controles y límites entre un poder y otro. Y si no hay separación de poderes, se corre el riesgo de caer en el poder absoluto. Por eso, cuando se debate sobre si una Ley, como la Ley de Amnistía, vulnera o no el principio de separación de poderes, la discusión no puede agotarse con el mero discurso de que los tribunales controlarán finalmente su aplicación, sino que el foco ha de ponerse en si la Ley impedirá o no a los juzgados ejercer su función esencial de control sobre el poder político».
Lo que los ciudadanos han de plantearse, por lo tanto, «es si 176 diputados pueden tener la facultad de privar a juzgados y tribunales sobre el conocimiento, instrucción y enjuiciamiento de determinados hechos, o archivar procedimientos en trámite, incluso cuando afecten a los propios políticos en el ejercicio de su función», subrayaba el portavoz de FJI.
Es decir, «quienes apoyan la Ley de Amnistía están aceptando, implícitamente, que un futuro gobierno del PP podría amnistiar hechos de corrupción que pudiese afectarle, siempre que fuese capaz de justificarlo mediante un supuesto interés general».
«Sin Estado de Derecho no hay democracia, y ello es un principio esencial sobre el que pivota la Unión Europea. La Comisión de Venecia no ha emitido un dictamen definitivo sobre la Ley de Amnistía, sino un mero borrador. Y, más allá de la evidencia de que la amnistía está reconocida y es constitucional en muchos Estados de la UE, la Comisión de Venecia apunta requisitos de toda amnistía que este Proyecto claramente no cumple: no se está debatiendo como proyecto de ley con intervención de todos los organismos de consulta o control, no hay consenso social, supone en la práctica una autoamnistía que exoneraría a políticos…», recordaba García Ceniceros.
Que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, o una cuestión prejudicial ante el TJUE, no supone cuestionar el Estado de Derecho, sino protegerloRepresentante de Foro Judicial Independiente
Y es que si bien, según sus impulsores, «la Ley de Amnistía tiene por objeto superar el conflicto derivado del proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, incurre exactamente en el mismo vicio que en su momento era predicable de los políticos independentistas: creer que una mayoría en un parlamento democráticamente elegido lo avala todo. Es llamativo el paralelismo entre los argumentos que en su día utilizaron los políticos independentistas para sostener la legitimidad de lo hecho en su momento, con los que hoy esgrimen muchos políticos para justificar la Ley de Amnistía».
«Estamos convencidos de que el Estado de Derecho no está en quiebra, porque desde el propio Estado de Derecho existen mecanismos y resortes para superar esta situación. El hecho de que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, o una cuestión prejudicial ante el TJUE, no supone cuestionar el Estado de Derecho, sino protegerlo», reivindicaban desde Foro Judicial Independiente.
Altos cargos del Estado
Por su parte, los Inspectores de Hacienda, Letrados de la Seguridad Social y funcionarios de otras categorías y entidades locales han denunciado que, con este tipo de maniobras, se pretenda modificar la «función pública en España por una distinta» basada en «procesos de selección donde va a primar la subjetividad». Desde el 2020, y apoyados en una serie de reformas iniciadas desde el Ministerio de la Función Pública bajo la excusa de «modernizar la Administración», «estamos asistiendo a un intento de colonización de las Administraciones» que de consumarse, «en el caso de la Agencia Tributaria», «afectará gravemente a los estándares de fiscalización» de los recursos públicos de todos los ciudadanos.
Desde la Inspección de Trabajo han resaltado, además, la importancia del «respeto a la Constitución» en el quehacer diario «de nuestras obligaciones», así como «el cumplimiento del principio de igualdad de todos los españoles» que se está viendo cuestionado y vulnerado con una Ley de Amnistía que prepara el borrado «de sentencias judiciales firmes dictadas por los tribunales».
La Asociación de Letrados de la Seguridad Social, se adhería de manera «inquebrantable» a todas las iniciativas que, «como ésta que hoy nos reúne», «apuesten por defender el Estado de Derecho». La «importancia de este manifiesto» para quienes «pertenecemos a cuerpos superiores de funcionarios del Estado« viene dada desde la imposibilidad de »asumir una dulcificación del lenguaje que compromete, gravemente, la continuidad del sistema constitucional vigente".
«Nuestra cualificación técnica nos legitima para hablar con autoridad», y denunciar las amenazas, remarcaba la portavoz de la entidad. Entre las cuales, se oponía a cualquier «transferencia de las funciones propias de la Seguridad Social a las comunidades autónomas».
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