El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en una foto de archivo
El choque sin precedentes entre el Congreso y el Senado no paraliza la tramitación de la amnistía
Desde el pasado mes de noviembre Vox llevaba reclamando al PP que paralizara la ley de amnistía en el Senado –donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta– para que la medida de gracia no saliera adelante. El argumento que esgrimía la formación liderada por Santiago Abascal es que la proposición de ley no se podía admitir a trámite por ser «claramente inconstitucional»; para después plantear «un conflicto de competencias constitucionales» entre la Cámara Alta y el Congreso.
«Incluso la Mesa del Senado podría someter su decisión de inadmitir el texto por defectos de forma y fondo que la hacen inconstitucional, a la ratificación en votación del Pleno, donde los senadores de Vox se sumarían a una amplia mayoría que rechazase tramitar la proposición de ley», señalaba el partido en un comunicado del pasado 14 de marzo.
Así las cosas, el PP contestó a Vox en varias ocasiones que iban a «combatir la ley desde la ley, y nunca fuera de esta», y en consecuencia aseguraban que no podían inadmitir la norma en el Senado. «Es mentira. Aquellos que nos digan 'podéis pararlo', pues no, no se puede. Somos demócratas y queremos combatir la ley de amnistía con la ley y el Estado de derecho», declaró Alfonso Serrano, senador y secretario general del PP de Madrid.
En esta línea, el dictamen de los letrados del Senado que se dio a conocer el pasado lunes 18 de marzo indica que tanto el artículo 90 de la Carta Magna como el 104 del Reglamento del Senado, «obligan inexorablemente y de forma inmediata» a la Mesa de la Cámara a tramitar la amnistía.
Sin embargo, estos juristas abrieron la puerta a que se planteara un conflicto entre órganos constitucionales; regulado en los artículos 59 y 73 de la ley del Tribunal Constitucional: «Inmediatamente, tras la entrada de la iniciativa en el Senado, se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso de los Diputados». Precisamente este mecanismo es el que va a usar el Grupo Parlamentario Popular en un Pleno de la Cámara de después de Semana Santa, tal y como anunció su portavoz Alicia García.
Además, los letrados subrayan que «la fundamentación del conflicto se basaría en el fraude constitucional», ya que «el Congreso de los Diputados, al tramitar la Proposición de Ley de Amnistía por el procedimiento legislativo ordinario» está «menoscabando» el papel que debería jugar la Cámara Alta a la hora de tramitar «reformas constitucionales»; tal y como podría llegar a hacer la ley de amnistía.
La paralización de la norma
Por su parte, el dictamen expresa que «en la regulación del conflicto entre órganos constitucionales no se hace mención expresa a que su interposición tenga efecto suspensivo alguno ni a la posibilidad de solicitar medidas cautelares con ocasión de su presentación». Por ende, a pesar de la medida que va a utilizar el PP, la amnistía seguirá el cauce parlamentario ordinario; y, en consecuencia, la Cámara Alta tiene un plazo de dos meses para vetar –o en su caso poco probable aprobar– la ley de amnistía.
Vista general del hemiciclo del Senado
No obstante, señalan un matiz importante: «A pesar de que la LOTC (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) no lo prevé, se podría solicitar al Tribunal Constitucional la medida cautelar por si, excepcionalmente, la admite ponderando las circunstancias urgentes y extraordinarias que concurren, que determinan, de no adoptarse la misma, un perjuicio irreparable para las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta».
De hecho, este detalle ha sido percibido por Vox, y fuentes del partido han comunicado que «el informe de los letrados del Senado reconocía que sí sería posible al Senado solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la tramitación de la Ley de Amnistía como medida cautelar en el ámbito del conflicto institucional. Sin embargo, no vamos a darle a Conde-Pumpido, que tiene al TC sometido a la voluntad del PSOE, la posibilidad de dar luz verde en pocos días a la tramitación de la ley afirmando que es constitucional».
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